Gobierno pagará $ 246 millones a los funcionarios judiciales

La decisión surgió luego de que la Suprema Corte de Justicia (integrada por ministros de Tribunales de Apelaciones) fallara el lunes 30 de noviembre a favor de un recurso iniciado por los funcionarios y declarara inconstitucionales tres artículos de la ley 19.310.

Ese artículo, si bien fue impugnado por los funcionarios ante la Corte, se mantuvo firme, ya que los ministros entendieron que no tenían legitimidad para recurrirlo.

Por eso el gobierno, que había dicho que no reglamentaría la ley hasta que no se pronunciara la Corte, decidió cumplir lo prometido y aplicar ese artículo.

“La posición del presidente de la República y del Poder Ejecutivo con referencia a la reglamentación de la Ley 19.310 fue siempre una, única, firme y sin contradicciones (…) en el sentido de no reglamentar la ley mientras estuviera cuestionada por grupos de funcionarios o de actores”, dijo ayer en la conferencia el secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma.

“Honrando el compromiso asumido y honrando la posición firme establecida, el Poder Ejecutivo procederá a reglamentar el artículo 3 de la ley 19.310 haciendo uso de la facultad que le confiere esa disposición y asignando al Poder Judicial una partida de $ 246 millones para distribuir en la totalidad de sus funcionarios. Una vez reglamentadas van a ser ejecutadas”, anunció.

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, informó que tras la reunión con los gremios judiciales se resolvió instalar “un ámbito de negociación para la distribución de esta partida porque podría eventualmente tener diferentes criterios en su distribución”.

Buena noticia.

Aunque el pago de ese dinero no soluciona el reclamo salarial de los gremios, ya que aspiran a un aumento del entorno del 26%, fue recibido como una “buena noticia” por los trabajadores.

“Lo valoramos como algo bueno, y además recuperamos el ámbito de diálogo”, destacó el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU), Carlos Fessler.

“Esto es una partida, no soluciona el tema de fondo”, aclaró. Pero “se creó un nuevo ámbito de negociación para buscar soluciones a los otros temas”.

Diego Pardo, de la Asociación de Actuarios, coincidió en que el anuncio “es positivo”.

Ahora los gremios deberán ponerse de acuerdo en cómo distribuir ese dinero, explicó.

La propuesta de los funcionarios es que no se distribuya de forma pareja entre todos los gremios —que equivaldría a un incremento del entorno del 8% para cada funcionario— sino que se tengan en cuenta los salarios más bajos. “No es lo mismo un 8% para alguien que gana 15.000 que para alguien que gana 150.000”, señaló Fessler. “Pensamos que tiene que distribuirse de manera diferenciada, atendiendo de manera distinta al que gana menos”.

Ese criterio es compartido por los actuarios y los defensores públicos, aunque la Asociación de Magistrados —que reciben los sueldos más altos— no está de acuerdo y prefiere un reparto equitativo para todos.

Hoy jueves a las 9 de la mañana se reunirán todos los gremios para conversar y tratar de acordar una fórmula para proponer al Ejecutivo. El próximo martes 8 ya está fijada una reunión con el Ministerio de Trabajo para resolver cómo se distribuirá el pago.

Por otra parte, los jueces solicitaron reunirse hoy con la Suprema Corte de Justicia. Según dijeron a Búsqueda fuentes judiciales, los magistrados quieren que sea la Corte la que decida cómo distribuir el dinero.

El ministro de la Corte, Jorge Larrieux, dijo a Búsqueda que a su juicio la ley 19.310 “no hace una distinción” entre los gremios, con lo cual considera que la partida debería repartirse con el mismo criterio entre todos los funcionarios, tomando como referencia el salario de los ministros —a partir de los cuales se fijan todos los salarios del Poder Judicial—y de ahí calcular el aumento para todos los restantes escalafones.

Larrieux consideró que la decisión del Ejecutivo es “un avance”, aunque desconoce cómo el gobierno planea resolver los demás reclamos. “La Corte no sabe cuál es el plan del Ejecutivo. No tenemos información”, afirmó.

También el ministro Ricardo Pérez Manrique señaló que aún están pendientes otros reclamos, como el de mayor presupuesto para el funcionamiento del Poder Judicial, que fue ignorado en el proyecto de ley de Presupuesto. “Nadie habló del tema institucional”, indicó. “Estamos a la expectativa”.