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El proyecto de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de los militares impulsado por el gobierno no generará ahorros financieros relevantes para el Estado durante “varios años”. Sin embargo, el “efecto en la moral de los integrantes de la fuerza será inmediato, con consecuencias en su futura operatividad de difícil evaluación, pero que a la luz de las reacciones constatadas desde que comenzaron las negociaciones (…) se presumen graves”, advirtieron por escrito las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo.
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“A su vez, es probable que se desate una campaña de divisionismo y enfrentamiento, alentada desde diversos actores del escenario político y social, afectando principalmente a quienes están al frente de la institución y a las actuales autoridades de gobierno”, añadieron en un documento —al que accedió Búsqueda— entregado a altas jerarquías del Poder Ejecutivo.
El proyecto de reestructura de la llamada “caja militar” está prácticamente listo para ser remitido al Parlamento. Con esta ley el gobierno se propone abatir la asistencia desde Rentas Generales —unos U$S 400 millones en 2016—, lo que colaborará en una reducción del déficit en las cuentas públicas.
El miércoles 24, el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, el prosecretario, Juan Andrés Roballo, y el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, expusieron ante el Secretariado del Frente Amplio los lineamientos de la reforma. Los jerarcas del Ejecutivo explicaron que será un “proyecto integral” que introducirá “cambios importantes”, según relató a Búsqueda un asistente a la reunión. “Jubilaciones de $ 200.000 no existirán más”, añadieron, según la fuente.
“Cerrar filas”.
Las Fuerzas Armadas tienen unos 22.230 efectivos, y a su sistema especial de jubilaciones y pensiones están vinculados también los 3.684 funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional. La relación entre la cantidad de aportantes y los pasivos (más de 50.000 actualmente) cayó de 1,17 en 1988 a 0,53 en 2016.
En el documento las Fuerzas Armadas señalaron que los militares cobran remuneraciones que son “de las más bajas” de la administración pública, aunque cumplen tareas similares como, por ejemplo, los policías: $ 15.500 líquidos en el caso de un soldado, sin pagos extraordinarios por nocturnidad, horas extras o salario vacacional; $ 42.500 un capitán que debe comandar a 100 efectivos; $ 74.000 el director del Hospital Militar —el segundo más grande del país después del Clínicas—, y $ 98.000 el comandante en jefe del Ejército, con 15.000 efectivos a cargo. Dada esa realidad, agregaron, el “principal incentivo económico” para los militares es el retiro en condiciones diferentes a los demás trabajadores. Es una “suerte de pago diferido por los servicios que son mal pagados en la actividad”, plantearon las Fuerzas Armadas.
Apuntaron que dado que el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas “no es una Caja con posibilidades de manejar sus fondos o realizar inversiones”, no puede responsabilizarse a los militares por su déficit actual, que además resulta “inevitable cuando la relación activo-pasivo ha sido llevada (por decisiones políticas) a 0,5”.
En el texto remitido a la cúpula del Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas —cuyos representantes han mantenido varias reuniones con los Ministerios de Economía y Trabajo— reconocieron su acuerdo con algunos aspectos del proyecto de reforma (aumento de la edad de retiro obligatorio y del mínimo de años para acceder al retiro voluntario; adecuación de las pensiones al régimen general; establecimiento de un tope de la retribución a pagar; supresión del grado inmediato anterior, etc.) y el disenso respecto a otros puntos. Por ejemplo, cuestionan que la reestructura afecte a aquellos que tengan menos de 20 años de servicio, objetan la tasa de reemplazo para los retiros obligatorios y se oponen al cambio de las bonificaciones para los retiros voluntarios una vez alcanzados los 25 años de servicio.
Mientras tanto, el martes 23, en el acto por el 114º aniversario del Centro Militar, su presidente, el coronel Carlos Silva Valiente, llamó a “cerrar filas en bien de la defensa de la familia militar”. Y frente a los anuncios reformistas, agregó: “Hay que esclarecer y explicar; demostrar que las leyes que tenemos son buenas leyes que reflejan una realidad institucional que es la común a todos los Estados y que no se pueden violentar esas leyes sin producir males irremediables a la propia calidad institucional del Estado, y a los integrantes actuales y futuros de las Fuerzas Armadas”.