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Hay 7.400 productores que deben US$ 2,7 millones al Fondo Agro de Emergencias; el MGAP excluyó a 400 del apoyo ante la sequía
El déficit hídrico afectó a la agropecuaria al inicio del año y ahora vuelve a registrarse en varias zonas
La escacez de lluvias pone en alerta a los productores por el impacto negativo del déficit hídrico en los cultivos y la ganadería. Foto: Nicolás Der Agopián
Hay unos US$ 5,5 millones en el Fondo Agropecuario de Emergencias (FAE) que están disponibles para que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) pueda utilizar en el apoyo a los productores del agro ante el déficit hídrico en parte del campo uruguayo, según información de esa secretaría de Estado recabada por Búsqueda.
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El FAE tiene 9.500 deudores hasta el momento, de los cuales 1.005 están bajo la modalidad operativa de República Microfinanzas y no con la cuenta del MGAP. Hay 7.400 productores rurales que tomaron créditos que “nunca pagaron o que el pago no fue constatado”, lo que equivale a $ 121 millones (US$ 2,7 millones), de acuerdo con los datos oficiales.
El FAE fue creado en 2008 en la Ley 18.362 y reglamentado por el decreto 829; se financia, entre otras fuentes, con saldos de la recaudación del impuesto específico interno al azúcar refinado, del Fondo de Compensación para la Industria Láctea y del Programa Manejo de los Recursos Naturales, además de partidas asignadas por Rentas Generales. Se entiende, en esa norma, como emergencia agropecuaria a la derivada de eventos climáticos, sanitarios o fitosanitarios extremos que originen pérdidas económicas no recuperables en el ejercicio agrícola y que afecten decisivamente la viabilidad de los productores de una región o rubro, define ese decreto.
El fondo puede ser utilizado para atender a los productores, mediante apoyo financiero, infraestructura productiva o insumos, con el objetivo de contribuir a recuperar las capacidades perdidas como resultado del evento ocurrido, dispone la ley.
Debido al impacto del déficit hídrico, principalmente en zonas del sur y este del campo local, en marzo pasado la actual administración resolvió declarar la emergencia agropecuaria, una medida que en los meses siguientes debió ampliar en cuanto a la extensión territorial y los plazos de vigencia. Esa determinación habilitó al MGAP a utilizar el FAE para aplicar las diferentes acciones de apoyo al agro, específicamente a la producción ganadera, la lechería y los rubros granjeros, como la horticultura, la fruticultura y la apicultura.
A tiempo
El operativo de asistencia crediticia de este año produjo “nuevos deudores”, que a partir de este mes deberán empezar a pagar los créditos del fondo, por lo que “están a tiempo” de cumplir con la devolución, dijo a Búsqueda el titular de Desarrollo Rural del MGAP, Carlos Rydström.
Precisó a su vez que para acceder al apoyo financiero se postularon 2.700 productores: 700 granjeros y 2.000 ganaderos y tamberos.
Unos 1.660 cumplieron los requisitos generales, mientras que 407 eran deudores del FAE y quedaron por fuera de la convocatoria al no ponerse al día; hubo 696 productores que recibieron el beneficio del crédito, lo que requirió el desembolso de unos $ 63 millones (US$ 1,4 millones), informó el jerarca.
Contó también que desde el MGAP “se habló con todos los productores deudores y se les pidió que se pongan al día, pero hubo algunos a los que no les servía la cuenta y que por distintas razones no tomaron el crédito”.
En algunos casos hay registros de productores que comprenden a un núcleo familiar y figura uno de los integrantes como deudor. Entonces, cuando se presenta otro del grupo “salta en el sistema que hay una deuda pendiente” de pago, aseguró.
Dijo que hay tamberos que “están en proceso de repago de sus deudas mediante la remisión de leche a Conaprole”.
La emergencia agropecuaria declarada en el primer semestre de este año comprendió a la totalidad de los departamentos, y en ciertos casos a algunas seccionales policiales, de Canelones, Maldonado, Montevideo, Lavalleja y San José. Luego el Poder Ejecutivo extendió esa medida a parte de Colonia, Florida y Rocha, y más tarde a varias regiones de Artigas, Cerro Largo, Rivera, Treinta y Tres y Salto.
Espectro más amplio
Ante la posibilidad de registrarse una sequía en los próximos meses, debido al déficit hídrico en ciertas zonas del litoral norte y oeste y parte del este, el MGAP trabaja en “un espectro más amplio” de monitoreo. Se están agregando modelos de la Dirección Nacional de Agua en relación a las cuencas hídricas y la tecnología satelital que utiliza el Plan Agropecuario para medir el crecimiento de pasturas y mejorando los aspectos reglamentarios en cómo se monitorea y declara la emergencia agropecuaria.
Una herramienta considerada clave para el apoyo al productor por el MGAP es lo determinado en el proyecto de ley de Presupuesto en cuanto a que parte de los recursos de ese fondo puedan ser empleados para la promoción de seguros agrícolas.
El plan de apoyo denominado Más Agua para el Desarrollo Rural es otro esquema de asistencia de esa cartera de Estado, creado en 2012, y cuenta con US$ 1,8 millones para terminar de ejecutarlo, destacó Rydström. “Tenemos un colchón bastante grande para atender la emergencia”, afirmó.
Complementariamente, con el Ministerio de Economía el MGAP prevé establecer un “plan de contención mayor” en caso de que los recursos para la asistencia por el déficit hídrico se acaben, señaló.
Las direcciones de Desarrollo Rural, de la Granja y de Descentralización, en colaboración con el Plan Agropecuario, difunden por estos días la posibilidad con la que cuentan los productores rurales que tributen por el impuesto a las enajenaciones de bienes agropecuarios (Imeba) de obtener un crédito fiscal para inversiones en asegurar el abastecimiento de agua en sus predios. El esquema vigente, que fue generado por la Ley 18.747 y reglamentado por un decreto de 2011, establece la promoción en inversiones como la construcción de tajamares, pozos y perforaciones, molinos de viento, tanques australianos y flexibles, motores y bombas para extraer agua y represas con destino a la irrigación o abrevadero. Las instalaciones para la distribución de energía eléctrica para el funcionamiento del sistema de riego o abrevadero, cañerías y bebederos figuran también entre las obras promovidas.
El beneficio fiscal es de 10% de la inversión, cuyo monto debe superar las 4.000 unidades indexadas a la inflación (unos $ 18.998). El productor que pretenda acceder a dicho beneficio no podrá contar con deudas con el FAE ni con las unidades de Desarrollo Rural y de la Granja, advirtió el MGAP.
