Fernández consideró que la duración de la “investigación preparatoria” de la que ha sido objeto es “inaudita”, porque “insume ya la friolera de 20 meses sin que el representante fiscal, ni tampoco el oficio (el juez), hayan entendido necesario” citarlo “a prestar declaración, ni siquiera una de carácter provisorio o inicial”.
El abogado estimó “insólita” e “inadmisible” la afirmación de Perciballe en un dictamen de este año en la que “advierte que nuevamente se soslaya la citación a audiencia de quienes aparecen como indagados” y, sin embargo, agrega que “urge su citación”.
“Tamaña afirmación no puede ser tolerada, por cierto, porque apenas radicada la denuncia en autos, me puse a entera disposición del Juzgado el 21 de setiembre de 2010”, refutó Fernández. “Si algo fluye como transparente e irrefutable en infolios es mi voluntad de colaborar en todo cuanto estuviera a mi alcance con el tribunal, para esclarecer enfáticamente los hechos y demostrar la verdad material de lo ocurrido”.
“Desgraciadamente”, dijo Fernández, su “actitud indiscutible de máxima cooperación con el Juzgado (...) fue en vano”, porque el fiscal “se dedicó a requerir otras innumerables diligencias probatorias, las más de ellas completamente inútiles”, y “así fue perdiendo lastimosamente el tiempo y haciendo trabajar en forma innecesaria al Juzgado en la absurda pesquisa de extremos fácticos de la más diversa índole que, merced a mi propia declaración, hubieran podido ser aclarados ‘ipso facto’”.
El ex hombre fuerte del presidente Tabaré Vázquez advirtió que “en un presumario penal iniciado el 20 de agosto de 2010, después de dar vueltas y vueltas solicitando innumerables diligencias de prueba”, Perciballe “recién tomó la iniciativa de pedir la convocatoria del indagado casi 17 meses después de iniciada la investigación”, cuando su citación “constituía el acto procesal más elemental y básico de la indagatoria”.
El fiscal no citó a Fernández hasta el 27 de febrero de este año y “las razones de tan dilatada demora (de 17 meses) son un misterio, tan enigmático como la súbita urgencia que de pronto lo acucia”, relató.
Pero “quien ha tenido que soportar el lento y moroso decurso inercial del presumario, sus inusitados vaivenes pendulares y su persistente promoción pública, he sido yo, tan luego. Lo soporté en silencio, admitiendo y tolerando todas cuantas iniciativas peticionaba el Ministerio Público y le concedía el Juzgado”, añadió.
“El fin de la tolerancia”.
Fernández dijo “haber tolerado ya demasiado” y, por ello, “esta presentación bien podría titularse (...) como ‘el fin de la tolerancia’”.
Pero, precisó, “el fin de la tolerancia impone que el tribunal se pronuncie de una buena vez por todas. Si precisa una declaración oral, que llevo ofrecida hace 20 meses sin éxito, pues que me convoque e iré de inmediato a la sala de audiencias”.
El abogado dijo que en su caso fue excedido “el plazo razonable de enjuiciamiento” (un año para un presumario) y que no surge del expediente que se haya elevado un informe escrito a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que esta pudiera “valorar la continuidad o no del magistrado actuante”. Ese “deber de información periódica” a la SCJ “se habría incumplido” hasta “por dos veces consecutivas”.
Si a Perciballe le urge, “de pronto, la culminación de la fase instructoria”, Fernández dijo que a él “también” le “urge, y desde el primer día; (...) tengo el mismo o aún mejor derecho que la Fiscalía a obtener un pronunciamiento final en este presumario”.
Según Fernández, la indagatoria presumarial de 20 meses fue “asombrosamente” acompañada “de un inaudito ‘strepitus fori’, configurado —una y otra vez— por la generosa y reiterada información periodística surgida con cada paso que daba este expediente”.
“¿Cómo puede ocurrir, me pregunto, que el movimiento de un presumario sea inexorablemente divulgado por la prensa? ¿Quién les cuenta con antelación a los periodistas lo que luego va a suceder?”, interrogó.
“Si fuera cierto aquel dicho popular de que ninguna persona resiste tres tapas consecutivas de la prensa, pues en tal caso he de considerarme un milagroso sobreviviente, ya que vengo soportando 20 meses de información periodística sobre este procedimiento presumarial, que en el imaginario popular machaca y machaca siempre en mi contra. Es de suponer que para mucha gente ajena al quehacer judicial, yo debo haber sido ya condenado por la Justicia como reo de delito mayor”, escribió.
