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Durante la ocupación sindical a la empresa Friopan en mayo de 2019, uno de los ocupantes declaró ante el fiscal penal Carlos Negro: “Yo tuve la orden de que se pudra todo y el sindicato dispuso que se cerraran las puertas de la planta”. Y tal acción fue todo un éxito: en tan solo cuatro días, el sindicato le ocasionó pérdidas a la empresa por unos US$ 20.000 en mercadería y mal cuidado de las máquinas.
Lo interesante es analizar las causas de tal ocupación: “La ocupación se desató por un rumor entre los trabajadores de que la empresa iba a impulsar una reestructura que generaría despidos. También se mencionó como motivo de la movilización la adquisición por parte de la empresa de una máquina que haría el trabajo de 10 obreros”, según cita El País analizando el expediente judicial.
Pero esto no es nuevo para los uruguayos. A fines de 1953, durante el gobierno de Luis Batlle Berres y para poner fin a un conflicto sindical provocado por unos despidos en una empresa textil que había comprado maquinaria nueva que sustituiría mano de obra, se prohibió la importación de maquinaria sin la previa autorización del Consejo de Gobierno con el objetivo de “mantener las fuentes de trabajo”. Gracias a estas políticas “proteccionistas” hoy no queda industria textil en Uruguay.
El daño que provocan estas ideas socialistas-estatistas-progresistas de evitar el avance tecnológico y la mayor productividad porque amenazan puestos de trabajo es mucho más grave que las pérdidas materiales que ocasiona cualquier paro y, además, están equivocadas.
Durante décadas se culpó a la revolución industrial en Inglaterra, allá por los años 1800, que el régimen de libre mercado llevaba a la explotación de los obreros en las fábricas y que la tecnología (por ejemplo los telares) dejaban sin trabajo a miles de artesanos. Lo que no dicen es que gracias a ese aumento enorme de la productividad los abrigos se abarataron y millones de personas (que antes pasaban frío) ahora podrían abrigarse mejor. Y si bien es cierto que las condiciones laborales eran espantosas (a nuestros actuales ojos del año 2021), piensen que la opción a las fábricas era vivir como campesinos, en peores condiciones aún.
Pero lo mejor de todo esto es que en muy pocos años todos esos trabajadores mejoraron notablemente sus condiciones de vida, como no las habían tenido durante siglos bajo regímenes estatistas (monárquicos), donde estaba todo controlado por el rey, hoy suplantado por el rey Estado.
Ni el sindicato ni los sindicalistas quieren hacerse cargo de los daños causados a la propiedad privada de los dueños de la empresa Friopan porque sencillamente no creen en la propiedad privada. El fiscal Negro le pregunta a un ocupante qué hubiera hecho él con la mercadería que se terminó pudriendo y respondió: “Si ya estaba cocinada, trataría de repartirla entre nosotros para que no se echara a perder. O terminaría el ciclo (de producción) y repartirla”. Y el fiscal le pregunta: “Pero si esa mercadería no es suya, ¿cómo la va a repartir?”.
Mientras los empresarios son responsables civil y penalmente por sus acciones laborales, los sindicalistas parecen no serlo ni por unas ni por otras. Una ecuación que la ley y la Justicia deberán corregir a la brevedad.
