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Gobierno triplicará la videovigilancia en Montevideo y acordó con las intendencias instalar cientos de cámaras en Canelones y Maldonado
El Ministerio del Interior quiere que los presos que salgan con libertad anticipada lleven tobillera electrónica y que todos los delitos que “tengan un contenido económico” sean precedente de lavado de activo
imagen de Gobierno triplicará la videovigilancia en Montevideo y acordó con las intendencias instalar cientos de cámaras en Canelones y Maldonado
El Ministerio del Interior prevé triplicar la cantidad de cámaras de seguridad que existen en Montevideo, lo que implicará “saturar” con videovigilancia zonas de Carrasco, Punta Carretas, Pocitos, Malvín, los alrededores de las grandes superficies comerciales, y controlar todas las vías de salida de la capital. El plan también incluye instalar, en acuerdo con las intendencias, cientos de cámaras en Maldonado y Canelones.
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Mientras afina esa propuesta tecnológica, que tendrá un costo mayor a los U$S 20 millones, la secretaría de Estado prepara varios proyectos de ley vinculados a la seguridad pública, informó a Búsqueda el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Las autoridades pretenden que los presos que reciban los beneficios de salida transitoria o libertad anticipada, deban usar tobilleras, así la policía puede monitorear sus pasos, y que todos los delitos que tengan un contenido económico sean delito precedente de lavado de activo.
El ministro sostuvo que esas medidas, junto a las que están incluidas en el proyecto de Ley de Presupuesto permitirán mejorar el combate a la delincuencia. “Está claro que el problema de la seguridad en la región sigue aumentando”, añadió. “Lo que también está claro para los habitantes de la región y para los encargados de seguridad de la región es que Uruguay sigue siendo una isla”.
“El mejor ejemplo”.
En las últimas semanas, los técnicos del Ministerio del Interior realizaron un relevamiento del estado de situación y de las necesidades de la videovigilancia en Montevideo. Tras el análisis, las autoridades resolvieron que para el final del gobierno Montevideo tenga 2.200 cámaras más, además de las cerca de 1.000 que ya están en funcionamiento.
Bonomi sostuvo que las cámaras de seguridad “han dado buenos resultados”. El “mejor ejemplo”, dijo, es el de Ciudad Vieja, donde los delitos cayeron un 57% según datos oficiales. Ese barrio fue “saturado” con cámaras que son monitoreadas por la Policía para dar respuesta inmediata a un delito.
La ampliación de la videovigilancia, sin embargo, no será igual al caso de Ciudad Vieja porque cada barrio tiene características particulares. Sí se saturarán zonas de Carrasco, Pocitos, Punta Carretas, Malvín y Punta Gorda, los entornos de las grandes superficies comerciales y los denominados “paseos comerciales” ubicados en diversos barrios como el Cerro o La Blanqueada. El plan incluye “cerrar” con cámaras de seguridad todas las vías de salida de la capital y en algunos puntos clave de las principales avenidas.
Consultado acerca de por qué el plan no proyecta videovigilancia para zonas donde están ocurriendo los delitos violentos, como Casavalle y Cerro Norte, Bonomi respondió que para esas áreas prevén patrullaje especial. “Desde hace meses que empezamos con el control de los puntos calientes y está dando resultados”, aseguró.
El Ministerio trabaja con las intendencias de Maldonado y Canelones para ampliar el proyecto de videovigilancia. En el caso de Canelones, la idea inicial implica crear una “Tasa de seguridad” para financiar la mejora de espacios públicos e instalar cerca de 850 cámaras. En el caso de Maldonado serían 600.
Más leyes.
El Ministerio del Interior considera que para mejorar la seguridad, las medidas de corte policial necesitan estar acompañadas por nuevas normas legales.
El gobierno prepara un proyecto de ley para que la reincidencia en el delito dificulte la obtención de la libertad anticipada. El objetivo es que haya un “sistema de limitación” que le impida a ciertos delincuentes salir de prisión antes de lo que establece su condena. Pero además, en los casos en que se otorgue, el gobierno quiere que el beneficiado use una tobillera electrónica por un tiempo, lo que le permitirá a la policía conocer su paradero en todo momento.
A la libertad anticipada pueden acceder las personas privadas de libertad con sentencia firme (penados o condenados). Según el Código del Proceso Penal, pueden solicitar ese beneficio, en cualquier momento, las personas cuya pena sea de prisión de 3 a 24 meses. En caso de que sea de entre dos y 30 años, debe haber cumplido la mitad de la pena impuesta.
“Queremos que haya más libertades anticipadas, pero queremos que sea con tobillera. Consideramos que aun en libertad, el ex recluso está en un proceso de recuperación”, explicó el ministro.
Los asesores de Bonomi trabajan también en una iniciativa legal para ampliar la lista de delitos considerados como delito precedente de lavado de activos, para que incluya todos los crímenes que “tengan un contenido económico”. Hay rapiñeros “que se están enriqueciendo y hoy no podés perseguir sus bienes”, explicó Bonomi a Búsqueda. “Queremos quitarles sus bienes y así dañar más a las organizaciones criminales”.
