Gobierno de Finlandia transmitió su preocupación a autoridades entrantes por sospechas en licitación de radares meteorológicos

Los representantes del futuro gobierno esperaban que la embajadora planteara cuestiones vinculadas al proyecto de UPM o posibles alianzas educativas. La visita, sin embargo, tenía como motivo manifestar su “preocupación” por el proceso que lleva adelante el actual gobierno en el llamado a licitación para la adquisición de un radar meteorológico, dijeron fuentes políticas.

Así, en noviembre de 2019 el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, en su calidad de titular de Sistema Nacional de Emergencia, junto con la directora del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Madeleine Renom, anunciaron en Torre Ejecutiva que el gobierno había definido la compra del primer radar meteorológico del país y que se instalará en la localidad de Biassini en el departamento Salto. La licitación sería por US$ 3,6 millones y estará operativo en 2021.

Para financiarlo se creó el fideicomiso Radares, en el que participan la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Sistema Nacional de Emergencia, Inumet, UTE, Antel, Banco de Seguros y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

En aquel entonces la directora del Inumet dijo que serviría para “determinar zona de probabilidad de un vórtice que pueda generar tornados en superficie”. Explicó que se eligió ese lugar porque “el norte del país es una de las zonas de mayores tormentas convectivas, que ocurren en toda la primavera y época del verano”. 

El pliego definió que los oferentes debían presentar su postulación contemplando la realización de la obra civil, el hardware y software necesario, entre otras cosas. Y exigió, entre los documentos base, presentar estudio de suelo y preparación del terreno para la instalación del sistema radial y evaluación del impacto ambiental, entre otros relevamientos. 

En primera instancia se definió como plazo para la presentación de ofertas el 20 de enero, pero después se corrió la fecha hasta el pasado lunes 3.

Críticas. 

Vaisala es una empresa líder a escala mundial en relación a las mediciones de eventos climáticos. Es una empresa vinculada al gobierno finlandés, pero que, como lo hacen Alcoholes del Uruguay o Ducsa, puede operar en el sector privado. La compañía tenía un gran interés en participar en la licitación.

De hecho, en febrero de 2017 dos de sus directores, Aleksis Kavaja y César Guerrero Córdoba, viajaron a Uruguay y firmaron un preacuerdo con el gobierno para proveer equipamiento y capacitación al Inumet. Pero no hubo mayores avances.

Guerrero Córdoba acompañó a la embajadora finlandesa a la reunión con el gobierno electo y fue el encargado de transmitir a las autoridades algunos detalles de cómo fue planteada esta licitación que le generaron “sospechas” y complicaciones que le impidieron presentarse al llamado. Muchos de esos cuestionamientos también han sido planteados de forma aislada por meteorólogos.

El enviado de la empresa criticó los plazos previstos. El 18 de diciembre de 2019 se abrió el llamado y se definió el 20 de enero como fecha límite para presentar las ofertas. Los enviados finlandeses transmitieron que las exigencias de estudios de impacto ambiental y los estudios de suelo son procesos que llevan más tiempo y que solo podrían contar con ellos para ofertar alguien que los hubiera realizado con anterioridad.

Por otra parte, advirtieron que les sorprendió ver que el pliego de licitación era gratuito, ya que en licitaciones por varios millones de dólares se suele cobrar para de esa forma evitar que se presenten oferentes que no cumplan los requisitos. 

Y por último, indicaron que las características del equipamiento que el Estado uruguayo pide “no sirve para advertir fenómenos” como el tornado de Dolores, porque los radares Doppler de banda S —que es lo que se pide—registraría información a un nivel macro meteorológico y no las situaciones puntuales.

Nadie recurrió. 

Al ser consultado por Búsqueda, el prosecretario de la Presidencia aseguró que el proceso “es transparente, público, de acuerdo a los intereses de Uruguay”, y agregó que a la empresa finlandesa “siempre se le expresó que el proceso sería competitivo y con las garantías correspondientes”. Asimismo, sostuvo que “los plazos que se manejan en una licitación no son arbitrarios, sino que están fijados legalmente y también en los pliegos”. Y afirmó que “hasta el momento” no sabe de ninguna empresa que haya recurrido o impugnado cualquier acto administrativo relacionado con la licitación. “Está todo dentro de lo que indican las normas”, concluyó.