Fernández reivindicó su “derecho a la honra, a la integridad de la reputación y a la dignidad”, que “terminan inexorablemente mancilladas con tanto y tan extremado manoseo burocrático-forense, que por arte de birlibirloque siempre ‘trasciende’ a los medios masivos de comunicación”.
Una “frase enigmática”.
Fernández acusó al denunciante (en todos los casos, el abogado Gustavo Salle) de actuar “maliciosamente” aprovechando el “ritmo inercial y errático” de la investigación penal.
El ex ministro recordó que en ocasión de pedir la citación del ex presidente Tabaré Vázquez, el fiscal deslizó “una frase enigmática sobre citaciones futuras pidiendo que se convoque ‘a quien la sede (el Juzgado) entienda les asista la calidad de indagados’”, una frase “muy poco feliz, equívoca, alambicada y hermética” según la cual Perciballe “no determina ni individualiza al indagado, sino que le endosa la carga al tribunal”.
“¿Acaso a esa altura del presumario el titular de la acción pública no sabía todavía qué y a quién estaba indagando? ¿Le era necesario que fuera el juez quien lo determinara? La actitud, dígaselo con todas las letras, carece de la más mínima seriedad procesal”, afirmó.
Fernández acusó al fiscal Perciballe de haberse comportado en este caso “en el marco de un impulso procesal errático, incoherente, pautado por el más absoluto desorden instructorio”.
El dictamen del fiscal urgiendo la citación de Fernández en febrero pasado se originó “en el marco de (...) la disputa o competencia por la titularidad de la Fiscalía de Corte, que condujo (...) a peticionar de golpe la citación” de Tabaré Vázquez, “‘sugiriendo’ su eventual calidad de indagado”.
“Esta verdad no sólo la sé yo, sino todo el Juzgado, todo el Ministerio Público y, probablemente, medio Poder Judicial, porque no ha sido un secreto a voces, sino a alaridos (...). Hasta lo supo y lo publicó la prensa”, manifestó.
Y reclamó: “a no inventar urgencias repentinas, ni a querer transformar zancadillas en requerimientos procesales, cuando todo el mundo conoce y escucha los tambores de la guerra”.
“Alardeó”.
Fernández recordó que Perciballe asistió a comienzos de los años 90 a su Cátedra en la Universidad de la República “en mera calidad de oyente” y dijo que “de haber sospechado entonces cuanto hoy tengo comprobado, jamás le hubiera autorizado a pisar mi clase en la Facultad”.
Respondiendo a un cuestionamiento presentado por Salle en cuanto a una presunta afinidad entre el ex secretario de la Presidencia y Perciballe, Fernández aseguró que “ninguna relación” mantiene con el fiscal, quien “ha desplegado en autos una abierta e inocultable hostilidad hacia mi persona”.
“Yo sí tendría motivos mucho más valederos” que los de Salle “para exigir su abstención en este procedimiento, porque desde el primer día, apenas planteada la descabellada denuncia que da inicio a estos autos”, Perciballe “anunció a todo quien quiso oírlo que iba a requerir mi procesamiento”, dijo.
“Según me lo han referido múltiples personas, del gobierno y del llano, incluyendo a algunos de sus propios colegas del Ministerio Público, el agente fiscal no sólo lo comentó sino que alardeó insistentemente con ello, lo cual de por sí sería una clara violación a su deber de reserva funcional”, agregó.
Fernández alegó que la circunstancia de que un fiscal adopte “una decisión antes de haber instruido siquiera mínimamente los autos en que le competerá expedirse, supone una grave ‘capitis diminutio’ para el indagado” y un “flagrante apartamiento de la legalidad”.
“Sé desde un inicio y desde hace mucho tiempo lo que programa hacer el titular del Ministerio Público en esta investigación presumarial”, admitió Fernández, y añadió que “es terminantemente escandaloso” que “su designio de actuación futura sea comentario y noticia periodística anticipada”.
Los fiscales, explicó Fernández, están funcionalmente comprometidos “con las reglas de la legalidad y la verdad” y por más que Perciballe “haya revuelto y siga revolviendo las cosas (...) en su pertinaz y empecinada búsqueda de elementos de cargo, nada va a poder encontrar por cuanto no he cometido conducta alguna que me sea penalmente imputable”.
