Frente Amplio rechaza al colorado Osta para el Tribunal de Cuentas y la renovación de los organismos de contralor sigue estancada

Los cabildantes buscan el ingreso de la abogada Sandra Chá como ministra, en sustitución del colorado Juan Máspoli. El cambio ya ha sido acordado en el seno de la coalición pero todavía hay discrepancias en cómo ejecutarlo. El Partido liderado por el senador Guido Manini Ríos quiere que se vote únicamente la renovación de los miembros políticos (lo que implica la salida de Máspoli y la nacionalista Ana Lía Piñeyrúa, y su sustitución por Chá y por el blanco Darío Castiglioni) por mayoría simple, en función de una interpretación del artículo 324 de la Constitución.

“Nosotros le avisamos a [Gustavo] Penadés que no lo podíamos llevar. Cuando lo propusieron a AFE lo votamos, pero después él se dedicó a armar lío allí y ahora, para solucionar el tema de AFE, lo sacan y lo quieren meter en el Tribunal de Cuentas”, cuestionó la senadora Lucía Topolansky, quien se encarga de estas negociaciones en el Frente Amplio.

A juicio de Topolansky, el Tribunal de Cuentas, como organismo de contralor, es “importantísimo” y “requiere un marco de armonía entre los miembros”. La senadora cuestionó que el gobierno suela designar a jerarcas que destituyó en otras oficinas, como lo hizo recientemente con el exdirector del Instituto de Bienestar Animal, Gastón Cossia, que pasará a monitorear las políticas de tenencia responsable en Presidencia, o la exvicepresidenta del Inisa, Sandra Etcheverry, ahora secretaria de Derechos Humanos. “Si quieren que pongan un colorado, pero no a ese”, expresó.

Además, el Frente Amplio también choca con los colorados en la suplencia del presidente José Arocena. La oposición quiere que se designe como primer suplente al ministro Wilfredo Penco, designado por el Frente Amplio, bajo el argumento de que fue el partido más votado en las elecciones. Pero los colorados sostienen que ese lugar les corresponde, y fundamentan el reclamo en que perderán uno de los dos ministros que actualmente tienen con la salida de Máspoli.

Negociaciones truncas

Sin contar las negociaciones por la participación de la minoría en entes autónomos, servicios descentralizados y otros organismos públicos, a casi dos años de gestión del actual gobierno el diálogo entre oficialismo y oposición para la designación de miembros de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los organismos de contralor y el fiscal de Corte ha visto humo blanco en contadísimas ocasiones.

La designación en diciembre de 2020 del ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, sí fue negociada, pero basada en una lista de prelación organizada en función de la antigüedad de los ministros de los tribunales de apelaciones, ante la falta de acuerdos políticos. Lo mismo ocurrió con Nilza Salvo, cuyo pasaje al Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue acordado en esa negociación con similar criterio. Luego, en junio de este año, asumió Luis María Simón allí, también por antigüedad.

Con excepciones, en los últimos años la renovación de los organismos de contralor no ha sido una tarea espinosa. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez fracasaron las negociaciones, no solo en la integración de los organismos de contralor sino también en la representación de minorías en entes, servicios descentralizados y otros organismos públicos. Esta situación fue revertida durante el gobierno de José Mujica. Ya en su primer año de gestión se renovaron los organismos de contralor en base a la figura de un presidente “neutral” e igualdad de miembros tanto del oficialismo como de la oposición. La misma fórmula fue aplicada durante el inicio del segundo mandato de Vázquez, aunque la renovación se atrasó por más de dos años en esa oportunidad y recién pudo concretarse en octubre de 2017.