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    Reforma previsional requiere la “mayor celeridad posible”

    Comisión de expertos discute nuevo borrador de diagnóstico, que incluye algunos puntos polémicos

    Algunas afirmaciones contenidas en el nuevo borrador que circuló la Presidencia de la comisión de expertos creada para preparar la reforma jubilatoria tienen amplia base documental, ya sea en datos históricos o proyecciones. Concluye, por ejemplo, que el “proceso de declive demográfico en curso y la consiguiente aceleración del envejecimiento, unido al elevado nivel de gasto previsional del que se parte, ocuparía sistemáticamente mayor espacio fiscal”. Otras, en cambio, requerirán de mayor discusión entre los 15 miembros —en representación de distintos partidos y organizaciones como el PIT-CNT— para lograr ser consensuadas y plasmarse como un diagnóstico definitivo.

    Un primer borrador redactado por el presidente de la Comisión de Expertos de Seguridad Social (CESS), Rodolfo Saldain, había sido repartido a fin del año pasado al grupo; de inmediato surgieron cuestionamientos desde los delegados del Frente Amplio y la central sindical, según consignó la diaria. El jueves 4 Saldain entregó un nuevo texto para avanzar en la discusión que en el encabezado de cada página —59, más unas 40 de referencias bibliográficas y anexos— aclara que es un “documento de trabajo elaborado bajo responsabilidad de la Presidencia (de la CESS) en colaboración con la Secretaría Técnica; el documento final debe ser elevado al Poder Ejecutivo no más allá del 20 de marzo. Al nuevo borrador, al que accedió Búsqueda, le falta la “presentación” y la “síntesis”, párafos que —aclara— se incorporarán “luego de procesada la discusión en la comisión”.

    Entre los aspectos, a priori, más controversiales está por ejemplo la referencia al Índice Medio de Salarios como indexador para el aumento de las pasividades, incorporado a la Constitución en una reforma de 1989. Ese mecanismo “le transfiere a los pasivos el riesgo de las oscilaciones de los salarios frente al ciclo económico. El indexador elegido, para los regímenes de reparto “supone una tensión adicional a la sostenibilidad, asociada a que las mejoras de la productividad de la economía que se reflejan en aumentos del poder de compra de los salarios se trasladan automáticamente a las prestaciones previsionales”. Cambiarlo, recuerda el nuevo borrador, requeriría de una reforma constitucional.

    Un aspecto cuestionado desde sectores y figuras del Frente Amplio —en particular por el exministro de Trabajo Ernesto Murro, quien es uno de los tres delegados de esa coalición en la CESS— refiere al régimen de AFAP. Al respecto, el nuevo texto es, en general, elogioso de su funcionamiento e indica, por ejemplo, que la administración de los ahorros previsionales respondió a los “estándares profesionales requeridos” y logró “rentabilidades en beneficio de los afiliados acordes al mercado local”, si bien podría ser conveniente habilitar una mayor diversificación. Agrega que la comisión que cobran a los afiliados por administrar su dinero actualmente “se encuentra en un nivel razonable en la comparación internacional”.

    Sostenibilidad

    “La dinámica poblacional uruguaya en este siglo está determinada por la extrema velocidad con la que se ha procesado la caída de la tasa de fecundidad y el incremento de la esperanza de vida a todas las edades. Como resultado, la población se mantendrá inicialmente estable, para luego reducirse”, señala el segundo borrador. El único grupo que crece es el de mayor edad: en 2070 las personas de 65 y más años representará aproximadamente el 29% de la población total, el doble que hoy. Y la población en edad de trabajar entre —15 y 64 años— seguirá relativamente estable en los próximos 20 años, para luego reducirse (serían 57,7% en 2070).

    También dice que la innovación tecnológica está cambiando la naturaleza del trabajo con “alcances todavía difíciles de prever”.

    En conjunto, el gasto público previsional, ubicado actualmente en el orden de 11% del Producto Bruto Interno, se elevaría a 13,5% en 2070, con una “trayectoria al alza permanente”. Así, además de los tributos afectados al Banco de Previsión Social, se requerirá asistencia financiera adicional proveniente de Rentas Generales sin una reforma del régimen.

    “La evolución y la tendencia que el gasto público previsional viene mostrando, aunada a la lentitud que caracteriza los procesos de maduración de las transformaciones de los sistemas previsionales, hace necesario abordar el desafío de reformar el sistema con la mayor celeridad posible”, una urgencia que tiempo atrás Murro aseguró no compartir (Búsqueda N° 2.086).

    El problema financiero del sistema responde, entre otras cosas, a que el “prolongado período de sobrevida que supone una edad mínima de retiro a los 60 años le impone una fuerte tensión al sistema y hace sumamente difícil establecer un vínculo equilibrado entre aportes y beneficios de los individuos a lo largo del ciclo de vida”. Añade, aludiendo a colectivos como el personal de las Fuerzas Armadas, que la existencia de grupos que pueden acceder a prestaciones permanentes hasta unos diez años antes que el resto de la población “enciende una luz de alerta sobre el desempeño del sistema en diversos aspectos (sustentabilidad, equidad, etc.)”. Y “pese a las reformas realizadas, la necesidad de destinar recursos públicos a financiar los regímenes policial y militar continuarán creciendo en el futuro cercano”, señala.

    Por otro lado, “la capacidad de influencia” que tienen los colectivos amparados por las cajas paraestatales “ha traído aparejada, en mayor o menor medida, una tentación permanente por incorporar entre las fuentes de ingreso que den solución a sus problemas instrumentos que terminan haciendo partícipe al resto de la sociedad en el financiamiento de sus estructuras”, subraya. En el caso de la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios se “requiere la adopción de medidas de reequilibrio financiero sin dilación”; su gobernanza fue “poco eficaz” para actuar de manera oportuna.

    Desde el punto de vista institucional, un problema señalado en el segundo borrador de diagnóstico es que el régimen previsional uruguayo “no tiene conducción y supervisión sistémica eficaz, queda librada a iniciativas de las instituciones gestoras y no existe adecuado seguimiento y control del cumplimiento normativo”.

    Tres pilares

    En esta primera etapa el trabajo de la CESS consiste en elaborar un documento diagnóstico de la situación del sistema previsional en su conjunto. Luego tendrá 90 días para preparar la propuesta de reforma que elevará al Ejecutivo.

    El nuevo borrador consigna que los servicios técnicos regionales de Organización Internacional del Trabajo “han señalado recientemente que el debate sobre el futuro de los sistemas de protección social para la población mayor ha avanzado en un consenso alrededor de una combinación entre tres pilares: una prestación que atendiera el derecho a un ingreso básico para toda la población, un segundo pilar (tradicional) de tipo contributivo y obligatorio que tuviera algún tipo de proporcionalidad con los aportes realizados y, finalmente, un pilar voluntario u obligatorio consistente en el aporte a un sistema de capitalización individual o colectivo para la población que decidiera adherirse a algún esquema de este tipo, incluyendo los sistemas previsionales ocupacionales”.

    En las audiencias mantenidas con diferentes actores involucrados “no se perciben críticas sustanciales al régimen mixto como estrategia de diseño del sistema previsional uruguayo. No obstante, hay posiciones divergentes en cuanto a la conveniencia de que la gestión de los fondos sea realizada por empresas privadas en competencia con una empresa estatal testigo, así como sobre qué modelo de capitalización completa aplicar a ese pilar de cobertura, entre otros aspectos”, reconoce.

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