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Un conflicto entre la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) y las mutualistas de Montevideo puede desembocar en una inédita rendición de cuentas sobre el uso que le dan las instituciones al dinero que reciben todos los meses del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
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Ayer miércoles, los funcionarios de la salud privada hicieron un paro parcial para reclamar el cumplimiento de una parte del convenio colectivo, firmado el 30 de setiembre de 2015, que estipula que las empresas deben dar cursos de capacitación a los trabajadores médicos y no médicos. La realización en tiempo y forma de esos cursos implica una partida extra salarial de 1,5% a pagar desde enero de 2017, y del 3,53% a partir de 2018. A principios de este año se instaló una comisión que trabajó sobre la modalidad de funcionamiento de las capacitaciones, pero hasta el momento no hubo acuerdos y los cursos no se implementaron. Las dos partes se pasan la pelota sobre las responsabilidades en la demora.
Desde la FUS advierten que si no se comienzan los cursos se quedan sin el pago variable y sostienen que las mutualistas aducen no tener recursos propios para hacer frente a las capacitaciones. Además dicen que se desestimaron propuestas que presentaron los trabajadores. Desde las instituciones, sin embargo, señalan que hace varias semanas presentaron al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a la propia FUS un plan para empezar los cursos, pero que la iniciativa no tuvo respuesta. Los módulos incluyen temas como fundamentos y composición del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), mejora de la gestión, seguridad del paciente, registro de historia clínica, telemedicina, receta electrónica, entre otros.
Búsqueda accedió al documento que presentaron las mutualistas. Las instituciones proponen establecer un tope máximo de horas de capacitación en horario de trabajo que no exceda las seis horas totales, y que la capacitación realizada fuera del horario de trabajo se compense con el sistema de día libre en forma equivalente al tiempo insumido. Se sugiere, entre otras propuestas, una capacitación online y no presencial. Fuentes del sector señalaron que las instituciones “no han incumplido” el convenio colectivo. “Hemos asistido a todas las instancias convocadas a los efectos de diseñar e implementar las instancias de capacitación previstas en dicho convenio. Formulamos y pusimos en conocimiento de todos los actores involucrados una propuesta razonable, acorde a las posibilidades operativas existentes”, dijo uno de los informantes.
El MSP tiene a su vez el borrador de una contrapropuesta que, en principio, no es de recibo de las empresas. “La propuesta parte de la base de que las instituciones tenemos mano de obra ociosa. Y no es así. Cubrir 20 horas de capacitación para 50.000 personas en cuatro meses es algo que ni una universidad puede cumplir. Totaliza un millón de horas, 250.000 horas de capacitación/hombre por mes”, explicó una fuente de las mutualistas. Agregó que al sustraer un millón de horas hombre del sistema en solo cuatro meses, la propuesta “afecta de manera sustantiva lo asistencial, lo operativo y lo administrativo”. “Nuestra propuesta es beneficiosa para el colectivo de los trabajadores del sector y es progresiva; se ajusta y avanza de acuerdo al éxito y aceptación que se vaya registrando”, concluyó.
Auditoría pública.
Para el dirigente de la FUS, Jorge Bermúdez, no es el sindicato “la piedra en el zapato” que impide llegar a un acuerdo sobre las capacitaciones. “Al contrario, fueron la empresas. Los empresarios son unos mentirosos. Son unos mentirosos en este proceso de negociación y para dirigir sus instituciones”, afirmó Bermúdez a Búsqueda.
El dirigente anunció que hoy jueves se reunirá con el ministro de Salud, Jorge Basso, y llevará una propuesta de la FUS. “La preocupación es que el tiempo pasa, los cursos no se dictan, el personal no se capacita y corre el riesgo el pago variable. Sería muy tonto que los trabajadores, que somos los más interesados, pongamos piedras en el camino”, señaló.
Además de llevar una propuesta sobre los cursos, Bermúdez promoverá que se haga una auditoría pública de los dineros del Fonasa que se vierten a las instituciones. Lo hará, entre otras cosas, bajo el argumento de que la capacitación de los funcionarios está financiada por el Fonasa. “Que la población conozca adonde va la plata que pone. ¿Es a la mejora de gestión? A veces se demora seis horas para acceder a una consulta de emergencia, se demora dos meses para ver un especialista, los tickets son caros ¿Adonde va la plata? Capaz que se va a los bolsillos de los administradores”, dijo el dirigente de la FUS.
En paralelo a esta situación, el diputado blanco Martín Lema presentó ayer un pedido de informe al MSP sobre los recursos del Fonasa. El legislador reclama información sobre el monto de egresos del Fondo en 2015 por institución, discriminando por: pagos a prestadores de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), mutualistas y seguro privados, y por concepto de cápitas de salud, metas asistenciales, sustitutivos de tickets, sobrecuotas de inversión, y cuotas del Fondo Nacional de Recursos (FNR). También pide saber qué sobrecuotas de inversión se pagan actualmente y la periodicidad y procedimiento que se utiliza para el control del destino de estos recursos.
Desde las instituciones se aclaró que están en “total acuerdo” en “transparentar” el uso que se le da al dinero que se recibe todos los meses de parte del Fonasa.
