Frenos y continuidades

No es la primera vez que ello ocurre en la actual “administración Vázquez”. Es seguro que no será la última. No lo será porque lo que el oficialismo tiene planteado desde que llegó al gobierno hace once años es una lucha por imponer determinados rumbos y por el ejercicio del poder. Una lucha inacabada, en la que los grupos con mayor capacidad de militancia insisten una y mil veces para imponerle al gobierno sus criterios o para frenar iniciativas que cuestionan.

Fracasada la Ronda de Doha y con pocas expectativas de concretar un acuerdo Mercosur-Unión Europea, las diferencias en el oficialismo sobre qué hacer ante la dinámica de nuevos acuerdos de libre comercio entre países y regiones no son un hecho nuevo.

A solo unos meses de haber asumido la dirección del Frente Amplio le impuso al presidente Vázquez el retiro de las negociaciones del TISA (acuerdo para la liberalización del comercio de servicios) a las que Uruguay había ingresado durante el gobierno de Mujica.

Hace una década, Vázquez desistió de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, ante la oposición que la idea despertó entre varios de sus ministros y asesores.

Se trata de antecedentes que expresan dos visiones diferentes sobre cómo encarar la política comercial del país, concepciones que se proyectan sobre muchas otras cuestiones relevantes.

Si el estancamiento del proceso de integración regional pudo ser obviado durante la década de bonanza económica —fuerte demanda y buenos precios canalizaron la producción hacia otros mercados—, hoy, ante los necesarios ajustes que llevan a cabo Argentina y Brasil, insistir en proclamar “Más y mejor Mercosur” supone una consigna ideológica, vacía de contenido.

Para muchos dirigentes frentistas la afirmación tiene el valor de un dogma. Creen posible que los socios mayores del bloque bajen aranceles y reduzcan listados de productos y actividades “sensibles” que se excluyen de la competencia. Creen además, que los intereses del país serán defendidos mejor a través de una negociación conjunta de todo el Mercosur.

El presidente Vázquez y su ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin, y de Economía, Danilo Astori, estiman, como buena parte de la oposición y del empresariado, que en las actuales circunstancias —viviendo Brasil una profunda crisis política y económica y Argentina tratando de reordenar y recuperar la maltrecha economía que dejó el “kirchnerismo”— es irreal esperar cambios rápidos en el Mercosur, por lo que aspiran a ser autorizados a negociar acuerdos de libre comercio con terceros países como el que rige con México desde 2004.

El presidente y sus dos ministros aprecian los avances en la integración de las economía de los países de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México y Perú) y siguen con preocupación los acuerdos de libre comercio firmados por China con competidores directos como Nueva Zelanda y Australia. Temen los perjuicios que puede sufrir el país por “atarse” a un Mercosur bloqueado y por marginarse de las nuevas corrientes comerciales que están configurándose en el mundo.

Desde su visión, dar la espalda a estos procesos o incorporarse tardíamente, implica perder oportunidades de crecimiento, nuevas inversiones que se pagan en puestos de trabajo.

Pero como ocurriera el año pasado con el TISA, el empeño en lograr una flexibilización de las normas del Mercosur, despertó una fuerte oposición interna. Cinco grupos (MPP, PCU, Confluencia Frenteamplista, Casa Grande y PVP, que en la elección de octubre de 2014 sumaron  60% de los votos del Frente Amplio, con amplia capacidad de influencia sobre las más activas organizaciones sociales) presentaron la semana pasada en la Agrupación de Gobierno del FA un documento en el que sostienen que el planteo de flexibilizar las normas del Mercosur para encarar negociaciones comerciales “en solitario” va “contra la política de integración postulada (…) históricamente” por la coalición y “la vocación mercosuriana y regionalista expresada en el programa del Frente Amplio”. Y, horror, advirtieron que es similar a una propuesta del candidato presidencial del Partido Nacional Luis Lacalle Pou.

Quienes se oponen al planteo del gobierno no son los únicos que invocan “el programa”. El canciller ha insistido que siempre lo lleva consigo y lo consulta. Para fundamentar el planteo, Nin acudió a la lectura textual de lo que expresa el programa aprobado por el Congreso del FA a fines de 2013.

Las diferencias de enfoque planteadas en torno a la estrategia a seguir en materia de inserción internacional, se manifiestan también en muchos otros temas. El movimiento sindical, que opera como polea de transmisión del PCU y de otros sectores frentistas, si bien no cuestiona la prioridad dada por el gobierno a defender el grado inversor, advierte que de esa decisión determina el carácter “inmodificable” de las pautas de la negociación salarial que a juicio de los sindicatos producirán una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

A estos cuestionamientos se suman reclamos públicos de control de precios, aumento de impuestos, recorte de exenciones impositivas a determinadas inversiones.

Rascan el fondo de la lata para poder seguir distribuyendo recursos sin siquiera considerar las consecuencias futuras. Porque creen que todo lo que hagan siempre será poco.

En la educación el freno que los sindicatos le impusieron a los compromisos reformistas de campaña de Vázqiuez están a la vista y nada indica que vaya a producirse una reacción que restablezca un principio de autoridad básico.

De modo que continuaremos durante los próximos cuatro años en medio de continuos tironeos y pulseadas. Solo cabe esperar más de lo mismo. Es seguro pues, que nadie tensará demasiado la cuerda por temor a que se rompa. La cooperativa electoral está, al menos por ahora, asegurada.