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Gregorio Álvarez recibió una jubilación de $172.647 hasta su muerte, mientras que otros militares retirados procesados cobran más de $100.000
imagen de Gregorio Álvarez recibió una jubilación de $172.647 hasta su muerte, mientras que otros militares retirados procesados cobran más de $100.000
Hasta que murió en diciembre, el ex dictador Gregorio Álvarez cobraba una jubilación de $ 172.647 como consecuencia del grado de teniente general (retirado) que ostentaba y de que el Ministerio de Defensa no recurrió a ningún mecanismo jurídico que le permitiera recortar las retribuciones económicas de ese ni de otros militares retirados que fueron procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
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El Ministerio reveló el monto exacto de jubilaciones que se les paga o se les pagó a seis militares detenidos por violaciones de derechos humanos durante la última dictadura. La pasividad más alta, $ 172.647,26, corresponde a Álvarez, que falleció el 28 de diciembre con el grado máximo dentro de la institución, equiparable hoy al grado de general de Ejército que ostenta el comandante en jefe, Guido Manini Ríos.
La última jubilación de Álvarez está actualizada al 31 de diciembre de 2016 y no es la única que supera los $ 100.000: a la misma fecha los coroneles retirados Jorge Silveira, José Araújo Umpiérrez y Juan Carlos Gómez (posteriormente absuelto) recibieron $ 128.744, $ 118.278 y $ 112.744 mensuales, respectivamente. Por su parte, el teniente coronel (retirado) José “Nino” Gavazzo tiene una pasividad mensual de $ 68.348.
Los datos fueron divulgados a Búsqueda por el Ministerio de Defensa luego de un pedido de acceso a la información realizado el año pasado. En una resolución del 17 de enero firmada por el ministro Jorge Menéndez, se explica que “corresponde tener presente que determinados datos personales de funcionario público deben considerarse públicos, pues emanan de la naturaleza misma de la función que cumple”. En este caso, además, “se trata de ingresos que se pagan con fondos públicos, por lo que corresponde acceder a lo solicitado”, añade la resolución, que se basó en un informe de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
En el pedido se requerían datos referentes a las jubilaciones y pensiones de ocho militares procesados con prisión por delitos cometidos durante 1973 y 1985: Gregorio Álvarez, Jorge Silveira, José Araújo Umpiérrez, Juan Carlos Gómez, José Nino Gavazzo, Carlos Calcagno, José Nelson Chialanza y Ernesto Soca. Se pretendía saber si obtenían algún tipo de pasividad, a cuánto ascendían sus ingresos por este rubro y si dentro de sus potestades la cartera había recortado, suprimido o modificado en algo esos ingresos.
En setiembre, Defensa respondió que sí existían retribuciones y que las mismas “no fueron recortadas, suprimidas ni modificadas”. Sin embargo, se negó a entregar el número exacto de las jubilaciones amparándose en que son de carácter confidencial, ya que refieren al patrimonio de las personas. La Unidad de Acceso a la Información Pública no compartió ese argumento y en diciembre planteó a través de un informe que el monto de las jubilaciones fuera divulgado. “Los datos están disponibles como consecuencia del vínculo existente entre la persona que cumple determinada función pública —en este caso es la defensa nacional— en determinado organismo público dentro de la estructura del Estado. En resumen: se trata de ingresos de funcionarios públicos que se pagan con fondos públicos”, afirmó la Unidad.
Complejo cálculo.
Luego de la intervención de la Unidad de Acceso, el Ministerio cedió y proporcionó la información.Las pasividades de Carlos Calcagno y José Nelson Chialanza no fueron reveladas pues ambos ya habían fallecido al momento del pedido, en 2013 y 2014, respectivamente. Por su parte, la jubilación del sargento retirado Ernesto Soca es de $ 24.245, un monto muy por debajo del de los otros militares procesados, ya que es soldado y no oficial.
Las jubilaciones militares son un complejo cálculo que se basa en los años de servicio, la edad, porcentajes de aporte diferenciado y que incluye una tasa de reemplazo singular. “No existe normativa que regule la suspensión de haberes de retiro a las personas que cumplen pena de penitenciaría como en el caso de los titulares citados cuando revistan en calidad de retirados”, argumentó la Asesoría Jurídica del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas en la respuesta de setiembre del 2016 al pedido de información que realizó Búsqueda.
En la respuesta enviada el 17 de enero, la Secretaría de Estado volvió a informar que las retribuciones “no fueron recortadas, suprimidas ni modificadas”.
Existe un mecanismo jurídico que permite al Ministerio de Defensa impulsar la quita de hasta dos tercios de la jubilación de militares retirados: la convocatoria a un Tribunal de Honor que juzgue el accionar de estos oficiales retirados (Búsqueda Nº 1.883).
En otros organismos del Estado la situación es diferente. Cuando un policía retirado es procesado, por ejemplo, la suspensión de su jubilación es automática, explicaron fuentes del Ministerio del Interior. En esos casos la familia del involucrado puede hacer un trámite ante la Caja Policial para demostrar que depende de esos ingresos para subsistir y así lograr que se restituya el pago.
Indispensable.
Las jubilaciones militares son objeto de debate en el ámbito político. En 2016, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para crear un nuevo impuesto para los militares retirados. Además, anunció que elaboraría una propuesta para reformar el deficitario Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. En 2015, el Ministerio de Economía había autorizado una partida de U$S 344 millones para hacer frente a las obligaciones de la caja militar.
Pese a que Economía consideraba la reforma como “impostergable”, el proyecto nunca fue presentado al Parlamento, mientras que el nuevo impuesto tampoco fue creado. El Movimiento de Participación Popular fue uno de los que trancó la iniciativa legal porque considera que los dos temas deben ser tratados en conjunto.
“Discriminatorio”, “injusto” y “estigmatizante” fueron las palabras usadas por el general del aire (retirado) José Bonilla para definir los planes del Poder Ejecutivo, que obtuvieron un rechazo general por parte de los militares retirados.
Consultado por Búsqueda la semana pasada, el ministro Danilo Astori sostuvo que los cambios a las jubilaciones militares es “uno de los primeros temas” a discutir durante el 2017.
Sobre la reforma de la caja militar, dijo que hay varios Ministerios trabajando en el tema y que no depende solo de su Secretaría de Estado. “Hemos venido avanzando, tenemos un esbozo de propuesta que a la brevedad va a llegar al Parlamento, como a la brevedad esperamos que se apruebe la prestación pecuniaria, para que los pasivos aporten a la reforma de su propia Caja”, explicó.
La aprobación del nuevo impuesto no será sencilla. El Frente Amplio perdió su mayoría en la Cámara Baja y el diputado que abandonó la coalición de izquierda, Gonzalo Mujica, anunció que no está dispuesto a votarlo. Además, los legisladores de la oposición consultados por el oficialismo plantearon que la medida es inconstitucional y adelantaron que no la acompañarán.
Consultado al respecto, Astori dijo que “el Poder Ejecutivo no proyecta cambiarlo”. Y añadió: “La aprobación del tributo es fundamental, por razones fiscales y por la necesidad de reformar la Caja”.
