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El senador blanco Jorge Gandini presentó un proyecto de ley que propone derogar un artículo de la última Ley de Presupuesto que elimina los gravámenes a los estudios y análisis clínicos de pacientes internados que se realicen en la misma institución de salud o de forma externa pero como parte de los servicios que ofrece la asistencia médica. El legislador argumentó que ese artículo —Nº 772— es “inconstitucional”, además de “inconveniente por sus efectos”, e “inoportuno”.
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Plantea que el artículo no se originó en el proyecto de ley presupuestal presentado por el Poder Ejecutivo ni tuvo iniciativa en la Cámara de Representantes, sino que ingresó en consideración en el Senado —la segunda cámara en tratar la iniciativa— a escala de comisión. “Sin embargo, no se recibió opinión de autoridades, instituciones o colectivos interesados o eventualmente afectados”, señala. El artículo “no fue analizado, ni debatido, aunque recibió en ambos casos el voto unánime de todas las bancadas. Su intención es a primera vista compartible: disminuir costos a los prestadores de salud cuando hacen análisis o estudios a sus respectivos pacientes internados, fuera de los laboratorios propios”, afirma el senador.
Como uno de sus argumentos Gandini advierte que el artículo en cuestión “impacta en la financiación” de la Caja de Profesionales Universitarios en unos $ 22 millones anuales. Esto “debe al menos analizarse desde esa perspectiva a la hora de aprobar una norma que, sin tener ese objetivo, provoca un efecto directo en el financiamiento” de esa institución, plantea. Es que ese organismo previsional paraestatal tiene, entre sus fuentes de ingresos, los timbres profesionales y otros tributos vinculados con los servicios laborales de los sectores que comprende, incluido el de la salud. Son los llamados “ingresos directos” que representan el 30% del total, según documentos que están siendo discutidos por la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS).
El senador expresa en su propuesta que el artículo 772 va contra la disposición transitoria “V” de la Constitución de la República, que declara inconstitucionales todas las modificaciones de “seguridad social, seguros sociales o previsión social” contenidas en leyes de presupuesto o rendiciones de cuentas a partir de octubre de 1992.
Gandini agrega que su introducción en la Ley de Presupuesto “aborda un aspecto sensible para la Institución de Seguridad Social” en momentos en que la CESS está “estudiando y analizando modificaciones en todo el sistema”.
Según la segunda versión del borrador de diagnóstico del sistema previsional de la CESS, la Caja de Profesionales presenta resultados operativos deficitarios y que “seguramente no puedan cubrirse en el corto plazo con los resultados financieros” (Búsqueda Nº 2.111).
Los integrantes del directorio de la caja impulsaron sus propias propuestas para reformar el organismo en agosto del año pasado, con el objetivo de lograr su viabilidad financiera en los próximos 20 años. Según la CESS, el horizonte temporal determinado “podría ser considerado modesto, en tanto asume la necesidad de generar nuevos ajustes en el futuro cercano”.
