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Aunque el análisis de las firmas recolectadas para derogar parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC) todavía no se completó, el oficialismo asume que ese casi seguro referéndum del año que viene será una compulsa política que puede marcar el resto del período. Con ese escenario, en su consideración está, entre otras cosas, cuál es el mejor momento para poner sobre la mesa la reforma de la seguridad social, dijeron a Búsqueda varias fuentes del gobierno.
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En el oficialismo consideran que se trata de un proyecto con alta sensibilidad para los uruguayos, ya que tocará tanto al Banco de Previsión Social como a las distintas cajas especiales (policías, militares, escribanos, otros profesionales universitarios y bancarios). También entienden que es una reforma clave para mejorar el problema fiscal del país, y que eso lo tienen presente las calificadoras de riesgo.
Una comisión —de “expertos” (CESS)— integrada por delegados del gobierno y representantes del Frente Amplio, el PIT-CNT, los empresarios y los pasivos entregó un diagnóstico y ahora está en la etapa de preparar un documento propositivo. Para eso está corriendo una prórroga de 45 días —hasta el próximo lunes 20—, aunque es casi seguro que pedirá otra. Y, después, los insumos que aporte al Poder Ejecutivo serán la base para la elaboración de un proyecto de ley de reforma. Según una de las fuentes, es razonable pensar en dilatar la presentación de una iniciativa al Parlamento de un proyecto para después de que quede despejada la cuestión de la LUC del horizonte político. El plan original de la coalición multicolor era presentar una iniciativa durante 2020.
Una encuesta sobre el posible comportamiento de los votantes en el eventual referéndum contra 135 artículos de la LUC se conoció la semana pasada. Según Equipos Consultores, el 47% respaldaría la norma, 33% votaría para su derogación y 20% no se definió. El sondeo captó, también, un alto desconocimiento del contenido de la ley, que incluye cuestiones sobre seguridad, el manejo fiscal y la educación, por ejemplo.
Esos son porcentajes similares a los que había captado Cifra en una encuesta realizada entre fines de junio y comienzos de julio. En este caso, el 43% se decía proclive a ratificar la LUC, el 34% a dejarla sin efecto y un 23% aseguró no tener una decisión tomada.
La Corte Electoral sigue adelante con la validación de las firmas que promueven la consulta popular, cuya fecha probable —según algunas fuentes— es junio de 2022.
Prórroga
Por el nivel de avance que lleva el trabajo es “razonable” que se pida una nueva prórroga, dijo a Búsquedael presidente de la CESS, Rodolfo Saldain.
Los nueve integrantes del oficialismo trabajan para llegar a un consenso en las propuestas que incorporará el documento final, para luego compartir el texto a los otros seis integrantes. El grado de avance ronda el 80%-85%, dijo Saldain en El País de ayer miércoles.
Los delegados del oficialismo ya llegaron a acuerdos en algunas recomendaciones. Uno de los puntos que incluirá el texto es la necesidad de elevar de 60 a 65 años la edad mínima de jubilación. También se sugerirá un diseño para establecer un “ingreso mínimo garantizado en la vejez”, aunque no será el modelo presentado por el representante del Partido Independiente en la CESS, señaló Saldain a Búsqueda.
También hay acuerdo en torno a cambios que se sugerirán para las administradoras de fondos previsionales y para crear una “superintendencia” de los subsistemas de la seguridad social.
Sobre la Caja de Profesionales, que se entiende tiene un diseño “estructuralmente inviable”, no serán incorporadas las propuestas que hizo ese organismo paraestatal porque “no son viables” y, en algunos casos, “agrandan el problema”, dijo Saldain.
El tratamiento de la “caja militar” es de los asuntos dentro del 15% que queda pendiente para acordar. Sin embargo, el presidente de la CESS afirmó a Búsqueda que “hubo avances importantes en el diálogo”, como en la sugerencia de aumentar la edad de retiro, actualmente en 47 años.
El 4 de agosto fue la última reunión de la CESS con todos los integrantes. La delegación del Frente Amplio escribió a la presidencia del grupo un mail solicitando un cronograma de trabajo, pero aún no recibió esa información.
Ernesto Murro, uno de los tres delegados frenteamplistas, dijo en el evento consignado por El País que la CESS “no está funcionando” desde hace dos meses.
Según las fuentes de Búsqueda, en la oposición especulan con que el Poder Ejecutivo enviará el proyecto de ley para modificar la seguridad social al Parlamento luego del referéndum por la LUC y creen que el resultado de esta consulta definirá la suerte que correrá la reforma.
