La compleja situación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) llevó a que días atrás un funcionario del centro renunciara al organismo, según una resolución del martes 15 a la que accedió Búsqueda.
La compleja situación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) llevó a que días atrás un funcionario del centro renunciara al organismo, según una resolución del martes 15 a la que accedió Búsqueda.
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El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl técnico prevencionista ingresó a la oficina de Salud Ocupacional del Sirpa el 3 de febrero de 2015, pero apenas siete meses después abandonó el organismo. En la argumentación de su renuncia asegura que envió informes advirtiendo “riesgos categorizados como ‘intolerables’”, pero nunca le respondieron.

A su vez solicitó “acciones de control de riesgos que no se han implementado” ni “se ha planteado un plan de trabajo por la dirección del Sirpa”. También indicó que pidió reuniones con las autoridades del Sirpa en reiteradas oportunidades, pero nunca lo recibieron.
Su dimisión se da días después de las renuncias de dos de los tres miembros que integran el Directorio del Sirpa. El miércoles 2 el director Luis Noya renunció por “motivos personales” y una semana antes lo había hecho el otro director, Edgar Bellomo.
El descontento con la administración de Graciela Fulco quedó en evidencia en una carta firmada por 44 directores de programas y centros del Sirpa, en la que critican duramente a la nueva dirección.
En el documento fechado el jueves 10, los funcionarios denuncian falta de comunicación con la nueva administración, inestabilidad laboral y un clima hostil que “provoca una parálisis general” entre la dirección y la aplicación de los programas en los centros.
“Se dan mensajes contradictorios en la gestión, provocando desconcierto y distorsión entre los adolescentes, funcionarios, equipos de dirección, que se trasladan a lo cotidiano de los centros, vulnerando los derechos de los adolescentes y los trabajadores”, agrega.
A su vez advierten la falta de personal que existe luego de los procesamientos con prisión de 17 funcionarios y que se profundizará luego del 31 de octubre, cuando finalizan contratos de talleristas.
“Exigimos a las autoridades competentes que den una rápida y diligente solución a esta grave situación, para evitar daños mayores con resultados lamentables”, concluye la carta.