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El freno que tuvo el proyecto de la planta regasificadora luego de que cayera el contrato con la empresa adjudicataria GNLS le sirvió al gobierno para ordenar cada etapa de la iniciativa y estudiar en profundidad los pasos a seguir. Se evaluó desde si era conveniente seguir con el proyecto hasta cuál era la mejor manera de contratar a un nuevo operador.
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Si bien estas decisiones siguen en discusión, las autoridades de Gas Sayago —empresa de derecho privado propiedad de las estatales UTE y Ancap— contrataron días atrás una consultora de ingeniería para que revise los trabajos realizados hasta ahora y complete los estudios ambientales que no realizó la anterior adjudicataria GNLS, informaron a Búsqueda fuentes de la empresa.
Los informantes dijeron que la intención es “ganar tiempo” de cara a un posible nuevo adjudicatario, para que “cuando haya que retomar el proyecto, quien lo ejecute no tenga demoras por tener que realizar los estudios”.
Entre los estudios ambientales que GNLS no realizó está el relevamiento en la faja costera de Montevideo.
Tras la rescisión del contrato entre el Poder Ejecutivo y GNLS, el proyecto de la regasificadora quedó en pausa y la administración de Tabaré Vázquez decidió analizar nuevamente la viabilidad del negocio. Si bien la millonaria construcción era parte del problema, a quién vender el enorme excedente de gas regasificado era lo central.
En octubre de 2015 la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, presentó ante el Consejo de Ministros su propuesta de impulsar una nueva licitación con condiciones diferentes a las que se adjudicó a GNLS durante el gobierno del ex presidente José Mujica.
La existencia de hidrocarburos explotables en suelo uruguayo y el avance de los proyectos de energía eólica son parte del nuevo escenario, comentaron a Búsqueda en ese entonces fuentes del gobierno. Si bien el Ministerio de Industria defiende el llamado a una nueva licitación, el ministro de Economía, Danilo Astori, expuso que el contexto económico actual “es diferente y debe pesar” a la hora de tomar la decisión final (Búsqueda Nº 1.838).
En enero pasado, Vázquez y el presidente argentino Mauricio Macri se reunieron en la estancia presidencial de Anchorena y le dieron un nuevo impulso al proyecto, ya que anunciaron que está “prácticamente acordado” que Argentina compre la producción de gas en un año. “La obra de la regasificadora se va a cumplir”, dijo Vázquez el 7 de enero tras la reunión con su par argentino.
En esos días el Grupo Eurnekian le manifestó al Poder Ejecutivo una “expresión de voluntad” por el proyecto y cuenta con el apoyo de los gobiernos de Uruguay y Argentina (Búsqueda Nº 1.850). Asimismo, un consorcio internacional integrado por las firmas Jan De Nul Group, Saipem, Exmer y LNG Consultant también mostró su interés en el proyecto.
En octubre “El Observador” informó que la opción manejada por las autoridades de Industria es realizar una convocatoria internacional para continuar con la construcción de la obra. El periódico detalla en base a “fuentes al tanto del proceso”, que de concretarse la licitación, será con un proyecto definido por el gobierno actual y no dejado a la libertad del privado, como ocurrió en el anterior proceso.
Pero sea quien sea el que lleve adelante el proyecto, necesitará revisar los trabajos hechos hasta el momento y culminar con estudios que la anterior adjudicataria GNLS —consorcio entre GDF Suez y Marubeni— no realizó previo a que cayera su contrato. Por ello, “para adelantarse y no perder tiempo”, Gas Sayago contrató una empresa de ingeniería que hará esos trabajos.
La obra consiste en una escollera de 1,5 kilómetros de largo ubicada a 2,5 kilómetros de la costa, a donde llegarán barcos metaneros con gas natural licuado que será regasificado por un buque anclado en un muelle. El gas será bombeado por un gasoducto subacuático de unos tres kilómetros, que entrará a tierra en Punta Yeguas y se unirá al gasoducto Cruz del Sur.
El mayor escollo está en qué hacer con el excedente energético, ya que Uruguay solo consumiría 40% de los 10 millones de metros cúbicos de gas natural licuado que se prevé regasificar. Por ello el gobierno ve como un socio clave a Argentina ya que comprar el excedente le saldría más barato que importar desde Bolivia.
