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Frente Amplio pide que la Jutep investigue al intendente de Treinta y Tres por presuntas irregularidades en la cancelación de deudas
Una auditoría interna dice que varios funcionarios perdonaron deudas sin motivo aparente, aunque alegaron que fue por orden del entonces secretario general y hoy jefe comunal
imagen de Frente Amplio pide que la Jutep investigue al intendente de Treinta y Tres por presuntas irregularidades en la cancelación de deudas
Los ediles del Frente Amplio de Treinta y Tres buscaron por todos los caminos que La Junta Departamental investigue actos de apariencia ilícita en el cobro de los tributos municipales. El procesamiento en la Justicia de tres funcionarias por perdonar deudas a decenas de contribuyentes los alertó de que podrían ser más los implicados y solicitaron que se instale una comisión investigadora en la Junta, pero el pedido no prosperó por la negativa del oficialista Partido Nacional.
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Una auditoría interna, a la que accedió Búsqueda, indica que parte de la maniobra, según las funcionarias procesadas, era a pedido de autoridades superiores. En algunos casos fue mencionado el actual intendente interino, Ramón da Silva, que al momento de las operaciones ocupaba el cargo de secretario general de la comuna.
El Frente Amplio pidió a la Junta Departamental que presente el tema ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) para que evalúe la actitud del jefe comunal y analice si se apartó de las normas de la buena administración pública. Si el legislativo municipal se niega, como lo hizo con la investigadora, lo pedirán como partido político.
Nuevos focos.
En 2016 la Intendencia de Treinta y Tres resolvió hacer una investigación administrativa en la Dirección de Tributos para indagar el alcance de la maniobra que la Justicia de Crimen Organizado había constatado poco antes. Uno a uno declararon, entre octubre y noviembre del año pasado, todos los funcionarios de esa dependencia. En su mayoría manifestaron sorpresa y agregaron que estaban en total desconocimiento de lo que hacían las tres funcionarias procesadas. Ellas eran las únicas que tenían acceso como parte de la Mesa de Ayuda para editar las deudas de los contribuyentes.
Cuando alguien renegociaba una deuda, las funcionarias debían acreditar el cambio en el sistema y poner los nuevos montos que debían pagarse. Las funcionarias arreglaban eliminar las deudas a cambio de dinero, según consta en sus declaraciones. Así quitaron deudas del sistema que superan los cientos de miles de pesos.
Una de las tres involucradas declaró el 4 de noviembre del 2016, ante la Secretaría Jurídica, que “sacar multas y recargos era algo normal cuando un contribuyente quería arreglar” porque así la intendencia podía “recaudar más, ya que eran pagos contado”. Aseguró que “la mayoría de las veces, esas quitas provenían de mandatos verbales de superiores”.
La Justicia penal solicitó a la Intendencia que presente la auditoría realizada en la Oficina de Tributos por el Tribunal de Cuentas de la República por “presuntos ilícitos”. El 3 de febrero se culminó con la auditoría que confirmó las irregularidades y agregó, según los ediles frenteamplistas, nuevos focos donde los controles de la intendencia fallaron.
La auditoría, a la que accedió Búsqueda, analizó cinco semanas de funcionamiento del Sistema de Geotributos, la herramienta informática que utilizaron las tres funcionarias para delinquir. Los auditores concluyeron en su análisis que la baja manual de las deudas que se usó es un mecanismo que “no debería de ser utilizado”. Entre julio de 2015 y setiembre de 2016 hubo 745 convenios dados de baja por esta vía.
En el proceso de auditoría se revisaron exoneraciones de multas y recargos en el pago de contribución urbana y rural. En ambos casos, había menciones a órdenes de superiores, pero el auditor no pudo conocer el motivo porque no existe documentación que las certifique.
Otros 37 convenios analizados y cuestionados corresponden a contribuyentes que solo pagaron parte de sus deudas. En algunos casos, se dieron de baja convenios que habían sido refinanciados en varias ocasiones o en los que el deudor había pagado una ínfima parte. La auditoría encontró además que se perdonaron deudas fuera de los plazos y otras que involucran directamente al intendente interino.
Una de las funcionarias procesadas incluyó en un expediente que la decisión se tomó “por orden del secretario” y en otro por “autorización del secretario general”, cargo que ocupaba en ese momento el hoy intendente interino Ramón da Silva. En ninguno de esos casos apareció la documentación que debía respaldar la orden. En otro caso cuestionado por la auditoría, se aplicó una exoneración con la descripción “dec 25/95 orden secretario”. También se pidió información que la justifique y no fue entregada.
En el expediente de un convenio realizado por un usuario para la prescripción de una deuda, la funcionaria escribió en la descripción: “Multas Aut (autorización) Ramón da Silva”.
Asimismo, se constató que hubo 13 convenios que fueron dados de alta y baja en el mismo día. Sumados acumulan deudas de $ 221.724, de los cuales la intendencia no cobró un peso.
Por otra parte, la auditoría indagó sobre la enajenación de semovientes, que implica todas las operaciones económicas vinculadas al ganado. Se constataron 2.167 casos de transacciones entre productores con cambio de propiedad, que deberían haber aportado el 1% de la venta como tributo a la intendencia. Sin embargo, no figuran en las cuentas de la comuna y el valor asciende a más de $ 6 millones.
