Hay “sobreoferta” de vivienda “social”, dicen administradores

Sostuvo que el constructor de un proyecto VIS debe darse cuenta de “que es hora de ajustar sus números y de recuperar el dinero”, porque de lo contrario los edificios podrían quedar vacíos o sin venderse por mucho tiempo. Opinó que el “estímulo a la demanda” debe estar en “precios razonables, competitivos, con calidad constructiva que sea superior”.

En ese marco, el titular de la Adapi recordó que “hubo actores inmobiliarios que decían que era hora de tocar las vacas sagradas” para estimular el mercado, en referencia a las comisiones de intermediación. Explicó que la comisión está regulada por el uso y la costumbre, y que en la compraventa se ubica en 3% (más IVA) para cada una de las partes que intervienen.

“No podemos hacerlo gratis, cuando tenemos esa competencia en la que el constructor actúa directamente, sin necesidad del intermediario, porque vende unidades nuevas”, alegó.

El régimen de construcción de VIS fue aprobado en el actual período de gobierno procurando estimular la edificación en ciertas zonas de Montevideo y del interior con ventajas impositivas, de modo que los precios fueran más bajos y ello permitiera a sectores de ingreso medio y medio-bajo acceder a la vivienda propia.

Según estadísticas de la Agencia Nacional de Vivienda, hay unos 10.000 inmuebles promovidos (en un total de 12.000 presentados) que corresponden a 400 proyectos. Del total de viviendas para las que ya fueron aprobados los beneficios fiscales, más de 1.900 ya han sido comercializadas y un número superior a 80 se arrendaron.

El precio medio por metro cuadrado de las VIS en todo 2014 fue de U$S 1.788 en Montevideo y U$S 1.711 a nivel del país, conforme con datos de ese organismo.

Los empresarios de la construcción tienen una visión distinta que la que plantea la Adapi.

Consultado por Búsqueda, Eduardo Campiglia, director de Campiglia Construcciones, opinó que la VIS ha generado trabajo, renueva el stock de propiedades e indirectamente permitirá que algunas familias que hoy viven en asentamientos formalicen su situación accediendo a viviendas viejas que serán las que bajarán el precio de alquiler cuando se vayan incorporando más VIS al mercado.

Consideró que la construcción bajo este régimen “no es mucha con relación al stock total”, por lo que a su juicio no se está generando sobreoferta.

En relación a los precios y la calidad, Campiglia opinó que el límite “es lo que puede pagar el mercado”.

Falta regulación.

Por otra parte, Calandria defendió la actividad de los administradores de propiedades y se quejó por la falta de una regulación para el sector.

Recordó que hay iniciativas a nivel parlamentario que reúnen la visión de varias gremiales del rubro que prevén la matriculación de los operadores, la garantía o fianza para todos por igual, y la idoneidad del agente demostrada a través de antecedentes y trayectoria.

Como las inmobiliarias que operan en zonas turísticas tienen requisitos distintos a las que actúan en el resto del país, el titular de la Adapi reclamó igualdad en las reglas. “Entendemos que tiene que aplicarse un criterio general, que haya una fianza para todos los operadores y puedan actuar a nivel nacional, o que se saque ese requisito para zonas turísticas”, señaló. “Nos merecemos un mercado más criterioso, más ordenado, con mejores pautas”, resumió.

Asimismo, planteó que la actividad del intermediario está limitada, porque “cualquiera puede poner el cartel de ‘vendo’”. Y argumentó: “Cuando uno invierte en Bolsa lo tiene que hacer a través de un corredor, no lo puede hacer uno mismo. Ese corredor percibe honorarios por su actividad. Insistimos que si para invertir en el mercado de capitales se necesita obligatoriamente un corredor, ¿por qué no hacer lo mismo en la actividad inmobiliaria?”.

Desperdiciados.

La Adapi —con 40 años y 70 inmobiliarias socias que administran unos 50.000 padrones y alrededor de 150.000 contratos de arrendamiento, según informó su presidente— viene reclamando a los municipios y alcaldías que se les permita arrendar a los administradores aquellos inmuebles que están en malas condiciones, vacíos, por encontrarse sin la habilitación y documentación al día.

Calandria dijo que en la zona urbana de Montevideo hay cerca de 200.000 inmuebles “desperdiciados, que no están en condiciones por estar abandonados hace años. Están vacíos o con intrusos o son terrenos baldíos. Como no hay un propietario que tenga legitimidad para hacer el desalojo, es tierra de nadie”.

Y agregó: “Si se nos permitiera que esos inmuebles en malas condiciones fueran arrendados, pero pagando un precio ridículo para lo que son, entrarían a funcionar y se podría mejorar la situación del inmueble y empezar a generar recursos para la sociedad”. Señaló que, de esa forma, algunas familias que viven en asentamientos (que a menudo arriendan en forma ilegal) podrían acceder a inmuebles mejor ubicados, con todos los servicios e integrándose mejor desde el punto de vista social.

Para Calandria, los técnicos de Adapi y los organismos del Estado podrían trabajar juntos para ver cómo actuar en cada caso y comenzar a regularizar la diversidad de situaciones.