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Las Fuerzas Armadas uruguayas se jactan de su aporte cada vez que una zona del país sufre un fenómeno climático complicado, sean inundaciones o tornados, que dejan a parte de la población en situación vulnerable. Pero además, los militares intentan abrirse espacio en otras actividades no tradicionales como forma de mostrar su utilidad y, además, generar ingresos frescos. Y muchas veces no tienen éxito.
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En los últimos meses, las Fuerzas Armadas formularon al menos tres propuestas al Poder Ejecutivo para intervenir en proyectos civiles: capacitación de jóvenes, construcción de un tramo de carretera y confección del nuevo relevamiento fotométrico nacional. En el Poder Ejecutivo entienden que muchas ideas que surgen de los militares tienen costos mayores a los que se consiguen mediante procesos licitatorios, por lo que son rechazadas de plano.
En otros casos también hay dudas acerca de su competencia en esa área. En marzo del año pasado, el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, dijo en radio El Espectador que en el marco de las reuniones por el diálogo social iban a proponer que los jóvenes que no estudian ni trabajan se incorporen a las fuerzas militares.
“Estamos proponiendo para estas mesas de diálogo social que ha convocado la Presidencia de la República un plan de darles a todos aquellos ciudadanos que hoy por hoy no tienen en el horizonte una vía de salida a su situación, que no están trabajando ni estudiando, de poderlos incluir, llevarlos a nuestras unidades militares, darles en ellas una educación cívica, darles cierta disciplina, normas de higiene, enseñarles oficios, darles la posibilidad de poder transitar por la vida con ciertas herramientas que hoy en su estado de marginalización no la tienen”, explicó el jefe del Ejercito.
“Hablamos inicialmente de 700 u 800 plazas. Pero podrían ser más”, señaló.
La idea, que requería un refuerzo presupuestal, no encontró eco en el gobierno.
Unos meses antes, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, descartó en principio el empleo de los ingenieros militares para la construcción de un tramo de la ruta 6, que une Montevideo y la frontera con Brasil a la altura de Paso Hospital, cerca de Vichadero.
“La ruta 6 tiene otras respuestas en la Corporación Vial y una de las PPP (proyecto de participación público-privada), la que toma el tramo oeste de la ruta 14 donde se construirá un puente sobre el río Yi y un by pass que comunicará un tramo de la ruta 14 con la ruta 6”, sostuvo el ministro, y agregó que había informado a su colega de Defensa, Jorge Menéndez, que “lo que se plantea es una obra con el objetivo de comprar maquinaria”.
Según informó entonces El País, Rossi sostuvo que lo que planteaba el Ejército es de jurisdicción departamental.
“Es la Intendencia o la OPP” quien debería hacer el tramo de Sarandí del Yi al norte, porque “es de caminería rural”.
El ministro sostuvo que “el tipo de trabajo que las Fuerzas Armadas están en condiciones de realizar es más afín a las necesidades de la caminería rural de los gobiernos departamentales que a las carreteras principales” y la idea es hacer algo de mayor entidad, acorde a una ruta nacional.
El Ejército había calculado que el costo de la obra de reconstrucción de la ruta 6 desde Sarandí del Yi con personal militar costaría entre 30% y 40% menos que si lo realizan empresas privadas.
Otra de las propuestas que no prosperaron fue la actualización del relevamiento fotométrico del territorio.
En 1966 Uruguay afrontó la generación de una cobertura fotográfica de la totalidad del país, contratando a una empresa francesa y a otra brasileña. Ese insumo fue fundamental para elaborar la cartografía de base con que cuenta el país, y además fue apoyo para otras cartografías temáticas y base para la construcción del Índice Coneat, que clasifica los suelos según su capacidad productiva.
Debido a que en medio siglo el paisaje ha variado por el crecimiento urbano y nuevas actividades agropecuarias, el Poder Ejecutivo dispuso que se realizara un nuevo relevamiento.
La iniciativa de las Fuerzas Armadas, según dijeron a Búsqueda fuentes de Defensa, tenía la ventaja de que la información quedaba en el Estado, además de reequipar al Instituto Geográfico Militar. La propuesta del exministro Eleuterio Fernández Huidobro era que el trabajo lo hicieran esta institución del Ejército junto con la Fuerza Aérea y Oceanografía de la Armada.
El proyecto fue presentado al presidente Tabaré Vázquez en el Consejo de Ministros a comienzos de 2015, pero finalmente se decidió hacer una licitación internacional.
El órgano desconcentrado Infraestructura de Datos Espaciales del Uruguay (Ideuy), que actúa en la órbita de Presidencia, es quien tiene el papel de asesorar al jefe de Estado. Funciona con una comisión directiva que integran el director general de la Presidencia, Diego Pastorín, la economista Sylvia Amado y el ingeniero José Clastornik y un consejo asesor en el que participan, entre otros, el Ministerio de Transporte y el Instituto Geográfico Militar. La comisión aconsejó adjudicar la licitación a una empresa brasileña. Los trabajos, que ya comenzaron, costarán alrededor de US$ 5 millones.
