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Los impuestos son un tema recurrente en todas las campañas electorales, con promesas de alivio en algunos casos y de modificaciones con un sesgo redistributivo, en otros. El 2019 no está siendo distinto y, por ejemplo, el precandidato del Frente Amplio Óscar Andrade pretende que se graven las herencias, mientras que el aspirante presidencial blanco Luis Lacalle Pou ha asegurado que no subirá la carga impositiva.
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En este año electoral, las propuestas tienen como contexto una situación fiscal compleja: el déficit en las cuentas públicas se ha ido ampliando hasta ubicarse en el equivalente a 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI) si se dejan de lado los ingresos extraordinarios que le entraron al Banco de Previsión Social por la desafiliación de los “cincuentones” del régimen de AFAP (que en los próximos años deberá reintegrar como pasividades). Esto deja a las autoridades poco margen para introducir cambios tributarios, dado también que la carga que soportan las empresas y familias ya es relativamente alta.
Con las cifras —preliminares— del PBI al cierre del año pasado difundidas la semana pasada por el Banco Central, Búsqueda calculó que la presión de los impuestos nacionales se ubicó en 18,7%. Eso representó una leve baja al comparar con 2017, cuando era 19% del Producto.
Dicha estimación corresponde exclusivamente a los tributos recaudados por la Dirección General Impositiva —DGI—, y que constituyen la mayor parte de la carga fiscal; el resto son los impuestos departamentales cobrados por cada intendencia y al comercio exterior (algunas mediciones también consideran los aportes a la seguridad social); asumiendo ciertos supuestos para estimar los tributos departamentales (1,5% del PBI) —sobre los que no se disponen datos al cierre de 2018— y de aportes jubilatorios (13,5%), la presión total el año pasado rondó el 33,7%.
Con los cambios incorporados a partir de 2017, tanto el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) como el de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) pasaron a tener un peso mayor en la recaudación, en detrimento de los gravámenes al consumo como el IVA (al Valor Agregado) y el Imesi (Específico Interno), aunque estos siguen siendo los que más contribuyen en la recaudación global. De los US$ 11.205 millones cobrados por la DGI en 2018, el 54% correspondió a los impuestos de consumo (IVA e Imesi), el 37% a tributos a la renta (IRPF, IASS) y 6% a gravámenes sobre la propiedad (Patrimonio). El resto provino de otros impuestos menores, así como de multas y recargos.
Los tributos que tuvieron el mayor aumento en términos reales —descontado el efecto de la inflación de precios— fueron los impuestos a la renta y al Patrimonio (4%), mientras que los que gravan el consumo recaudaron 1,5% menos que en 2017. Con estas variaciones, la recaudación total registró un incremento de 1% real el año pasado, lo cual explica la baja al relacionarlo con el tamaño del PBI (que aumentó 1,6%).
Como reflejo de la desacelaración de la actividad económica —en particular del consumo—, en el primer bimestre de 2019 la DGI cobró tributos por un monto muy similar, en valores constantes, que en igual período del año pasado (la suba fue de apenas 0,2%).
