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    Gracias, Marset

    Nº 2237 - 10 al 16 de Agosto de 2023

    Vivimos en el continente más violento del mundo. Geográficamente, a pocos cientos de quilómetros de Colombia, Perú y Bolivia, donde se produce toda la cocaína del planeta. Cerca de Paraguay, donde se produce buena parte de la marihuana del mundo, un país con altos índices de corrupción, poderosas mafias de narcos y débiles controles que lo hacen un corredor ideal de sustancias hacia el Río de la Plata y, según expertos internacionales, está al borde de convertirse en un narco Estado. Tenemos fronteras con Brasil, el segundo mercado mundial en consumo de drogas y base del Primer Comando de la Capital (PCC), la banda criminal más poderosa del continente.

    Montevideo está calificada ya como un “puerto de segunda generación” en el negocio del narcotráfico. “La atención de los narcos se focalizó en Uruguay, sobre todo en el Puerto de Montevideo, por su posición geográfica y por los controles de los que son objeto los países productores. Los narcos buscan alternativas porque el negocio tiene que seguir funcionando”, dijo Nicolás Centurión, analista de crimen en Uruguay para el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en diálogo con InSight Crime. Y agregó: “Otro punto ciego de la seguridad uruguaya son los escáneres en los puertos. El principal puerto, el de Montevideo, un día sí y otro también se queda sin escáner o falla. El Puerto de Nueva Palmira carece de escáner y, para sumar una cuestión más, la DEA le ha retirado la confianza a la Prefectura de Uruguay y tampoco tiene las mejores referencias de la Aduana”.

    No solo el puerto es un problema. “En 2018 se detectaron entre 700 y 800 pistas irregulares de aterrizaje; esto es un gran número para un territorio pequeño como el uruguayo. Además, el país no presenta obstáculos geográficos como montañas u otras formaciones de gran altura, lo que permite que las avionetas vuelen a menor altura de manera que pueden dejar caer los alijos de cocaína y seguir su vuelo”, dijo Centurión.

    El narco contribuyó a la territorialización del delito. Los homicidios, cada vez más violentos, se concentran en unos pocos barrios de la periferia, donde los niños han aprendido a hacer cuerpo a tierra ante las balaceras constantes de que son víctimas los delitos, según consignó un informe de Búsqueda.

    El tipo de homicidio que acarrea el narcotráfico aumentó los índices de impunidad, con una aclaración que ronda el 50%. Para cualquier delito, lo que más estimula al delincuente no son los años de cárcel que le pueden caer, ya que nadie delinque pensando en que lo van a detener, sino los niveles de impunidad que juegan a su favor.

    Las bandas de narcos de la periferia, que ya han establecido vínculos con organizaciones internacionales como lo demuestran algunas investigaciones recientes, buscan aliados en las zonas donde operan, haciendo “política social”, financiando clubes de fútbol y dando protección a quienes les son fieles.

    “Cuando una banda controla el territorio no usa el método violento, el que suele emplearse con más frecuencia cuando está en competencia, sino que despliega medidas más ‘benevolentes’ asociadas al poder y la compra del silencio: ofrecen viviendas a los vecinos, les ayudan a pagar la luz, donan camisetas o pelotas, comida y emplean a los varones jóvenes en el mercado de las drogas —como repartidores, para vigilar una zona o para conseguir un dato—”, dijo a El Observador la investigadora Verónica Pérez Bentancur.

    El exdirector nacional de Policía Mario Layera sostuvo: “Empezamos a ver que se hacían más frecuentes las colaboraciones con los clubes de fútbol, con los talleres educativos de los barrios y con los vecinos, al punto que el microtráfico adquirió un volumen que empezó a ser percibido por la población como inseguridad y que terminó afectando, directa o indirectamente, a complejos habitacionales enteros”.

    Cuando caen presos, el problema, lejos de amainar, se intensifica. Una boca de venta cerrada, como decía el exjefe de la Policía Julio Guarteche, obliga al narco a abrir dos: una para sustituir el negocio perdido y otra para financiar abogados y gastos extra que genera la detención.

    Mientras que el negocio del narco disparó el encarcelamiento femenino y es Uruguay el país con más presos cada 100.000 habitantes, las cárceles no solo no son un freno al negocio, sino que son una oportunidad para establecer contactos con narcos más poderosos y un enorme riesgo para que surjan las mafias carcelarias, en particular el PCC. Si esta banda se hace fuerte, la violencia sufriría un nuevo salto cuantitativo y cualitativo, con posibles enfrentamientos, en ese caso sí “frontales”, con las fuerzas del orden. El poder de fuego causado en el cambio de drogas por armas suele desbordar en algunos países al que tiene la Policía, con lanzagranadas, fusiles de alto calibre y hasta tanques de guerra de fabricación casera.

    “En 2019, el PCC quiso extender sus tentáculos a Uruguay. Esto indica que Uruguay ha aumentado su atractivo para la organización criminal más grande de Sudamérica, ya no solo para lavar dinero, sino para querer instalarse aquí”, sostuvo Centurión, experto en política criminal.

    Los volúmenes de las requisas aumentan y, con ellos, el poder económico de las bandas locales, pero no parece haber un correlato en las investigaciones por lavado de dinero. La Embajada de Estados Unidos en Uruguay ha advertido al gobierno que no puede despreciar la capacidad y la necesidad que las bandas locales tienen de lavar el dinero adquiriendo autos de alta gama, comercios, viviendas y campos. La reacción no se visualiza aún.

    Uruguay es el primer consumidor de cocaína per cápita de la región, pero las clínicas de rehabilitación brillan por su ausencia en la mayoría de los barrios de la capital y los pueblos del interior.

    “Uruguay ya no es un país solo de tránsito de drogas sino que se ha constatado la producción de drogas sintéticas y un aumento del consumo local tanto de cocaína como de metanfetaminas, afirmó el asesor internacional Alejandro Montesdeoca, y agregó: “Existe un riesgo creciente de que se produzcan cambios cualitativos y cuantitativos que potencien el problema de las drogas en Uruguay”.

    Sebastián Marset, que tan ocupados nos tiene, no es el cáncer, sino apenas el síntoma. Al final hay que darle las gracias. Si no existiese, quizás no estaríamos hablando tanto del problema del narco, y el problema del narco sigue y seguirá estando con o sin Marset.

    Su irrupción en la escena del crimen sirvió al menos para ver cómo el sistema político uruguayo y ahora el boliviano se vieron inmersos en la polémica y crimen y política aparecen mezclados en las mismas crónicas, con sospechas de corrupción o de mal funcionamiento de los sistemas de control e Inteligencia.

    Cuando hace unos años los expertos en el tema advertían que habría una escala de los homicidios de la mano del sicariato, que el delito se iba a feudalizar, que dejaríamos de ser un país solo de tránsito, los ignorantes los calificaban de exagerados. También se reían de las advertencias acerca de que el delito común, además de exigir un cambio de mirada desde lo estrictamente policial hacia lo social, era un fenómeno menor al que presentaba el crimen organizado, que podía afectar la institucionalidad.

    Ya no sé si ríen tanto, pero a estar por la reacción que se ve, por las escasas políticas de rehabilitación, la reiterada visión exclusivamente policial del fenómeno, las casi inexistentes investigaciones de lavado de activos y la falta de cuidado por la transparencia en la financiación de los partidos políticos parece que siguen siendo ignorantes. O se hacen.