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Luego de meses de redacción, el gobierno finalmente aprobó la Política Nacional de Inteligencia, elaborada para fijar las directrices que orientarán el trabajo de todos los órganos estatales encargados de realizar inteligencia en el país.
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Hace más de una década que Uruguay comenzó a producir más intensamente inteligencia, contrainteligencia e inteligencia estratégica. El régimen quedó establecido a través de la Ley 19.696 de 2018 y las modificaciones introducidas por La ley de Urgente Consideración (LUC) de 2020. Allí se dieron mayores atribuciones a la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE), ubicada en la Presidencia de la República como el órgano líder que dirige a todos los departamentos de inteligencia que operan en los Ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Economía. Fue justamente Álvaro Garcé, director de la SIEE, el principal redactor de la nueva política que estableció los procedimientos de actuación para todo el sistema nacional de inteligencia.
La política hace hincapié en la necesidad de que Uruguay, un país novel en la producción de inteligencia, se adapte a convivir con organismos que elaboren sistemáticamente información sensible, reservada y confidencial a través de los ministerios que ya se desempeñan en el área y con la posibilidad de que se sumen otros organismos del Estado. “En general, los sistemas políticos siguen con especial atención el trabajo de los sistemas de inteligencia y procuran que las actividades desplegadas por dichos sistemas no excedan los límites señalados por el derecho. En el plano internacional existen ejemplos de buenas prácticas de apertura de transparencia, bajo el fundamento doctrinario de la ‘cultura de inteligencia’”, dice el documento, al que accedió Búsqueda.
Y añade: “Uruguay necesita desarrollar una cultura de tal tipo, en particular, una teoría y una práctica de aproximación entre los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, la academia y la población. Se entiende por cultura de Inteligencia al conjunto amplio de los conocimientos que la sociedad debería tener acerca de la importancia, misión y funciones atribuidas por ley a los órganos estatales de inteligencia, de manera que la ciudadanía sea capaz de percibirlos como aliados de sus intereses y no como una amenaza para sus libertades”.
El documento fue aprobado por el Poder Ejecutivo el 23 de mayo y en varios de sus artículos insiste en que todos los órganos de inteligencia de Uruguay operarán dentro de “la legalidad estricta” y en que el sistema en su conjunto va a priorizar “la construcción” de esa cultura institucional para asegurar “el pleno respeto” a los derechos de las personas. Con ese objetivo la SIEE y los ministerios fomentarán la formación de personal de inteligencia al más alto nivel y promoverán la interacción con el mundo académico, en particular, la inclusión de conocimientos relacionados con la inteligencia en los planes de estudio universitarios y terciarios especializados.
Garcé redactó la política inspirándose en modelos descriptos como de “inteligencia democrática”, que tienen como referencia al Centro Nacional de Inteligencia de España y al Servicio de Informaciones de Seguridad de Portugal. Con los cambios que estableció la LUC, el rol de Garcé fue cuestionado por la oposición en el Parlamento, inquieta por el hecho de que una persona dirija todo el sistema, convocando y presidiendo reuniones e informando personalmente al presidente de la República. Garcé aludió a estos cuestionamientos en un artículo publicado en la Revista Internacional de Estudios sobre Inteligencia, de Colombia, donde analizó aspectos de la legislación colombiana y uruguaya y concluyó que los órganos de inteligencia y contrainteligencia de Uruguay no constituyen “una ‘isla funcional’ o ‘zona liberada’ dentro del Estado”.
La nueva política nacional destaca que todo el trabajo de inteligencia de Estado es para proveer información en “la toma de decisiones políticas al más alto nivel del gobierno nacional” y “en las cuestiones de más elevado impacto”: seguridad interna y externa, las oportunidades comerciales, el terrorismo, la protección de los recursos del Estado y la gestión medioambiental, entre otras. Justamente la seguridad interna es un punto que lentamente comienza a generar preguntas dentro del oficialismo, en relación con el trabajo de la SIEE, según supo Búsqueda. Algunos dirigentes del gobierno pretenden conocer más sobre el intercambio entre la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y distintos departamentos de la Policía Nacional —como la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas— y su influencia para combatir el aumento de los homicidios.
