El gobierno pretende dar respuesta a los reclamos de productores ganaderos y otros sectores de la sociedad sobre la necesidad de reforzar las barreras sanitarias, mediante la participación de las Fuerzas Armadas en los controles que realizan funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en las fronteras. Ese es uno de los planteos incluidos por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Al igual que en años anteriores, esa cartera de Estado propone algunas novedades, como la creación de una nueva tasa para la importación de fertilizantes, la mudanza de las oficinas centrales del Instituto Nacional de Carnes y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria a la sede del Dilave y la conformación, con algunos ajustes, de un cuarto fondo arrocero, entre otros asuntos.
Detención y revisación
El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) podrá encomendar al personal de las Fuerzas Armadas (FFAA) el cumplimiento de funciones de apoyo a los cometidos de barrera sanitaria fronteriza, a cargo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, según lo establece el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.
Ese texto, enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento este mes, prevé que las FFAA cumplirán las “tareas de detención y revisación”, en los lugares que se determinen, “siendo de competencia exclusiva del personal del MGAP las funciones de requisa”.
“Cuando el personal militar asignado a las tareas referidas en el presente artículo se viera obligado a utilizar los medios materiales de coacción, deberá hacerlo en forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión adecuados que estén a su alcance”, de acuerdo con cada caso, plantea.
El proyecto prevé además la transferencia al MDN de una partida anual de hasta $ 12.000.000 para otorgar una “compensación adicional diaria” al personal que se destine a cumplir funciones de apoyo en las barreras sanitarias a cargo de Ganadería.
Habilita al MGAP a que en cumplimiento de sus cometidos sustantivos en materia de sanidad animal e inocuidad alimentaria y a través de sus unidades ejecutoras, proceda a decomisar definitivamente y sin más trámite, los animales y productos de origen animal y vegetal que ingresen al país en contravención a las normas zoosanitarias o fitosanitarias de importación. Por resolución fundada se determinará, en función de una evaluación de riesgo, el destino de los animales y mercaderías en infracción, establece.
Otro aspecto novedoso es que en el proceso judicial, el juez competente “no podrá dictar resolución sobre los animales y mercaderías incautados, sin previo pronunciamiento preceptivo de la autoridad sanitaria competente” oficial.
En caso de ingreso de animales en infracción de cualquier especie, esa Secretaría de Estado, a través de sus unidades ejecutoras competentes, dispondrá “el sacrificio sanitario y destrucción total”, según corresponda, de acuerdo con las normas sanitarias, medioambientales y de bienestar animal vigentes, “cuando constituyan un riesgo para la salud humana, animal, vegetal o para el medioambiente”, según el proyecto en cuestión.
Indica que en ese caso, sus propietarios o tenedores “no tendrán derecho a indemnización, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones legalmente establecidas y de las acciones penales que pudieren corresponder”.
El Ejecutivo reglamentará ese artículo dentro de 180 días de la promulgación de la presente ley, señala.
Indemniza
La ley 19.300, de 2014, que establece el seguro sobre enfermedades prevalentes en bovinos, autoriza al Estado a subsidiar los gastos de saneamiento a los productores propietarios o tenedores a cualquier título de animales bovinos de predios que fueron declarados foco de la enfermedad por parte de la autoridad sanitaria, además de brindar apoyo en las medidas de prevención y vigilancia epidemiológica, a los propietarios o tenedores a cualquier título de los animales de predios linderos.
En el proyecto de ley mencionado, el Poder Ejecutivo modifica el alcance de esa medida a los “focos” de las enfermedades en lugar de los “predios interdictos”, que supone otra concepción en cuanto a la extensión y el alcance que comprende el problema sanitario.
En los últimos años el fondo pagó U$S 17,2 millones en concepto de indemnización por 12.191 animales sacrificados por dar positivo en brucelosis y tuberculosis, según datos del MGAP.
Fertilizantes
Otra de las propuestas incluidas en la Rendición de Cuentas es la creación de una tasa que gravará la actividad específica de contralor de importación de fertilizantes, cuya recaudación corresponderá a la Dirección General de Servicios Agrícolas.
El objetivo es que el pago de la denominada Tasa de Notificación de Importación de Fertilizantes se realice en Unidades Indexadas (UI). Establece que las importaciones de fertilizantes compuestos de nitrógeno pagarán 500, los productos de un elemento 650, los compuestos de fósforo y potasio o fósforo y nitrógeno 1.100 y para los fertilizantes elaborados de fósforo, potasio y nitrógeno la tasa será de 1.600.
El valor de la tasa en su equivalente en moneda nacional se ajustará el 1º de enero y el 1º de julio de cada año, indica.
“Exclusivamente” arrocero
Con el objetivo de cancelar deudas de productores originadas “exclusivamente en la actividad productiva arrocera” con el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y con otras instituciones de intermediación financiera, que determine la reglamentación y con las empresas industrializadoras y exportadoras, se plantea la conformación de un nuevo fondo para la producción de arroz.
Así lo sugiere el Poder Ejecutivo en el proyecto de Rendición de Cuentas, que supone un cambio respecto al marco legal que creó ese fondo en 2003, el cual establecía que ese fondo podría utilizarse para cancelar deudas de productores de arroz con el Brou y con las industrias, originadas en la actividad productiva, pero no definía “exclusivamente”, ni “arrocera”.
Ese mecanismo de financiamiento no podrá exceder los U$S 80 millones, monto que no comprende el costo financiero que generará la obtención de los recursos necesarios para su constitución, propone.
En una asamblea realizada el viernes 24 en Treinta y Tres, la Asociación de Cultivadores de Arroz decidió reafirmar la necesidad de ese nuevo fondo por U$S 60 millones dentro de los límites planteados en la ley de Rendición de Cuentas y mandató a su comisión directiva a la implementación del mismo. “Teniendo en cuenta que las soluciones financieras no pueden seguir siendo sustitutas de las soluciones económicas genuinas que el sector productivo necesita”, indicó en un comunicado divulgado ese día.
Inia e Inac al Dilave
Con el objetivo de “fortalecer el sistema de negociaciones sanitarias bilaterales y multilaterales para abrir y mantener mercados”, el MGAP tiene prevista la capacitación y consolidación del grupo de trabajo de comercio internacional y de los responsables de recibir y realizar misiones de auditoría y desarrollar un sistema de información y comunicaciones para esa área.
Otra de las propuestas de esa cartera de Estado en la Rendición de Cuentas es mudar las oficinas pertenecientes a la Dirección General de Servicios Ganaderos que funcionaban en el edificio de la sede central del Ministerio, al predio ubicado en Ruta 8 y la Perimetral Wilson Ferreira Aldunate, donde ya se encontraba instalada la División de Laboratorios Veterinarios (Dilave). Y en el marco de las “permanentes coordinaciones con la institucionalidad agropecuaria”, integrada por todas las personas públicas no estatales y servicios desconcentrados con competencia en el área, se prevé “la próxima mudanza de las oficinas y dependencias centrales del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias(INIA) y del Instituto Nacional de Carnes(Inac) también al predio de la Ruta 8.
Un dato del Inac incluido en el proyecto de ley es que las deudas de aportes por ventas de carne en el mercado interno y la exportación alcanzan un monto de $ 51 millones.
