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    Funcionarios públicos tienen “resabios de una caduca cultura de confidencialidad”, afirma uno de los ministros de la Suprema Corte

    En momentos en que el acceso a la información pública es objeto de debate porque un tribunal obligó al Consejo de Secundaria a difundir los datos de repetición discriminados por liceos, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dijo a Búsqueda que en los funcionarios públicos uruguayos predomina el “resabio de una caduca cultura de la confidencialidad o reserva de la información” que debe dar paso “a la moderna cultura de la transparencia”.

    “He constatado la existencia de una cultura o actitud de reticencia hacia la publicidad de la información bastante extendida en los funcionarios públicos, la cual afortunadamente va cediendo ante la transparencia”, reflexionó este magistrado que desde la cabeza del Poder Judicial ha insistido en la necesidad de la transparencia de la gestión pública.

    “Los jueces uruguayos han amparado, cuando a su juicio ha correspondido conforme a la ley, las solicitudes de información que cualquier persona tiene derecho a realizar sin justificar en modo alguno las razones que la motivan”, recordó.

    Uno de los últimos casos sobre transparencia que llegó a la Justicia fue el pedido de acceso a la información pública que realizó un periodista del diario “El País” para conocer los datos sobre repetición en la enseñanza pública. Las autoridades de la enseñanza se negaban a proporcionar esa información con el argumento de que su difusión estigmatiza a las escuelas y liceos con peores resultados.

    La Justicia, tanto en primera como en segunda instancia, desechó ese argumento y obligó a que los funcionarios públicos proporcionaran los datos. Los magistrados consideraron que no está probado que esa información genere discriminación y que, por lo tanto, debe primar el principio de la transparencia y de la publicidad en la información para que los ciudadanos puedan libremente tomar sus decisiones.

    Pese a esa resolución de la Justicia, la presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Alex Mazzei, dijo el viernes 15 a “Brecha” que ese organismo prevé declarar “reservada” cierta información que maneja —una excepción prevista en la ley para casos justificados— para evitar que sea obligado a divulgarla.

    Discrepancias.

    La difusión de esta información generó una reacción diversa en el ámbito político.

    La senadora Lucía Topolansky (Movimiento de Participación Popular) acusó al medio de comunicación de usar “una ley para hacer politiquería barata”.

    “Pedir el detalle de los liceos y publicarlo es estigmatizar al Liceo, los chiquilines de Secundaria se quejan de que los discriminan así que tienen que ir a quejarse a ‘Qué Pasa”, declaró Topolansky el jueves 14 durante una rueda de prensa.

    Para el vicepresidente Danilo Astori “los resultados no son para nada alentadores” y obligan al sistema político a realizar “un esfuerzo absolutamente fundamental y urgente” en la enseñanza.

    “Hay ramas de la enseñanza donde hoy los adolescentes reciben una educación que no tiene nada que ver con el proyecto nacional, y que además en muchos casos es muy aburrida, los cansa y es más un estímulo para el abandono que para la concentración en la formación”, dijo Astori el domingo 17 en un acto en Young, Río Negro, informó “Subrayado”.

    El presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, escribió en su cuenta de Twitter que el hecho de que en Montevideo la repetición en Secundaria llegue al 52,6% es “un desastre” que “muestra la gran incapacidad existente”.

    “Con exigencias mediocres, la repetición igual les dio en alza. El desastre de la educación en Uruguay es indignante”, escribió en Twitter el senador y precandidato presidencial colorado José Amorín.

    Predicar con el ejemplo.

    Chediak dijo que desde el Poder Judicial se ha tratado de predicar con el ejemplo y por eso declaró que toda la información que maneja es de carácter público con excepción de aquella que específicamente sea declarada como reservada.

    “La Suprema Corte ha tratado de dar amplio cumplimiento a la ley 18.831 que consagra los principios de libertad de información, transparencia, no discriminación y gratuidad, entre otros. Las excepciones admitidas de interpretación estricta refieren a la información legalmente secreta (...). La Suprema Corte no ha hecho especial declaración de reserva por lo cual las principales limitaciones son las atinentes a los procesos presumariales en trámite y a los datos personales sensibles que puedan afectar la dignidad humana”, informó.

    “La Suprema Corte trabaja activamente desde hace años en tal sentido como coordinadora —junto a sus pares de España y de Chile— del grupo de trabajo sobre Transparencia, Integridad y Rendición de Cuentas de la Cumbre Judicial Iberoamericana”, concluyó.

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