Hay varios concursos de acreedores “en la gatera”; plantean cambios al régimen ante la crisis

Con esa expectativa, los estudios y organizaciones de profesionales han venido realizando charlas virtuales y capacitaciones enfocadas en capacitar a colegas y potenciales clientes sobre qué pasos seguir para recuperar los créditos otorgados, y con qué estrategias y condiciones sostener el negocio en esta coyuntura. También hicieron presentaciones digitales sobre las herramientas legales que existen para reorganizar los pasivos, como son el acuerdo privado con acreedores y el convenio concursal, previstos en la Ley Nº 18.387 del 2008.

Dijo que es una “incógnita” lo que pueda suceder el martes 19, cuando el Poder Judicial volverá a trabajar bajo un protocolo sanitario. Consideró “difícil de evaluar” si los problemas en la cadena de pago se van a traducir en juicios y acciones de ejecución de garantías a la brevedad porque en algunos casos los acreedores están esperando para ver si se reacomoda la situación del cliente y apostando a conservar la relación comercial a futuro. “Quizás en dos o tres meses se refleje mejor” el impacto en términos de cierres, concursos, refinanciaciones y demás, opinó.

En tanto, Abadi alegó que alargar los plazos y procurar que no exista un “desborde” en la presentación de concursos “es querer tapar el sol con las manos o creer que el instituto no es el más idóneo”. Agregó: “Parece haber un mensaje: ‘Aguantate, esperá un poco, no te voy a aplicar el castigo por demorarte en presentarlo’. ¿Qué es lo que queremos resguardar o evitar?”. Recordó que en general las presentaciones concursales se dan cuando el agua llegó al cuello y las empresas no tienen muchas opciones. “Con todo, ahora, eso puede ser distinto. Porque se espera que el parate sea transitorio y en algún momento las firmas puedan retomar la actividad y volver a cierta normalidad y generar ingresos”, justificó.

Según datos de la Lideco en el período enero-abril hubo 14 presentaciones a concurso, dos por levantamiento de la feria judicial sanitaria (una unipersonal de Montevideo que vendía comidas al paso en un carrito y otra del rubro electrodomésticos de Maldonado). En el mismo período del año pasado habían sido el doble (28), pero sin las distorsiones por el Covid-19.

Acuerdo privado y fresh money

Organizaciones como la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE) también preparan algunas iniciativas. Una es muy similar a la del Colegio de Abogados, pero propone que los plazos estipulados corran desde el fin de la feria judicial extraordinaria porque consideran que es incierto cuándo finalizará la emergencia sanitaria, dijo a Búsqueda el director del Departamento Concursal de esa entidad, Daniel Germán.

Otra propone cambios a los acuerdos privados de reorganización (APR) empresarial, porque tal como están estipulados en la ley prácticamente “no funcionan ni sirven, y si no se mejora el marco tampoco va a funcionar ahora”, alegó Germán. Explicó que desde el 2008 hasta ahora hubo entre 20 y 30 APR, aunque en la gran mayoría de los casos los deudores terminaron en concurso.

El APR es un acuerdo de pago privado entre el deudor y un porcentaje importante (75%) de acreedores quirografarios o comunes que —entre otras— tiene la desventaja de que no implica para el deudor “moratoria” alguna, como sucede en el concurso, por lo que los cheques siguen siendo rechazados y los recargos y ejecuciones no se congelan. Además, no hay un tercero que controle los balances y créditos que el deudor y el acreedor dicen tener entre sí. Por eso la AUPE plantea, entre otras cosas, que el APR tenga una moratoria de 90 días y que exista una figura independiente que ejerza un “control mínimo” para dar más garantías a las partes involucradas y lo torne más “viable” y “lógico”.

Una tercera iniciativa de la organización de peritos refiere al tratamiento del fresh money, o sea el dinero fresco o nuevo que se invierte en una firma que está en dificultades con el objetivo de salvarla o superar la situación de insolvencia y evitar la solicitud de concurso. “Para salir de una crisis como esta no se puede solo con dinero del Estado, sino también con el de bancos y privados”, explicó Germán. Pero para que las instituciones privadas, prestamistas, o particulares en general lo hagan es preciso una “cierta garantía” de que, si la empresa a la que se le inyectó el dinero finalmente termina concursada, el dinero fresco o una parte reciba un tratamiento de “segundo orden”, por detrás de otros créditos como los laborales, por ejemplo. “Porque en época de crisis, si no existe una mínima posibilidad de que se va a poder recuperar algo del préstamo, nadie va a prestar”, agregó. Indicó que en Italia y España, con variaciones, este mecanismo ya existe.

El Instituto de Derecho Comercial y la Asociación de Peritos Contadores también han presentado propuestas a legisladores para modificar asuntos sobre el marco legal, dijeron otros informantes.

En general, todos los planteos reciben apoyos y cuestionamientos de los distintos grupos de profesionales que asesoran en estos temas.

(*) Este artículo fue corregido en su quinto párrafo, donde la omisión de una palabra le cambiaba el sentido.