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En marzo de 2018 la oposición tuvo una inesperada victoria en el Parlamento. Todos los partidos opositores y el diputado oficialista Darío Pérez aprobaron un proyecto de ley para proveer viviendas para los sectores pobres. Sin embargo, un año y medio después, los senadores del Frente Amplio modificaron todo el texto y aprobaron una nueva iniciativa que crea el Instituto de Reforma Urbana y Hábitat, en el que funcionarán el Plan Juntos y el programa que atiende a los asentamientos.
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Eduardo Rubio, diputado de Unidad Popular e impulsor del proyecto original, no ocultó su malestar por el cambio que impuso el Frente Amplio en la Cámara Alta. “Quieren contrabandear su proyecto a través del nuestro”, dijo a Búsqueda.
El senador del Frente Amplio Charles Carrera dijo que el oficialismo se propone duplicar el presupuesto del Ministerio de Vivienda (que hoy equivale al 0,57% del PBI) en un eventual próximo gobierno. “La vivienda es una de nuestras prioridades y debemos tomar acciones que no hicimos hasta ahora”, afirmó el legislador, que defendió la versión final de la iniciativa aprobada.
El proyecto original de Rubio declaraba de interés nacional la implementación de un Plan Nacional de Vivienda Popular. Preveía que las viviendas fueran construidas por la Agencia Nacional de Vivienda, quien podría licitar la construcción a empresas que emplearían mano de obra y materiales “preferentemente nacionales”. Asimismo, declaraba de “utilidad pública” las expropiaciones de inmuebles para la ejecución del plan. Las viviendas se construirían en tierras “improductivas e inutilizadas de cualquier organismo público que sean aptas para el desarrollo del plan”.
Los beneficiarios del plan, según la propuesta, serían personas o núcleos familiares cuyos ingresos nominales no superen las 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones ($ 83.080 al valor actual). El proyecto de ley priorizaba a las familias con una jefatura de hogar monoparental o integradas por personas discapacitadas, niños, adolescentes, adultos mayores o personas con enfermedades raras o crónicas a cargo. Los beneficiarios deberían pagar, desde el momento de la ocupación, el equivalente al 10% de los ingresos mensuales del núcleo familiar hasta amortizar el valor de la vivienda o hasta cumplir un plazo máximo de 25 años.
El proyecto ya contaba con la aprobación de Diputados, pero cuando llegó al Senado fue cambiado, al punto que solo mantuvo el título: Plan Nacional de Vivienda Popular. Primero crea el Instituto de Reforma Urbana y Hábitat (IRUH), que pasará a ejecutar el Plan Juntos —una iniciativa impulsada por José Mujica siendo presidente para construir casas para las personas en extrema pobreza—, el Programa de Mejoramiento de Barrios y el Plan Nacional de Relocalización, ambos vinculados a los asentamientos.
Entre los cometidos del organismo figuran la “construcción de viviendas para poblaciones vulnerables en las zonas urbanas”, “velar por las condiciones integrales de vida de los usuarios del sistema”, “administrar, adquirir, urbanizar, fraccionar y vender inmuebles”, y regularizar y relocalizar asentamientos urbanos.
Carrera dijo que con este proyecto no se crea más burocracia sino que se da un “reordenamiento administrativo” que busca hacer “más eficiente” el sistema.
El legislador explicó que la norma votada en Diputados carecía de “financiación” y varios artículos repiten textos que se “encuentran vigentes”. “No aportaban elementos nuevos a nuestra legislación, ni a la política nacional de vivienda y hábitat, y realizaba modificaciones peligrosas”, sostuvo.
En el proyecto también se establecen medidas para que el Ministerio de Vivienda acceda a inmuebles heredados que terminan en el Estado y a las fincas en desuso en manos de la Administración.
Carrera destacó que en la iniciativa tuvieron en cuenta aportes del colorado Pedro Bordaberry y del blanco José Carlos Cardoso.
Los dos representantes colorados en sala, Germán Coutinho y Cecilia Eguiluz, y el blanco Cardoso, fueron los únicos de la oposición que acompañaron ayer miércoles 14 la iniciativa presentada por el Frente Amplio.
El diputado Jorge Gandini, que el miércoles ingresó al Senado como suplente, dijo que quería votar el proyecto original elaborado por Rubio porque es una iniciativa que tiene “un amplio respaldo popular”. Jorge Saravia, en tanto, dijo que el Frente Amplio no quiso votar el proyecto de Rubio “porque es de la izquierda de verdad”, lo que generó la risa de varios legisladores del oficialismo. Saravia dijo que el proyecto original “se enfoca en el problema que el gobierno no ha sabido resolver”. “Esto es otra parafernalia burocrática para frenar el acceso del pueblo a la vivienda; y nosotros estamos del lado del pueblo, no de las corporaciones internacionales”, aseguró.
La aprobación de la nueva versión del proyecto molestó al diputado Rubio. “Lo que propone es la creación de un nuevo organismo, y acá lo que sobran son organismos: el Ministerio, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario. Lo que falta son viviendas”.
“Pretenden juntar al Plan Juntos, que fue un fracaso de Mujica, y el plan de mejoramiento de barrios. Atrás de esto hay una política que más que promover la inversión pública, llama a los privados a invertir. Se plantea que se dirige a las poblaciones vulnerables, pero ¿cuáles son?, ¿a partir de qué ingreso?”. Rubio dijo que no votará este proyecto porque no tiene chance de discutirlo o realizar cambios.
El diputado Pérez comentó a Búsqueda que no había visto el proyecto, y que cuando entre a la Cámara Baja verá qué hace. Aclaró, de todas formas, que cuando apoyó la iniciativa de Rubio lo hizo para que fuera “un revulsivo” y generara una discusión sobre la necesidad de atender el tema de la vivienda. Pero añadió que, a su juicio, si se mantiene el mismo sistema tradicional de construcción —en vez de ir hacia nuevos métodos más rápidos y económicos—, no se logrará terminar con el déficit de vivienda y los problemas de acceso que tiene la población.
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