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El tema Salto Grande no se quedará en la interpelación a los ministros Francisco Bustillo y Azucena Arbeleche, de Relaciones Exteriores y de Economía, respectivamente, el 3 de octubre. Dos legisladores del Frente Amplio, el senador José Carlos Mahía y la diputada Cecilia Bottino, realizaron sendos pedidos de informes referidos a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el otro organismo binacional que no cuenta con presencia de la oposición.
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Como calcado a lo ocurrido en la Comisión Técnica Mixta (CTM) Salto Grande, estos pedidos giran en torno a incorporación de personal con el nuevo gobierno, cuántos entraron por contratación directa o por concurso, remuneración y lugar de tareas, número de asesores hoy y los que había hasta 2019, así como lo que perciben por el cobro de peajes.
“Cuando saltó lo de Salto Grande a nosotros nos llegó la información de que en la CARU está pasando lo mismo”, dijo Bottino a Búsqueda. Según esta legisladora, lo que en Salto pasó con la Lista 404, en la CARU ocurriría con Alianza Nacional, sector al que pertenece Mario Ayala, presidente de esta comisión con asiento principal en Paysandú pero que también atiende el puente binacional en Fray Bentos.
Y como en Salto, la información que maneja el Frente Amplio involucra a ediles, familiares y allegados a dirigentes nacionalistas locales, así como “cambios en las condiciones de concursos internos”. Bottino también habla de “denuncias de funcionarios perseguidos”, por lo que incluyó en su pedido de informes preguntas sobre denuncias y situaciones de acoso laboral.
“Esto nos vino ahora. Lo de la CTM saltó por el aporte de 200 millones extra del Ministerio de Economía. Acá no es tanto la ayuda económica que precisan porque cuando necesitan recursos aumentan los peajes. Y en este momento no precisan auxilio porque están recaudando muy bien”, concluyó Bottino.