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Los litigios internacionales que tiene planteado el Estado uruguayo por inversores generan “preocupación” en el gobierno, ante el impacto que pueden tener eventuales fallos desfavorables, reconocieron a Búsqueda fuentes oficiales.
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El asunto fue abordado en los más altos niveles de la administración del Frente Amplio. Eso incluyó un diálogo telefónico entre el presidente Tabaré Vázquez y su antecesor, José Mujica.
Consultado por Búsqueda, el mandatario confirmó que el tema de los litigios fue abordado en esa conversación.
“Efectivamente, hablé con el senador Mujica. Hablamos sobre los juicios que enfrenta el Estado de Aratirí e Italba. Se acordó que había que trabajar sobre estas dos demandas que enfrenta el Estado”, informó Vázquez.
Detalló que el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, viajó a Estados Unidos para “ver la marcha de estos dos pleitos y se reunió con el embajador” uruguayo en ese país. Y le pidió a Mujica que hablara con Toma si quería “mantenerse informado”, contó el presidente.
En ese marco, el gobierno trabaja en torno a una “estrategia” y en los pasos a seguir frente a los dos litigios, agregó una de las fuentes consultadas.
Arbitrajes.
La demanda planteada por la empresa estadounidense Italba Corporation fue presentada en febrero de 2016 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, un foro arbitral del Banco Mundial que ese mismo año falló a favor de Uruguay en la querella llevada por la multinacional tabacalera Philip Morris.
Italba, proveedora de servicios de banda ancha en Uruguay a través de la subsidiaria Trigosul, cuestiona la revocación de la licencia resuelta en 2011 por la Unidad Reguladora de los Servicios de Telecomunicaciones por presuntos incumplimientos.
Mientras, el arbitraje internacional planteado por los accionistas de la minera Aratirí, al amparo del tratado para la protección de inversiones con el Reino Unido, se encuentra en las etapas iniciales. Su inicio fue notificado al presidente Vázquez el 19 de julio pasado (Búsqueda Nº 1.927).
Ritika Mehta, Prenay y Vinita Agarwal, impulsores del proyecto para la explotación de hierro en Uruguay, acusan al gobierno de haber tenido una conducta arbitraria y no transparente, contraria a sus expectativas como inversores.
Alegan que desde el Estado se “incentivó desde el comienzo” el emprendimiento pero luego “implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto y de forma retroactiva”. Los inversores, ciudadanos británicos, resaltan puntualmente la modificación de la ubicación de la terminal portuaria por donde exportaría el mineral, desde La Angostura —donde según Aratirí se gastaron “decenas de millones de dólares en estudios”— para el lugar previsto para el puerto de aguas profundas, en El Palenque, y luego un nuevo cambio para La Angostura.
El arbitraje se inició bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocida con la sigla Uncitral. Los demandantes ya nominaron a su árbitro y el gobierno uruguayo debe designar al suyo.
El artículo 15 del proyecto de Rendición de Cuentas que ya cuenta con media sanción en el Parlamento le permite al Estado posponer el pago de condenas, “sean sentencias laborales, civiles o de cualquier otra naturaleza, transacción homologada o laudo arbitral”, cuando superen los 75 millones de unidades indexadas a la inflación (unos US$ 10 millones).
Esa disposición es vista con preocupación por empresarios e inversores, sobre todo los que contratan con el Estado (Búsqueda Nº 1.931).
El miércoles 23, al hablar en un evento empresarial organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que el artículo es “una garantía de pago” y no “un riesgo” de postergación, al establecer que el crédito deberá preverse en la siguiente instancia presupuestal.
