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Gobierno aumenta los controles para combatir el lavado de activos y a las “redes criminales”
El perro de la dirección antidrogas se alteró ni bien lo llevaron frente a la camioneta Chevrolet Caravan. No era para menos: la parte trasera del vehículo, que había sido despachado en el puerto de Montevideo con destino a Valencia, España, tenía un “piso flotante de madera” bajo el cual había 173 kilogramos de cocaína.
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La camioneta había llegado a Uruguay por vía marítima. Su propietario, ahora requerido por Interpol, se fue con ella a Argentina y volvió durante los primeros días de abril. El día 6 de ese mes, llevó el vehículo al puerto de Montevideo para que fuera despachado nuevamente a España, y se embarcó en un vuelo de Iberia con destino a Madrid. Esos movimientos inusuales llevaron a que la Dirección General de Represión de Tráfico Ilícito de Drogas sospechara que se trataba de una maniobra de tráfico de estupefacientes.
Esa misma tarde, efectivos de la Policía recibieron la autorización del juez, revisaron la camioneta e incautaron la cocaína, que tiene un valor en el mercado europeo superior a los cuatro millones de euros, según información de la Junta Nacional de Drogas.
Para la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, esa operación antinarcóticos demuestra “la importancia, el alcance y la penetración de las organizaciones criminales transfronterizas” que actúan en todo el mundo. “Paralelamente, se destaca la vastedad de la red criminal que abarca a argentinos, colombianos, peruanos, griegos, búlgaros y lituanos y, eventualmente, a uruguayos”, señala un informe técnico elaborado para Carlos Díaz, secretario general de esa oficina dependiente de la Presidencia de la República.
Consultado por Búsqueda, el jerarca sostuvo que el gobierno trabaja para fortalecer la regulación de los distintos sectores de la economía con dos objetivos “complementarios”: evitar que Uruguay aparezca en las “listas negras” en cuanto al lavado de activos y mantener la “soberanía del país” impidiendo que “el crimen organizado” sea el que “tome las decisiones” internas.
El delito de lavado de activos se comete mediante el ocultamiento, la conversión o la transferencia de dinero o bienes producidos por ilícitos.
Impedir “el avance”.
A finales de la década de 1970, Pablo Escobar financió la construcción de miles de casas en Medellín, Colombia, destinadas a los más pobres de la ciudad. Esa fue solo una de las medidas que adoptó el “zar de la droga” para granjearse popularidad y mejorar su imagen, valiéndose de las ganancias que obtenía gracias al tráfico de cocaína. El fundador del “Cártel de Medellín” llegó a incursionar en la política y ganó un escaño en el Congreso colombiano, hasta que en 1983 su fachada comenzó a desmoronarse.
La vida de Escobar es, según Díaz, el “ejemplo paradigmático” de lo que pueden llegar a hacer las organizaciones criminales una vez que logran corromper el sistema público y dominan el sector privado. De acuerdo a los análisis internacionales citados por el jerarca, hay países que “tienen un alto porcentaje de su economía tomada por grupos delictivos, que llevan adelante actividades legales e ilegales”.
En Uruguay todavía no hay “grandes organizaciones operando para el mercado interno”, aunque sí trabajan grupos que tienen actividades transnacionales. A su vez, las esposas de los capos vienen a vivir a Montevideo por una cuestión “de seguridad; compran casas en Carrasco y mandan a sus hijos a colegios de la zona”, informó.
“Lo que tenemos que hacer —añadió Díaz— es impedir que el crimen organizado avance y sea el que tome las decisiones en Uruguay”.
“Discursos sesentistas”.
En marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos divulgó un informe en el que señala que Uruguay es “vulnerable” al lavado de dinero y al “financiamiento de terrorismo”.
El documento fue difundido por el gobierno norteamericano en momentos en que los países centrales —acompañados por los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional— impulsan una agenda de cambios en los controles de la actividad económica y de las transacciones de dinero con el objetivo de fortalecer el combate al lavado de activos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo internacional vinculado a la OCDE, emitió en febrero 40 “recomendaciones” que deben seguir los países para combatir el “blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo”. Entre otras cosas, se establecen criterios para el “combate a la corrupción y operaciones (económicas) sospechosas”.
Díaz, que a partir de agosto ejerce la presidencia del GAFI en el área sudamericana, dijo que el gobierno trabaja para aplicar esas recomendaciones. Esto implicará modificaciones en materia legal, así como un aumento del intercambio de información tributaria con el resto de los países.
“Sería terrible económicamente hablando aparecer en una lista del GAFI, las represalias en este caso son inmediatas. Pueden implicar desde un encarecimiento de las transacciones internacionales hasta que otros países dejen de hacerlas con nosotros”.
El secretario antilavado cuestionó a quienes dicen que Uruguay “pierde soberanía” cuando firma acuerdos para facilitar el intercambio de información tributaria. Sostuvo que “soberanía” es “defender a la gente, tenés que defender su sustento, su dignidad” aunque eso “significa tener que ceder algo para que no disminuya la actividad económica” y la inversión.
“Podés mantener discursos sesentistas de no aceptar las recomendaciones extranjeras ni negociar con organismos internacionales como el FMI, pero en el mundo que vivimos tenés que darte cuenta que así estás perjudicando a tu pueblo”, argumentó.
Más “gente presa”.
El FMI evalúa que la economía uruguaya posee varios sectores vulnerables, en los que las organizaciones criminales pueden actuar para “blanquear” dinero. Según un diagnóstico de ese organismo los sectores o actividades con mayor “riesgo” son: comercio exterior; financiero; turismo; inmobiliario/construcción; agroindustrial; deportes; servicios profesionales; casinos; asociaciones público privadas; y fundaciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) (Búsqueda Nº 1659).
Díaz dijo que su secretaría comparte ese análisis y que a partir de sus conclusiones está adoptando medidas. El gobierno prevé, por ejemplo, aumentar los controles en el sistema financiero y en las zonas francas, porque “si no hace algo pronto, puede recibir noticias negativas de las entidades internacionales”.
En las próximas semanas la Secretaría Antilavado convocará a un grupo de trabajo para analizar si se están aplicando “los controles que cada organismo tiene que hacer” sobre las ONG y estudiar si “es necesario propiciar modificaciones legislativas” sobre esa área.
Si bien en los últimos años se han adoptado algunas decisiones para mejorar los controles, Díaz opinó que “muy pocas personas” fueron procesadas por delitos vinculados al blanqueo de capitales.
Las autoridades mantienen reuniones periódicas con jueces, fiscales y policías y pretenden darle “más herramientas” y recursos humanos para enfrentar esos delitos. Al respecto, Díaz opinó: “Tenemos que mejorar la represión en el tema lavado de activos porque sin gente presa no hay prevención ni disuasión que valga”.
