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Luego de un período de calma en los niveles de exposición de la Fiscalía General, la investigación penal contra el senador Gustavo Penadés por abuso sexual de menores volvió a concentrar la atención en su trabajo. El protagonismo reeditó, aunque de forma más aislada, un fenómeno que se repite desde la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal: las críticas y los cuestionamientos de actores políticos, frecuentemente legisladores.
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En la sesión donde se discutió el desafuero del legislador, el miércoles 7, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech afirmó que la institución no le “merece confianza” y cuestionó que se aprobara “sin haber visto ninguna prueba”. Este martes 13 volvió a señalar una “manipulación política” de la Justicia que determina una afectación de los procedimientos y sostuvo que se trasladó a la fiscal Gabriela Fossati para apartarla del caso del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, y concluir en el archivo de la denuncia contra el exjerarca del Ministerio del Interior Gustavo Leal. Estas últimas afirmaciones se dieron durante una sesión de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores donde compareció el comisionado carcelario Juan Miguel Petit para opinar sobre el proyecto de ley que establece la prisión domiciliaria a mayores de 70 años.
En el mismo sentido que Domenech, el senador nacionalista Sergio Botana consideró en declaraciones recientes a Radio Sarandí que la Fiscalía está “politizada” y que el Frente Amplio es “netamente favorecido” por esa inclinación. “Nunca había visto un partido que usara a la Fiscalía de Corte para hacer política, para proteger sus intereses”, dijo, y señaló que es posible anticipar cómo terminarán las causas según “quien sea el fiscal”.
Para el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, esas consideraciones sobre el trabajo del Ministerio Público son “injustas”, pero reconoce también que es “legítimo” que los legisladores manifiesten sus discrepancias. Más allá de las declaraciones públicas, dijo a Búsqueda que siente que merece que las diferencias se formulen en un ámbito más directo y constructivo. Aseguró que recibiría “gustoso” a esos legisladores para “buscar soluciones” en conjunto.
Gómez aseguró que la Fiscalía mantiene su independencia y que “no ha habido intentos de torcerla”. Subrayó que “nadie llamó para decir hagan o dejen de hacer”.
En medio de la investigación del “caso Penadés” hubo manifestaciones de apoyo al senador de dirigentes de primera línea del Partido Nacional. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dieron en principio señales de su apoyo y confianza.
El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa, cuestionó esas actitudes. Consideró inoportunas en particular las expresiones de Heber, quien está a la cabeza del “organismo que debe auxiliar a la Fiscalía” y eso es “pernicioso para el trabajo conjunto”.
Gómez, en cambio, matizó el peso de esas expresiones. “En absoluto influyen”, dijo sobre su efecto en el trabajo fiscal.
Hace un año y medio que Gómez pasó a ser el titular del Ministerio Público, de forma subrogante, luego de la renuncia del fiscal de Corte Jorge Díaz. Para nombrar a un sucesor definitivo es necesario una mayoría especial de tres quintos en la Cámara de Senadores, un respaldo que hasta el momento ningún nombre alcanzó.
Si bien a finales de marzo de 2023 el Partido Nacional tuvo la intención de iniciar reuniones para evaluar posibles perfiles de candidatos y avanzar en la definición, que consideran “urgente”, el Frente Amplio planteó que no se sentaría a “negociar” hasta que hubiera “tranquilidad” en torno a la institución.
Desde setiembre del año pasado cuando fue detenido Astesiano, la Fiscalía se mantuvo en el centro de la atención pública por las indagatorias realizadas por Fossati, que dirigía la investigación, pero también por polémicas accesorias al caso: reclamos de falta de respaldo al Ministerio Público, filtraciones de datos reservados, críticas cruzadas entre la fiscal y el Ministerio del Interior y hasta una denuncia por difamación e injurias de la fiscal contra el presidente del Frente Amplio.
Cuando finalmente el alto perfil de la Fiscalía General de la Nación bajó, el Partido Nacional perdió a Penadés por las denuncias por abuso sexual de menores en su contra. El senador era uno de los interlocutores en torno al tema junto con la vicepresidenta Beatriz Argimón (ver página 9).
En diálogo con Búsqueda, Gómez reiteró la necesidad de la designación de un fiscal de Corte y señaló que “no puede estar teñida de colores partidarios”. En ese sentido, manifestó que “sueña” con que los legisladores visualicen que la institución debe estar “ajena a las veleidades políticas”.
“El sistema político debe pensar que quien dirija la Fiscalía no tenga preferencias explícitas partidarias”, afirmó.
Mientras tanto, el fiscal de Corte interino se mantendrá en su rol, “cumpliendo con la Constitución”, aseguró.
