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El Frente Amplio ha “vaciado el discurso” que promueve la defensa de los adolescentes, solo está para la “pose” y ha sido el responsable de criminalizar “como nunca en la historia” de Uruguay a los jóvenes, opinó Luis Pedernera, el nuevo integrante del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
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Para Pedernera, que también integra el Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (Ielsur), el gobierno debe plantear la derogación de parte de cuatro leyes que son represivas con los adolescentes.
Pedernera participó el jueves 1º en una mesa sobre un nuevo sistema penal juvenil, actividad organizada por el PIT-CNT y Proderechos, donde planteó su visión crítica sobre la atención a los adolescentes que cometen delitos.
Comenzó señalando que a pocos metros de donde se realizó el evento, la Intendencia de Montevideo, había visto un cartel en el Ministerio de Desarrollo Social impulsando la carrera de cinco kilómetros denominada “Ser joven no es delito”, que se realizará el sábado 17 en todo el país.
“¿A quién va a ese mensaje?”, preguntó. “Porque la izquierda como nunca en la historia, criminalizó a los jóvenes”, afirmó. Pedernera comentó que en el Frente Amplio “han vaciado el discurso” con este tema y que esas actividades “para lo único que sirven es para la pose. Van ese día, se sacan una foto en la carrera y después en el Parlamento votan las leyes de endurecimiento de penas”.
Pedernera, a partir del año próximo integrará el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Este organismo está integrado por expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por los Estados partes.
El experto uruguayo explicó a Búsqueda que algunos artículos de cuatro normas aprobadas en las administraciones del Frente Amplio deberían ser derogados para cumplir de esta manera con los planteos que realiza el Comité.
Al respecto, mencionó la Ley de Procedimiento Policial aprobada en julio de 2008 durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Otras dos fueron aprobadas durante la administración de José Mujica: las leyes 18.777 y la 18.778. Esas normas llevan a prolongar la prisión preventiva de 60 a 90 días, cambian la clasificación de determinados delitos graves y tipifican como delito la tentativa de hurto. También se aprobó mantener los antecedentes una vez que cumplan los 18 años cuando se trate de un delito grave para que, si reinciden, no sean considerados primarios. Otra ley cuestionada es la 19.055, también del gobierno de Mujica, que establece una pena mínima de un año para los adolescentes cuando se trate de delitos graves (como homicidio, violación, rapiña, secuestro, tráfico de drogas).
“Cuando se empieza un proceso de criminalización, después no hay vuelta atrás. El Comité de los Derechos del Niño dijo que había que derogar estas normas y no hay ningún legislador oficialista que plantee eso”, informó Pedernera.
“Doble estándar”.
Durante su intervención en el seminario, Pedernera también cuestionó el papel asumido por el PIT-CNT cuando se trata de denuncias que involucran a los adolescentes. “He visto a la central sindical con un doble estándar en los temas de tortura. Una cosa es la tortura de los presos políticos y en la dictadura, y otra cosa es la tortura de los peores, de los que cometen delitos y de los que nos amargan la vida con la inseguridad. Una se denuncia, nos organizamos para repudiarla, y la otra ahí queda, bajo un manto de oscuridad”, aseguró Pedernera, según informó “La Diaria” el viernes 2.
Comentó que acompañó a “madres de gurises y a funcionarios que han sido amenazados y suspendidos en la afiliación gremial por denunciar tortura”, y aseguró que desde el PIT-CNT se los “descalifica” diciendo que hay que esperar a que “avancen las investigaciones” y que “faltan protocolos” de trabajo.
El movimiento sindical defendió su accionar. Al participar el viernes 2 en la Comisión de Presupuesto del Senado y en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, afirmó que “el movimiento obrero uruguayo no sería cómplice de ningún ataque a los derechos humanos” y aseguró que acompañarán “cualquier investigación a fondo”.
