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La actividad fue organizada el viernes 1 por la Embajada del Reino Unido y contó con el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, como uno de los invitados, junto con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Elena Martínez. El tema puesto en debate fueron las filtraciones de información en casos penales y juicios mediáticos. “La problemática de las filtraciones preocupa mucho porque erosiona el Estado de derecho y la calidad democrática”, afirmó Martinelli ante un grupo de políticos, diplomáticos y empresarios. “Si la gente que tiene que acudir a la Justicia empieza a notar que hay determinadas filtraciones, eso puede erosionar nuestra calidad democrática en el sentido de que esa gente deja de acudir a la Justicia. Por eso es muy importante que podamos establecer límites legales y límites éticos, no porque queramos ocultar información, sino porque nos parece una forma de contribuir a la seguridad nacional”, añadió.
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Horas después, el periodista Eduardo Preve divulgó en su cuenta de X documentación sobre una investigación ordenada en octubre por la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. La pesquisa busca detectar en la Policía “presuntas irregularidades constatadas en el manejo de información clasificada” en relación con noticias sobre seguridad informadas por el propio Preve. Parte de las averiguaciones incluyen datos personales del periodista que figuran en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública.
La investigación está avalada por una normativa interna, que el actual gobierno ya usó para analizar la conducta de policías, pero es la primera vez que involucra también a un periodista. La decisión del ministerio refleja una intención de la actual gestión —liderada por Martinelli desde noviembre— por restringir la divulgación de información bajo el argumento de que está en amenaza la seguridad pública, la vida de los policías y la calidad democrática a la que se refirió el propio ministro en la embajada.
El mes pasado, el ministerio reclamó al Tribunal de Cuentas por una noticia publicada por Búsqueda. El planteo fue realizado por Martinelli a miembros oficialistas del tribunal, disconforme porque un artículo periodístico estaba sustentado en una resolución de diciembre que ese organismo tenía publicada de forma completa en su web y no en forma de minuta, como había sido acordado. Tras el reclamo, el Tribunal de Cuentas dio de baja el documento.
La noticia mencionaba la compra directa por excepción que la Policía Nacional realizó por 251.550 euros a la compañía italiana Innova por un sistema tecnológico con el que se incrementará la vigilancia de organizaciones delictivas que operan en el país. “La difusión de la presente contratación podría causar graves perjuicios para la seguridad pública, así como para los efectivos, tanto desde el punto de vista técnico como estratégico, resultando desfavorable la divulgación de información que pueda ser utilizada por terceros ajenos a la administración”, sostuvo el Ministerio del Interior en la resolución elevada al Tribunal de Cuentas.
Argumentos iguales fueron dados al tribunal en el pasado desde el Ministerio del Interior, tanto de gestiones del actual gobierno como del Frente Amplio: “La difusión de la presente contratación podría irrogar graves perjuicios para la seguridad pública, así como de los efectivos, tanto desde el punto de vista técnico, como estratégico, resultando desfavorable la divulgación de información que pueda ser utilizada por terceros ajenos a la administración, por lo que es adecuado calificar el presente procedimiento como operación secreta”, indica una resolución del Tribunal de Cuentas de 2018, aún accesible en internet, sobre la compra de chalecos antibalas.
Obligación
La Asociación de la Prensa Uruguaya solicitó de carácter “grave y urgente” una reunión a Martinelli por la situación de Preve. Tras el encuentro, que se produjo el miércoles, el sindicato informó que el ministro “negó que estos procedimientos que se desarrollan tengan como objetivo indagar o investigar al periodista o interferir en su trabajo”.
El Frente Amplio convocó al ministro a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Parlamento. “No queremos que se naturalice lo que ha sucedido en el pasado, donde se persigue y se hacen fichas con fines extorsivos a legisladores nacionales; mucho menos queremos que a esa situación se sume la posibilidad de que se persigan periodistas”, sostuvo el diputado Mariano Tucci.
La investigación que involucra a Preve fue originada por la Dirección de Investigaciones para determinar qué funcionarios dieron al periodista la información que publicó en octubre en sus redes sociales, cuando contó que dos policías habían ingresado de manera irregular al sistema Guardián Web para obtener datos sobre el asesinato de Cecilia Fontana de Heber en 1978.
Este martes 5 en el programa La Tapadita, de radio M24, el periodista denunció que la Dirección de Investigaciones utilizó esa investigación policial interna para recabar datos personales de él y de su familia.
Fuentes del ministerio dijeron que esos datos personales son básicos y satelitales a la investigación, que está directamente enfocada en los funcionarios que filtraron la información. La pesquisa sobre estos policías se sustenta en un protocolo interno que fija las condiciones de uso de los sistemas de datos policiales. “Administrativamente se considera falta grave permitir el acceso injustificado a información clasificada como reservada o confidencial así como la utilización, sustracción, ocultamiento, divulgación o alteración total o parcial en forma indebida de la información que se encuentra bajo su custodia o a la que se tenga acceso por razones funcionales”, indica la regulación del ministerio, de la cual se notifica a todos los funcionarios cada año. “Quedarán sujetos a este código todos los miembros de la Policía que se encuentren activos y hasta cuatro años después de su pase a retiro”, agrega.
Tanto con Jorge Larrañaga como con Luis Alberto Heber se iniciaron investigaciones por filtración de información reservada y revelación de secreto, pero no alcanzaba al trabajo periodístico. “Es obligación del Ministerio del Interior hacerlo”, afirmó Heber. Una de esas investigaciones, en octubre, fue sobre Carlos Taroco, quien como director de la cárcel de Santiago Vázquez ordenó a subalternos que ingresen al Sistema de Gestión de Seguridad Pública para obtener datos que ayudaran a Gustavo Penadés en la causa por abuso sexual en la que estaba acusado.
