En abril de 2017 las cárceles uruguayas alcanzaron un récord histórico: 11.253 presos. Con 322 encarcelados cada 100.000 habitantes, Uruguay tiene una de las tasas de prisionización más altas de la región y del mundo.
Por ese entonces, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, escribió en su Facebook que la cifra debía “preocupar” a quienes trabajan en el sistema penal. Meses más tarde, el Parlamento aprobó la puesta en marcha de un nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que, entre otras cosas, busca limitar el uso de la prisión preventiva, que explica el 70% de los encarcelados.
El impacto de la reforma, que empezó a regir el 1º de noviembre, ya empezó a notarse. De acuerdo a datos elaborados por la oficina del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, con base en información del Ministerio del Interior —a los que accedió Búsqueda— en los dos primeros meses del CPP (noviembre-diciembre) el total de prisioneros se redujo de 10.993 a 10.241. En enero hubo un leve aumento, y alcanzó la cifra de 10.392. Así, la diferencia entre la cantidad de presos que había al cierre de octubre y la de fines de enero es de 601.
La disminución es la más pronunciada de los últimos años, de acuerdo a un comparativo mensual entre 2015 y 2018.
El comisionado Juan Miguel Petit dijo a Búsqueda que “seguramente influyeron varios factores” en la disminución de la cantidad de presos y que faltan elementos estadísticos para sacar conclusiones. De todas formas, evaluó que se trata de una buena noticia: “Creo que es deseable tener muchas menos personas privadas de libertad, justamente para bajar la violencia”.
“Claramente no somos uno de los países de América Latina con más delincuencia, pero sí somos de los que tenemos más presos. Algo no estamos haciendo bien”, afirmó.
El comisionado señaló que el Instituto de Investigación de Política Criminal de la Universidad de Londres, uno de los más respetados en el mundo, coloca a Uruguay en el puesto 28 entre 222 países, con un índice de prisionización cercano al de Brasil.
“Estamos resolviendo con prisión muchos problemas sociales que requieren otra respuesta”, evaluó. Por ejemplo “las adicciones, temas de salud mental, ciertos conflictos interpersonales y situaciones de extrema exclusión social”.
“La cárcel tiene un efecto desintegrador, más aun cuando todavía existen carencias importantes en sus contenidos socioeducativos, por lo que mucha cárcel trae más desintegración, en otras palabras: más delitos”, advirtió.
Para Petit, si bien es positivo que el número de prisioneros se reduzca a niveles “razonables”, eso requiere que como contrapartida se desarrollen programas sociales “con dispositivos pedagógicos y terapéuticos de soporte y orientación mucho más precisa y concreta que las actuales líneas de libertad asistida o de prevención”.
“Una madre que tiene cinco hijos y vende droga: ¿la solución es que vaya a la cárcel y sus hijos a una institución? Por supuesto que no, pero no basta que tenga prisión domiciliaria como suele tramitarse, también necesita un sostén y seguimiento concreto para que la crianza sea sostenible. Un joven que desertó del sistema educativo, que cayó en la droga, que se alejó de su familia: ¿es la mejor solución que esté cinco años preso? No, pero requiere un centro de atención a su adicción y programas que lo ayuden en la propia comunidad a tener un proyecto de vida que no sea antisocial”, ejemplificó.
“¿Por qué no nos preguntamos cuántos presos debería tener el Uruguay? Todos tenemos cierta idea de cuánta inflación es más o menos mala, o cuánto nivel de desempleo, o de aumento del PBI. Pero no sabemos cuántos presos es razonable tener”, planteó.
“Tenemos una tasa altísima de prisionización”, coincidió por su parte Díaz. “Y lo más preocupante es que el 70% de esos presos no tiene condena”, sostuvo. Por eso, considera que la disminución de los prisioneros “no es necesariamente una mala noticia”. “Es un dato de la realidad y hay que estudiarlo. Tampoco significa que sea algo bueno. Lo que importa es reducir la cantidad de presos sin condena, y que aumente la cantidad de personas con sentencia”, un efecto que está logrando el nuevo Código, aseguró.
De todas formas, añadió, “hay que dejar que el sistema se estabilice y esperar para sacar conclusiones”.
¿Menos presos, más delitos?
La semana pasada el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo en una entrevista con Búsqueda que había una relación entre el nuevo CPP y el aumento de las rapiñas y los hurtos registrados en los últimos meses del año. El jerarca argumentó, entre otras cosas, que se redujo la cantidad de personas enviadas a prisión, ya que los fiscales y jueces aplican menos la prisión preventiva, y que la Suprema Corte de Justicia liberó a varios presos durante la visita de cárceles realizada en octubre. También dijo que la policía tiene problemas para conseguir órdenes de allanamiento y que aún necesita adaptarse al nuevo sistema de trabajo con los fiscales.
Otros consultados difirieron con esa lectura. El presidente de la Asociación de Magistrados y ministro de apelaciones en lo penal, Alberto Reyes, evaluó que atribuir el aumento de los delitos al cambio del sistema penal “parece aventurado”, mientras que el fiscal Carlos Negro aseguró que “no hay ninguna relación” entre ambos hechos. “No creo que haya una relación directa entre una cosa y la otra”, coincidió el profesor agregado de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho estatal, Gabriel Valentín (Búsqueda Nº 1.956).
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado en el que sostuvo que las afirmaciones de Bonomi “carecen de todo fundamento” ya que “parte de una premisa infundada” sobre “que existe una relación entre la Visita de Cárceles y el aumento de delitos” en el país.
La posición del ministro Bonomi, sin embargo, también tiene defensores. El fiscal Gustavo Zubía, vicepresidente de la Asociación de Fiscales, cree que sí hay una relación entre el CPP y el aumento de delitos. “El sistema ha tenido un 50% de ingresos a prisión y se revirtió el cuadro que Bonomi venía observando de descenso en hurtos y rapiñas. Son dos datos objetivos”, afirmó.
“Los nuevos institutos de persecución penal traen objetivas ventajas. Pagas menos que con el otro sistema, es así”, añadió. “A eso se suma que la policía ha trabajado con dificultades en el nuevo código, y que los fiscales enfrentamos muchas dificultades operativas para trabajar”.
Para el comisionado parlamentario, sería fundamental que existiera un ámbito de discusión e intercambio sobre la política criminal, ya que son varios los actores involucrados —jueces, fiscales, defensores, legisladores, policía—, y todos trabajan con un mismo fin pero desde “perspectivas diferentes”. Para eso, recomienda que se instale, como existe en Perú, Colombia y otros países, un consejo de política criminal, “donde se puedan ventilar los asuntos comunes a estos actores y fijar políticas públicas”.
“Estos consejos no son vinculantes, sus conclusiones no son obligatorias a sus integrantes, pero permiten ir acumulando orientaciones e información común y fijar metas. También evita pensar que los problemas son debido al mal actuar de tal o cual actor”.
