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La relación entre el gobierno de Ecuador y los gremios estatales de ese país está en uno de los momentos de mayor conflictividad por la represión sindical que aplica la administración de Rafael Correa y que denuncian los trabajadores.
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Ante un escenario sin avances, la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales y Provinciales (Fetmyp) —gremio externo a la Central de Trabajadores de Ecuador— aprovechó una relación de décadas con sindicatos uruguayos y se puso en contacto con autoridades de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales (COFE).
“Nos pidieron apoyo para encontrar un ámbito de negociación con el gobierno de Correa y que diéramos una mano por nuestro reconocimiento a nivel internacional”, relató a Búsqueda el presidente de COFE, Pablo Cabrera.
En los últimos días de enero una misión técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llegará a Ecuador para relevar la situación del país, luego de las denuncias presentadas por los trabajadores. Es por esto que el presidente de Fetmyp, Wilson Álvarez, mantuvo contactos en las últimas semanas con miembros de COFE para, según Cabrera, “obtener asesoramiento” y lograr una mediación con las autoridades ecuatorianas. Incluso, integrantes de diversas asociaciones como el Frente Unitario de los Trabajadores, la Internacional de Servicios Públicos, la Unión Nacional de Educadores y el Comité Permanente Intersindical se contactaron con dirigentes gremiales uruguayos.
COFE ocupa la Secretaría General de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (Clate), lo que la colocó en un lugar de relevancia en el movimiento sindical internacional.
Fue a través de este organismo que el 6 de agosto de 2014 Cabrera se reunió en Quito, junto a otras autoridades de Clate, con el ministro de Relaciones Laborales de Ecuador, Carlos Marx Carrasco. Allí le planteó los reclamos de los estatales ecuatorianos y tras ese encuentro se creó un ámbito de diálogo entre la Fetmyp y el gobierno de Ecuador.
“Nosotros les abrimos las puertas por primera vez a los sindicatos estatales que estaban por fuera de la central ecuatoriana para tener un espacio de diálogo que no tenían”, dijo Cabrera.
Dos días después, el 8 de agosto de 2014, el ministro volvió a reunirse con Cabrera durante dos horas, pero esta vez a solas. El jerarca ecuatoriano estaba interesado en conocer con mayor profundidad el caso de Uruguay.
“Quería saber cómo se logró la ley de Negociación Colectiva y cómo se construyeron los espacios de diálogo, que no tienen antecedente en toda América”, agregó el dirigente.
Las denuncias.
Los trabajadores denunciaron ante la OIT que la administración Correa incumple sistemáticamente con el Convenio 98, normativa internacional sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva.
Durante la última conferencia anual llevada a cabo en junio del año pasado en Ginebra (Suiza), los trabajadores ecuatorianos denunciaron que “se han disuelto numerosos sindicatos, hubo numerosos despidos antisindicales en el sector público y se ha anulado la representación colectiva de los trabajadores”.
Pese a que la Constitución garantiza a los trabajadores el derecho a sindicalizarse sin autorización previa y la libertad de ejercer actividades sindicales, para los denunciantes, eso no se cumple.
Con relación al sector privado, “se exige un mínimo de 30 trabajadores para poder crear un sindicato, lo que priva a un millón de trabajadores de la posibilidad de hacer valer sus derechos, ya que el 60% de las empresas dan empleo a menos de 30 trabajadores y no se reconoce a un sindicato si no cuenta con 30 firmas de miembros fundadores”.
Y en cuanto al sector público, “en la Constitución se limita el derecho de establecer sindicatos y de negociar libremente, ya que se prevé que una única organización represente a los trabajadores, en concreto un Comité Central Único compuesto por más del 50% de los empleados, lo que excluye a las organizaciones sindicales minoritarias”.
A raíz de esto, la OIT colocó a Ecuador en la lista de 25 países en situación más compleja en torno a las relaciones laborales. Y en acuerdo tripartito entre gobierno, trabajadores y empresarios Ecuador recibirá a fines de enero una misión técnica internacional para evaluar la situación.
“Bien valorado”.
Para Cabrera, el pedido de colaboración se explica porque “el movimiento sindical uruguayo, y en particular el trabajador público, siempre ha estado bien valorado a nivel internacional”. Destacó que “a pesar de ser un país chico”, Uruguay “aportó mucho al debate y la construcción del sindicalismo internacional”.
“Este trabajo en Ecuador sigue consolidando el esfuerzo y trabajo cotidiano que venimos realizando”, afirmó.
Luis Bazzano, miembro de COFE que también participa en la Clate, coincidió en que “Uruguay es referente, por lo que pudo avanzar en los ámbitos de negociación colectiva del sector público”.
“Por eso nos llaman para que se los rodee, se les dé apoyo y hacer presión en el momento en que la OIT hace su misión”, dijo.
Para el dirigente sindical, Ecuador tiene “problemas serios de sindicalización y persecución. Pero lo más increíble es la contradicción que hay en un gobierno que es progresista y se supone debería tener una buena relación con el movimiento sindical, pero desconoce derechos básicos”.
Por otra parte, la cooperación con el caso de Ecuador no se dio solo entre los trabajadores. Durante la conferencia anual de la OIT el gobierno uruguayo le ofreció asistencia a su par ecuatoriano, tras conocer cuál era su realidad.
El subsecretario de Trabajo, Nelson Loustanou, quien formó parte de la delegación uruguaya en Ginebra, dijo a Búsqueda que la intención fue “mostrarles la experiencia de Uruguay para que tomen lo que les sirve”. Pero luego de allí no volvió a darse un contacto entre ambos gobiernos.