Salle, un “desquiciado”.
El ex ministro dijo que como la primera de las cinco demandas penales que Salle presentó en su contra data del 2 de junio de 2006, lleva “casi seis años en calidad de denunciado permanente, (...) con la peculiaridad de que, en cada nueva presentación, (Salle) reedita y replantea las anteriores imputaciones que han sido archivadas con antelación por la Justicia”.
Fernández siente que, durante seis años, ha sido “una suerte de ‘ciudadano bajo sospecha’” y advirtió que “la Justicia no debería prestarse a que actos de esta índole queden impunes”, ni “admitir que un denunciante la use abusivamente para propósitos espurios”.
“La diosa Temis, según dicen, tiene los ojos vendados. ¡Pero algo debería poder entrever bajo la venda que los opaca!”, reflexionó.
Fernández apuntó que “este expediente constituye otro eslabón más en esa interminable cadena de denuncias desquiciadas que ese ‘personaje’ (...) me ha promovido en forma concatenada, con inocultable finalidad política y con el desfachatado propósito de obtener un rédito de la misma índole”.
El “desquicio mental” de Salle, dijo, “lo ha llevado incluso a candidatearse ‘a la intemperie’ ni más ni menos que como eventual competidor a la Presidencia de la República”.
“Ningún tribunal que recibe sus promocionadas denuncias penales debería olvidarlo, ni prestarse al circo que este denunciante profesional indefectiblemente organiza luego de cada nueva presentación”, aconsejó.
“Serias irregularidades”.
Fernández enumeró las “serias irregularidades” cometidas, a su juicio, por el fiscal Perciballe y afirmó que no ocurrieron “por mera ligereza procesal”.
Dijo que el fiscal “inventó” a un “co-indagado”, al incluir a su pareja Cecilia Salom en la posibilidad de haber incurrido en el delito de conjunción del interés personal y del público por haber asumido la defensa de Juan Domingo Ratti, ex director del desaparecido Banco Montevideo.
“Es absolutamente imposible que la doctora Salom, que no es funcionaria pública competente para intervenir en el acto de promulgación de una ley, pueda ser elencada ni como autor, ni tampoco siquiera como partícipe” en ese delito.
“Haberle adjudicado el estatuto procesal de ‘indagada’ y haberle hecho soportar, a ella también, esta delirante indagatoria presumarial, configura —a todas luces y sin reparos— otra irregularidad de grueso calibre, absolutamente inaceptable, de crasa y manifiesta improponibilidad jurídico-penal”, protestó.
Fernández también mencionó como “una sucesión de irregularidades” las filtraciones a la prensa, especialmente de aquellas noticias que anuncian “lo que va a pedir un miembro del Ministerio Público en un expediente, cuando este todavía no ha materializado su petitorio”.
El abogado manifestó su “convicción de que luego de todo cuanto se ha filtrado en autos, acaso lo mejor sería debatir este proceso en el Estadio Centenario y con entrada gratuita al espectáculo”.
Luego de afirmar que “en este presumario la cancha no sólo está flechada, sino irremisiblemente embarrada”, Fernández atribuyó a Perciballe la responsabilidad por las filtraciones periodísticas y lo acusó de “prejuzgamiento”, lo cual vulnera “el principio de legalidad”.
El ex secretario de la Presidencia añadió que el fiscal violó “su deber de abstención ante un supuesto de implicancia absoluta”, cuando quiso indagar para este expediente —y fue frenado por el juez— al hermano de su propia fiscal adjunta, la abogada Gabriela Fernández Di Maggio.
Asimismo, dijo que Perciballe violentó “la cosa juzgada, la prohibición de doble enjuiciamiento y la regla limitativa de su propia competencia, así como la “inmunidad constitucional” en cuanto a la firma de decretos de promulgación de leyes por parte de ministros.
El fiscal Perciballe, apuntó, “no me da ninguna garantía de imparcialidad y objetividad”. Agregó que “este expediente instruido en mi contra ha sido utilizado y divulgado con propósitos ajenos a la estricta averiguación de la verdad”.
Las irregularidades, prosiguió, “no son cuestiones carentes de consecuencias” y “alguien debe responder por ellas”.
La defensa.
