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Mediante un decreto fechado el miércoles 9, el gobierno incorporó los equipos de riego de cultivo en el régimen para la importación de insumos agropecuarios que otorga una serie de exoneraciones de tributos, depósitos y tasas consulares y portuarias, lo que intenta impulsar las inversiones para regar las plantaciones agrícolas.
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Y en esa línea, en los próximos días el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento un proyecto de ley que establece algunas modificaciones en el marco legal sobre riego, especialmente en cuanto a “darles mayores garantías a los potenciales inversores en la instalación de represas multiprediales”, entre otras obras, señalaron a Campo fuentes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Basándose en una gestión promovida por esa cartera de Estado, la actual administración del presidente Tabaré Vázquez determinó la inclusión de los “equipos de riego para cultivos, sus componentes y sus repuestos” en la nómina de insumos empleados en el agro local que figuran en el citado régimen de importación, que fue creado por decreto en 1979. Esa norma establece que el objetivo es darles “franquicias” a los importadores para que puedan adquirir ciertos insumos a precios internacionales y “otorgarles carácter permanente de manera que el sector desarrolle su actividad en condiciones de mayor certidumbre”.
El área agrícola bajo riego en el agro uruguayo tuvo un significativo crecimiento en los últimos 40 años, pasando de 50.000 hectáreas a algo más de 220.000 hectáreas, principalmente por el uso de ese sistema en el cultivo de arroz, según datos del MGAP.
Un estudio sobre riego en Uruguay, publicado en 2013 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), advirtió que los procedimientos en instituciones públicas para el otorgamiento de permisos y concesiones de obras con fines de riego resultaron en la práctica “sumamente engorrosos” y motivaron “crecientes críticas” de los usuarios.
“Es urgente la simplificación de los procedimientos y los requisitos actuales, que atentan contra cualquier esfuerzo de promoción masiva del riego”, recomendó.
Otro aspecto que en ese estudio se considera que merece especial dedicación dentro de una política de promoción y desarrollo del riego es la capacitación de los productores y de técnicos vinculados a esa actividad, ya que hay un déficit en ese sentido.
Para incentivar la construcción de represas multiprediales sugiere que el Estado lidere e instrumente un programa de inversión, determine la localización de las futuras obras y luego avance en las expropiaciones donde se instalarán los embalses, pero a partir del “compromiso firme de los potenciales beneficiarios, que de alguna manera debería ser formalizado”.
