escribe Ana Morales
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEn los últimos años, cuando gobernó el Frente Amplio, el sistema cooperativo tuvo un crecimiento “exponencial” en el número de unidades productivas, que superó las 3.600 y los 25.000 empleos. Ahora, la nueva administración pondrá el foco en consolidar el modelo de gestión de ese tipo de emprendimientos para lograr que la economía social tenga mayor participación en el aparato productivo.
“Queremos reforzar el valor de la gestión y el concepto de que son empresas, con un modelo cooperativo, pero insertas en un sistema competitivo. Hay que perderle el miedo o estigma al concepto empresa, darse cuenta de que no es una mala palabra y que hay que tener una profesionalización en la gestión diaria”, dijo a Búsqueda el presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), Martín Fernández. También buscará fortalecer en el interior del país la presencia de la política pública en la materia y facilitar el tránsito de las cooperativas sociales hacia las de producción.
El Inacoop fue creado en 2008 a través de la ley general de cooperativas (Nº 18.407) como una persona jurídica de derecho público no estatal y tiene entre sus cometidos proponer, asesorar y ejecutar la política en esa materia. Fernández se vinculó a la temática durante el tratamiento y discusión de la ley siendo diputado suplente del hoy secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado. A su vez, hace seis años es socio y, además, delegado en asamblea de la cooperativa de ahorro y crédito Fucac.
Además, el instituto administra el Fondo para el Desarrollo (Fondes). La intención de Fernández es ir “capitalizando de a poco” el Fondes y para ello, dijo, va a “golpear la puerta” al Poder Ejecutivo reclamando fondos frescos —unos US$ 2 millones por año— porque cree que la institución los puede hacer “rendir muy bien”.
Consideró que el Inacoop es una entidad “joven” que ha “sufrido” por tener una estructura “casi aluvional y no necesariamente pensada estratégicamente hacia los objetivos”, dado que comenzó a recibir demanda y a crecer en función de ello. Y opinó que tras 12 años de funcionamiento es momento de “empezar a revisar algunas cosas de la ley”. Para eso, el instituto fue convocado este mes por la Comisión Especial de Cooperativismo que funciona en el Parlamento, que estudiará modificaciones del marco legal de manera “integral”, informó.
Al igual que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el Inacoop está siendo sometido a una auditoría de gestión, por mandato del nuevo gobierno. Fernández estimó que los resultados estarán en los próximos días y adelantó que es probable que la entidad deba mejorar la eficiencia en los procesos, además de implementar un “seguimiento más estricto” de cada programa y hacer foco en su “evaluación de impacto”.
El nuevo presidente del Inacoop pretende crear una “unidad” específica para los convenios que el instituto tiene con los distintos organismos del Estado e intendencias, porque prevé que se celebren nuevos con el fin de “potenciar” el cooperativismo en todo el territorio. Explicó que en los últimos años la institución trabajó con “referentes regionales”, pero que no cubren todo el país. “Es imprescindible reducir la distancia que hoy existe” con las cooperativas del interior, que “es mucho más grande” de lo que “marca el mapa o el GPS”, ilustró. Para eso quiere articular acciones con las direcciones de desarrollo de las distintas intendencias y municipios.
También impulsará un relacionamiento más directo entre el instituto y las distintas federaciones de cooperativas (nucleadas en la Confederación Uruguaya de Cooperativas), a través, por ejemplo, de la firma de convenios para involucrarlas en las distintas acciones. Puso como ejemplo el rol que el Inacoop tiene para desempeñar en promover el pasaje de las cooperativas sociales a cooperativas de producción, y que aspira a cumplir en cooperación con la Federación de ese rubro.
Explicó que dados los beneficios que tienen las cooperativas sociales al poder ser contratadas directamente por organismos públicos para brindar —por ejemplo— servicios de mantenimiento y limpieza en instituciones de educación, salud y en ministerios, hay que pensar qué tipo de “estímulos” ofrecer para que pasen a ser de trabajo o producción, sin que ello les implique una debilidad en el factor empleo. “Pretendemos validar la herramienta y que sea justamente un tránsito, porque si no le cortamos la posibilidad a que otros colectivos con esa vulnerabilidad (que la ley marca como condición necesaria para integrar una cooperativa social) se puedan formar. Muchas de las cooperativas sociales que hoy tienen 10 años de existencia, si las miramos fríamente, sus integrantes ya no tienen esos componentes. Por eso, es necesario generar el traspaso”, alegó.
Consultado sobre las eventuales irregularidades en el manejo de fondos en las que habría incurrido el Ministerio de Desarrollo Social a través de contratos con cooperativas sociales durante la anterior administración —denunciadas recientemente en el programa Santo y seña de Canal 4—, Fernández advirtió que podría ser un “problema”, como en el pasado ocurrió con “algunas cooperativas truchas”. Consideró que los órganos de contralor deberían “cumplir y ser muy duros”, con la normativa vigente yendo “al hueso”. Y añadió: “Hay que atacar ese tipo de flancos, porque sería muy injusto cargar las tintas sobre el movimiento cooperativo por algunas cooperativas que se crearon para otros fines (…). Hay que dejar claro que, así como hay buenos y malos empresarios, hay buenos y malos trabajadores, y hay buenos y malos cooperativistas”.
Para Fernández el sistema cooperativo “adolece” de falta de visibilidad de los “muchos ejemplos” de cooperativas que en diversas ramas de actividad tienen modelos de gestión “exitosos” en todo el país.
“Hay modelos de cooperativas que queremos impulsar. Hablo de la que provengo, como Fucac, que tiene una presencia importante dentro del ámbito financiero. De Conaprole en todo el interior del país. De Copay, una empresa cooperativa de transporte de la que los sanduceros se sienten muy orgullosos. Ese tipo de modelos exitosos que tienen arraigo en la gente queremos cuidarlos y además que ellos nos ayuden en hacer de espejo para generar el siguiente paso que pretendemos dar ahora: consolidar modelos de gestión para que cada vez sean más influyentes dentro del sistema productivo”.
Dijo que el Inacoop buscará cumplir ese rol a través de las herramientas existentes —los programas Más Valor Cooperativo y Mejora de la Competitividad— que apuntan a dotar de más profesionalismo a la gestión.
“Hoy no debería ser nuestro foco seguir creando cooperativas. Sí consolidar a las que tenemos y que cada vez tengan más participación e incidencia en la economía”, señaló el jerarca. Y agregó: “No es algo mágico y que vamos a poder logar en el corto plazo, pero las herramientas están. Lo que hay —a veces— es un desconocimiento de lo que puede hacer el cooperativismo y lo que mueve desde el punto de vista de generación de empleo, de parte de los que toman decisiones. Me ha pasado en las conversaciones con el gobierno, con las intendencias de cualquier color político”.
Explicó que este tipo de organizaciones de la economía social “pueden jugar un rol muy importante en la nueva normalidad” porque suelen tener una “resistencia mucho mayor” en momentos de crisis que las empresas tradicionales. “En la crisis de 2002 en Copay, si era otro tipo de empresa, el dueño miraba los números y bajaba la persiana, y era legítimo. (…) Muchas veces las cooperativas ayudan a sostener el empleo porque tienen una flexibilidad que no logra una sociedad comercial común y corriente”.