En cuanto a si es o no lícito el ejercicio de la profesión en materia penal simultáneamente con el desempeño en la Secretaría de la Presidencia, Fernández se defendió argumentando que el artículo 124, numeral 2°, de la Constitución, “donde están claramente establecidas las incompatibilidades”, no se incluyen “entre ellas la del ejercicio de la abogacía ante el Poder Judicial”.
Fernández mencionó asimismo que no tuvo “injerencia ni participación alguna en el largo proceso de elaboración de ley de concursos”, que fue la que determinó la derogación de la ley por la cual, en primera instancia, habían sido imputados los hermanos Peirano Basso.
“Mi única intervención en el debate y consideración” de esa ley se limitó a un “informe parcial” preparado como secretario de la Presidencia “y, luego, a la comunicación telefónica con el ministro Astori para aconsejarle que, en el punto de la derogación de la ley N° 2.230, no siguiera el criterio que yo mismo había sugerido por escrito”, dijo.
Fernández manifestó que haber estampado su firma para promulgar la ley de concursos cuando ya era canciller de la República, significó ejecutar “un acto debido” ordenado por la Constitución y, por tanto, “es imposible que se verifique una conmixtión de intereses particulares con el interés general”.
Además, escribió Fernández, “para incurrir en una omisión punible, hubiera sido necesario que yo supiera de antemano, al momento de firmar el decreto de promulgación, que este podría llegar a ser aplicado por un Tribunal para clausurar el proceso penal seguido al contador Ratti”.
“Ello era una prognosis imposible. Semejante giro procesal no era previsible ni imaginable, ni siquiera para el observador más avisado. No en balde, tan incorrecta resultó esa aplicación, que la sentencia respectiva terminó siendo revocada en casación, sin discordia alguna”, por la SCJ.
Fernández calificó de “traída de los pelos”, “artificial” y “forzada” la indagatoria del fiscal Perciballe sobre su presunta participación en el decreto N° 178/2007, que modificó el estatus jurídico del Servicio de Asistencia Integral Profesional (SAIP), una cooperativa integrada por el SMU, la Federación Médica del Interior (FEMI), las Sociedades Anestésico-Quirúrgicas (SAQ), la Asociación Odontológica del Uruguay (AOU) y el gremio de las parteras.
“No tuve participación alguna en el dictado del mentado decreto”, afirmó. El ex presidente Vázquez y el actual vicepresidente y ex ministro Astori declararon que fueron ellos quienes dieron el visto bueno a ese decreto. Pero, dijo Fernández, el fiscal hace “como si no hubiera oído” las declaraciones de Astori y Vázquez “y ahora, en forma inaudita, pide la citación de tres funcionarias administrativas que intervinieron en la confección del expediente físico y del expediente electrónico”.
“Va de suyo”, añadió, que Perciballe “pone en duda la veracidad de los dichos” de Vázquez y Astori, en un acto de “auténtica falta de respeto institucional”.
“Hay algo más”.
Según el abogado, “el afán y empeño puestos” por el fiscal “en todas y cada una de sus actuaciones va más allá de lo normal y excede largamente las facultades inquisitivas que tiene asignadas, sobre todo porque ante la contundente prueba que viene de relacionarse, se empecina en seguir buscando algún elemento que pueda servirle para su propósito persecutorio”.
“Evidentemente, detrás de tanta inquisición hay algo más”, sugirió.
Fernández consideró que “el tema sustantivo y de lo que aquí se trata, en definitiva, es de saber si en este bendito país cualquier ciudadano, cualquier persona que aquí viva, puede ser rehén sine die de una publicitada investigación penal donde, en realidad, se involucran ambiciones personales ajenas al juicio y el nudo afán de protagonismo”.
“Creo que ha llegado la hora de no dilatar más la concreción procesal de su objetivo y, por ello, vengo a solicitar de la sede que, salvo su mejor criterio, desista de la prueba aún pendiente y tenga por suficientemente instruidos estos obrados, pasándolos en vista al titular del Ministerio Público a fin de que este concrete, de una buena vez por todas, el pedido de procesamiento que ha divulgado desde el comienzo mismo de esta instrucción presumarial”, solicitó.
Cumplido tal extremo, Fernández pide al juez que disponga “la clausura y archivo de este presumario”.
Contratapa
2012-05-10T00:00:00
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