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Funcionarios de cárceles piden jubilación anticipada y que su trabajo se declare insalubre
Oficina del Ministerio de Salud Pública solicitó ingresar a centros penitenciarios a mitad de año para realizar un relevamiento, pero el INR aún no coordinó las visitas
Operador penitenciario en la Cárcel de Santiago Vázquez, ex-Comcar. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Las malas condiciones de reclusión de los miles de personas privadas de libertad en Uruguay son recurrentemente centro de señalamientos en informes nacionales e internacionales. Este estado de deterioro de las cárceles es también un problema para quienes trabajan en ellas, que están sometidos a condiciones de trabajo insalubres desde el punto de vista higiénico, a carencias edilicias, al ruido constante, agresiones verbales cotidianas y ataques físicos puntuales, a incendios accidentales y “expuestos indirectamente al humo de tabaco, dado que se permite fumar en recintos cerrados como son las cárceles”.
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Así lo describe un escrito que el jueves 14 de diciembre de 2023 el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios presentó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al que accedió Búsqueda. El texto habla de la “naturalización de la violencia” como parte del “quehacer penitenciario” y de una “forma de trabajo contraria a la salud que se ve reflejada en las altas certificaciones médicas”, casos de estrés laboral, situaciones de violencia intrafamiliar y suicidios o intentos de autoeliminación. Por esos motivos, reclaman al gobierno que analice la posibilidad de incorporar como “actividad bonificada para su cómputo jubilatorio” el trabajo que realizan los operadores civiles en las cárceles. Esto implica que se computen más años de trabajo que los efectivamente cumplidos por las condiciones especiales en las que se desempeñan.
La solicitud está firmada por el presidente del gremio, Germán Gutiérrez, operador penitenciario grado 3 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que trabaja en la Unidad N° 5 Femenina, y Alejandro Marichal, que era operador grado 1 en el Penal de Libertad. Ellos fueron dos de los cuatro funcionarios del Ministerio del Interior que promovieron —meses atrás— el recurso judicial de habeas corpus por el estado crítico de la Unidad N° 5 Femenina, en relación con el hacinamiento y con problemáticas en la infraestructura eléctrica y sanitaria. La Justicia hizo lugar a su pedido y le exigió cambios al gobierno para reducir la sobrepoblación de algunos sectores y mejorar las condiciones de reclusión. Los denunciantes también fueron convocados por la Comisión de Seguimiento de la Situación Carcelaria del Poder Legislativo, donde comparecieron a mediados de octubre como representantes de los trabajadores del centro para hablar sobre las dificultades existentes.
Según cifras de la Oficina Nacional del Servicio Civil disponibles en el último informe anual realizado por la oficina del comisionado parlamentario carcelario, Juan Miguel Petit, en 2022 había 1.206 personas con cargos en el escalafón penitenciario en el INR. Estos son funcionarios civiles que cumplen un rol diferente al policial, al “atender las necesidades de las personas privadas de libertad, acompañando su circulación y comportamiento” dentro de las cárceles, indica el informe, que también señala que “se sigue deteriorando” la relación entre la cantidad de trabajadores y de personas privadas de libertad, porque frente a un aumento de reclusos se ha dado una disminución de “vínculos” de operadores.
Los funcionarios plantean que la falta de recursos humanos y los altos niveles de hacinamiento generan que un operador penitenciario pueda estar al cuidado de más de 100 personas privadas de libertad, lo que pone “en riesgo su integridad física”, además de producir una sobrecarga de trabajo que se transforma en “un factor de estrés”.
“El constante crecimiento de la población carcelaria no hace otra cosa que sobrecargar aún más a los funcionarios que todavía se comprometen con la tarea y asisten a sus lugares de trabajo, desempeñando la tarea en condiciones insalubres y de lo que se podría definir de explotación laboral por parte del Estado”, establece el escrito presentado ante el Ministerio de Trabajo.
Seis horas
En setiembre de 2022, Gutiérrez había solicitado a la Comisión Honoraria de Trabajo Insalubre que se declare insalubre la labor de los funcionarios de las cárceles. Dicha comisión es dirigida por el Ministerio de Salud Pública (MSP), según establece la legislación vigente desde 1950, y está integrada por un delegado del Ministerio de Trabajo, también de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ingeniería y del Banco de Seguros del Estado.
La solicitud surgió luego de un pedido de acceso a la información pública, realizado en febrero de 2022, en el cual la comisión manifestó que el tema de las cárceles nunca había sido “tratado” hasta ese momento y que el “grueso” de las consultas o dictámenes se realizaron a partir de reclamos específicos de trabajadores.
En julio de este año, la Comisión Honoraria de Trabajo Insalubre solicitó al director del INR, Luis Mendoza, la autorización para visitar las cárceles, pero hasta el momento no se ha coordinado, según confirmaron fuentes del MSP a Búsqueda. Consultado al respecto, desde el Ministerio del Interior reconocieron que no hubo avances al respecto.
Una eventual resolución que implique la insalubridad del trabajo de los funcionarios de centros penitenciarios determinaría que no puedan realizar jornadas de trabajo mayores de seis horas (dos horas menos que la que realizan actualmente), por el mismo salario que para la jornada completa, y tengan una revisión médica de forma semestral, cuyos gastos deberían correr a cargo del Estado. La ley Nº 11.577 también establece los montos en caso de enfermedades profesionales y las rentas en caso de muerte de empleados.
En varios informes, tanto Petit como el anterior comisionado parlamentario penitenciario, Álvaro Garcé, hicieron referencia a las condiciones de trabajo de los funcionarios en las cárceles. En el correspondiente a 2005-2006, Garcé señalaba una baja remuneración, que la cantidad de funcionarios era “extremadamente baja en relación con la cantidad de internos” y eso dificultaba el “goce de beneficios mínimos como la licencia anual”, además de que realizaban jornadas que superaban “largamente” las ocho horas. También afirmaba: “Los lugares de alojamiento comparten buena parte de las carencias que presentan los edificios destinados a la reclusión”.
Seis años después, en el informe de 2012, él mismo planteaba que iba a “insistir” en la “recomendación de declarar insalubre el trabajo penitenciario a los efectos de colocarlo bajo la especial protección de la ley”, seguido de datos para justificar ese planteo. A su vez, indicaba que debía estar amparado por una bonificación de los servicios que permitiera computar cuatro años por cada tres de los efectivamente cumplidos.
