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El directorio del Instituto Nacional del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) resolvió crear una comisión de expertos juristas y académicos para “actualizar” el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA), lo que implica revisar de forma completa la normativa que regula los derechos de niñas, niños y adolescentes. Allí están establecidos los regímenes de tenencia, de la patria potestad, de adopciones, así como las penas para las infracciones a la ley y las normas que regulan el trabajo infantil, entre otras.
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La decisión fue adoptada por el directorio del INAU en la sesión del miércoles 2. De acuerdo a la resolución, a la que accedió Búsqueda, la propuesta de crear una Comisión Académica Honoraria fue realizada por el Área Adopciones “con el fin de investigar y analizar la normativa nacional vigente para el estudio exhaustivo de la legislación en materia de niñez, infancia y adolescencia con el fin de proponer modificaciones que garanticen la protección integral de sus derechos”.
La intención es que el INAU pueda “contar con el aporte de un grupo de trabajo de docentes universitarios y académicos de sólida formación y prestigio nacional e internacional en distintas disciplinas, para la elaboración de propuestas jurídicas que permitan mejorar el marco normativo nacional actual”.
Según la resolución, se busca “una actualización” en el código enfocada “especialmente en el derecho que tienen los mismos a disfrutar de una familia como la mejor forma de inserción social”. Los integrantes del grupo de expertos serán Mariella Seattone (profesora de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Udelar, y de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica), Gabriel Valentín (profesor de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho estatal) y Ema Carozzi (fundadora de la Academia Nacional de Derecho y profesora del Centro de Estudios Judiciales). La presidenta de la comisión será Beatriz Ramos, profesora de Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Udelar y de Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Además, también participará la profesora emérita de Derecho de Familia Mabel Rivero de Arhancet como consultora permanente.
En diálogo con Búsqueda, el presidente del INAU, Pablo Abdala, explicó que la iniciativa surgió como propuesta del grupo de académicos con el objetivo de realizar “una actualización desde el punto de vista técnico”. Esto implicará, por un lado, revisar las reformas que se han hecho y unificarlas para que no se den contradicciones entre el Código Civil y el CNA.
“La tutela de los niños, por ejemplo. El Código Civil establece que es el presidente del INAU en Montevideo quien tiene la tutela de aquellos que ingresaron al sistema. De acuerdo al CNA la patria potestad mantiene vigencia aún cuando hay un niño institucionalizado. Entonces hay un montón de ejemplos como este de normas que deben armonizarse porque ambas están vigentes”, explicó Abdala.
Incluso, el nacionalista planteó que esta contradicción está sobre la mesa ahora, ya que forma parte de la discusión en torno a la vacunación de adolescentes contra el Covid. De acuerdo a cada una de las normas, el responsable de firmar autorizando que se vacune a aquellos jóvenes de entre 12 y 18 años institucionalizados en el INAU es una persona diferente.
Por otra parte, Abdala indicó que este grupo se propone también unificar criterios hasta en cuestiones de terminología. “En la versión original habla de menores. Después se plantea el criterio de hablar de niños, niñas y adolescentes. Ahora es niñas, niños y adolescentes”, planteó como ejemplo.
Sin embargo, el foco estará puesto, explicó Abdala, en fortalecer “el derecho a vivir en familia” como “el mejor sistema de protección”. “Se nos anuncia que van a venir propuestas para mejorar las normas vigentes en cuanto a garantizar ese derecho”, dijo. “Nuestra expectativa es que desde la actualización normativa esto contribuya con la realización de nuestra línea estratégica numero uno que es transitar de un modelo de protección de base en la internación a uno en la inserciones familiares y comunitarias. El derecho a vincularse a su familia original o a una adoptiva…, ahí es donde está cifrada nuestra expectativa. Menos niños internados, más desinternación y más niños viviendo en un ámbito familiar”, agregó.
Para ello, uno de los puntos claves en los que el grupo de juristas pondrá atención es en el régimen de adopción. En ausencia de una familia, según Abdala, esta es la mejor opción porque “otorga todos los derechos”; pero reconoce que allí “hay un techo”, porque “aunque el INAU sea eficiente en la valoración de la familia si la Justicia no declara en tiempo la adoptabilidad es imposible”.
“Muchas veces, cuando esa adopción se retrasa, los niños crecen y las posibilidades de darlo en adopción van disminuyendo”, afirmó.
Es por eso que está previsto que la comisión trabaje en conjunto con representantes del Poder Judicial para encontrar caminos que permitan acelerar este proceso y que no se convierta en un obstáculo para concretar la adopción.
Abdala indicó que en principio no está previsto que esta comisión proponga cambios en relación con las modificaciones que estableció la Ley de Urgente Consideración. Esa norma incluye cuatro artículos relacionados con el régimen de adopciones y ajustes a las penas de menores infractores. Sin embargo, aseguró que el grupo de expertos trabajará de forma independiente, por lo que tendrá libertad para proponer todas las modificaciones que considere pertinentes.
