El almanaque empieza a marcar una cuenta regresiva para los funcionarios que trabajan en la elaboración del proyecto de Rendición de Cuentas, que debe ir al Parlamento a fin de junio como fecha límite. Para realizar esa tarea están teniendo en cuenta que el resultado fiscal mejor al esperado que se dio en 2011, según el gobierno habilita un “espacio” para incrementar el gasto. En ese año, para poner a andar al maquinaria del Estado se requirió de más de U$S 8.900 millones.
Es que esa cifra de dinero ejecutado refiere exclusivamente a la estructura comprendida dentro del presupuesto de la administración central y deja afuera a los gobiernos departamentales y otros organismos, por lo que el costo de funcionamiento del conjunto del sector público fue algo mayor.
De ese monto, se destinaron unos U$S 3.512 millones (40%) a pagar los salarios de los funcionarios y U$S 849 millones (un 9,5%) a inversiones. La otra mitad (U$S 4.540 millones) correspondieron a gastos diversos, desde artículos de limpieza hasta el pago de viáticos. Esto surge de cálculos de Búsqueda a partir de datos del boletín de la Contaduría General de la Nación sobre la ejecución en 2011 del gasto en las distintas dependencias del gobierno central, el Poder Legislativo y los organismos incluidos en el artículo 220 de la Constitución (Poder Judicial, Corte Electoral, Universidad, Instituto del Niño y Adolescente, entre otros).
Las cifras preliminares contenidas en ese boletín son en general menores a las definitivas que se presentan en la Rendición de Cuentas, principalmente por la contabilización posterior de una buena parte los intereses de la deuda pública y las transferencias a la seguridad social que realiza el gobierno.
Los U$S 8.900 millones ejecutados en 2011 representan 24% del valor del conjunto de bienes y servicios producidos en el país (el Producto Bruto Interno-PBI). Suponiendo que las intendencias mantuvieron su nivel de egresos en los últimos años, es posible estimar que el gasto en todo el sector público representó en 2011 una cifra cercana a 28,5% del PBI. Esa relación es similar a la de los años anteriores.
El nivel del gasto público en relación al PBI varía considerablemente por países, aunque una regla parece ser que es mayor en los avanzados (42,7% en promedio) que en los emergentes (28,5%), según estimaciones publicadas el martes 18 por el Fondo Monetario Internacional que incluye solamente a las economías de mayor tamaño. Por ejemplo, en 2011 ese ratio superaba el 50% en Francia, Bélgica y Finlandia, era del entorno de 40% en Argentina y Brasil, y de 24% en Chile. Singapur tenía el Estado menos costoso, con un gasto público equivalente a 18% de su Producto.
Bienes, servicios y más.
En Uruguay, los gastos en el Estado superaron a los ingresos, por lo que el sector público fue deficitario en algo más de U$S 430 millones el año pasado, lo que equivale a aproximadamente 0,9% del PBI. Las autoridades económicas entienden que se generó un “excedente fiscal” para ampliar el gasto en la próxima Rendición de Cuentas, porque dicho resultado negativo fue menor al que esperaban (1,2%).
Por su relativamente amplia estructura y funciones, el Estado realiza gastos en rubros variados.
En 2011 destinó U$S 108 millones a alimentos, U$S 83 millones a fármacos y U$S 3 millones a útiles de oficina, por ejemplo.
También pagó viáticos y traslados de funcionarios dentro y fuera del país por unos U$S 67 millones. Otros servicios que fueron tercerizados por la administración central —como los de vigilancia, limpieza e informática— implicaron un gasto de U$S 101 millones.
Los pagos de indemnizaciones a ciudadanos o sentencias judiciales fueron por U$S 26 millones el año pasado. En seguros se gastaron U$S 12 millones.
Igual que una casa de familia, en los edificios de la administración se consumen servicios de telefonía, electricidad, agua, combustibles, gas y alquileres; esas facturas fueron por U$S 190 millones durante 2011.
Las inversiones sumaron U$S 849 millones y más de la mitad fueron ejecutados por los ministerios de Vivienda y Transporte y Obras Públicas, así como por la Administración Nacional de Educación Pública.
Los gastos del Poder Legislativo se concentran principalmente en los sueldos de los legisladores y funcionarios (casi U$S 99 millones). El resto del presupuesto fue de U$S 29 millones para gastos de funcionamiento y U$S 2 millones en inversiones.
Estructura.
El gasto también puede ser analizado según grandes áreas. Para realizar la comparación respecto a 2010 se dejaron de lado los pagos por intereses de la deuda y las transferencias a la seguridad social.
Según una clasificación realizada por Búsqueda, algo más de 29% de los gastos de la administración central se canalizaron hacia la enseñanza y cultura en 2011; en 2010 era menos de 27%.
El año pasado el peso de los gastos fue de 15% en seguridad y cerca de 12% en salud (en ambos casos se dio un ligero incremento de la participación al comparar con 2010). La proporción del gasto en los incisos relacionados con la Justicia y el contralor de las instituciones y los procesos electorales fue de 3% del total, lo que significó un leve incremento.
Por otro lado, los gastos relacionados al transporte y la vivienda disminuyeron de 7% a 6% de un año a otro.
También bajó la porción del Presupuesto destinada a otros incisos más difíciles de clasificar como son Presidencia, los ministerios de Economía, Trabajo, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social (Mides), y los subsidios, subvenciones y otros créditos. El peso de este tipo de gastos pasó de 34% en 2010 a 31% del Presupuesto ejecutado en 2011.
Transferencias.
El Estado realiza también una serie de pagos sin contrapartida, transferencias, subvenciones y subsidios principalmente. Según los datos de la CGN, en total esos gastos fueron por unos U$S 1.784 millones que surgieron de Rentas Generales y de los Fondos de Libre Disponibilidad del gobierno.
Los montos más altos corresponden a exoneraciones de impuestos al sector privado a través de certificados de crédito (unos U$S 700 millones) y las transferencias a las intendencias departamentales (U$S 313 millones).
Las tarjetas para compra de bienes básicos que distribuye el Mides a los hogares de bajos recursos significaron un gasto de U$S 58 millones, mientras que el aporte del Estado para el carné de asistencia de salud pública fue de U$S 100 millones.
El año pasado se realizaron también transferencias a instituciones sin fines de lucro por unos U$S 146 millones. Dentro de ese monto se incluye el subsidio al transporte colectivo de pasajeros por U$S 11 millones y U$S 1 millón transferido a los partidos políticos.
Algunas empresas públicas como AFE (ferrocarriles), el Correo, Pluna (transporte aéreo) y Colonización (tierras) recibieron transferencias por cerca de U$S 70 millones de Rentas Generales.
Los aportes estatales para la investigación y tareas científicas fueron de U$S 22 millones; más de la mitad fue para el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y U$S 2,5 los recibió el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular.
También de destinaron casi U$S 23 millones a pagar incentivos para retiros de funcionarios públicos.
