Yo no sé de qué se quejan y se rasgan las vestiduras los que critican el contenido de la sentencia de la jueza Lapaz en el caso del Hogar Tulipanes del INAU.
El programa de Ignacio Álvarez denunció una serie de irregularidades, disparates, desorden y delitos cometidos en ese local en un informe de Patricia Martín, y la jueza se agravia porque eso afecta a las menores alojadas en ese centro
Yo no sé de qué se quejan y se rasgan las vestiduras los que critican el contenido de la sentencia de la jueza Lapaz en el caso del Hogar Tulipanes del INAU.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl programa de Ignacio Álvarez denunció una serie de irregularidades, disparates, desorden y delitos cometidos en ese local en un informe de Patricia Martín, y la jueza se agravia porque eso afecta a las menores alojadas en ese centro.
Y hace bien en agraviarse. Fíjense que la magistrada mantiene las medidas cautelares del proceso, y les prohíbe a Patricia Martín y a los demás integrantes del equipo periodístico de Todo se sabe mantener “contacto, comunicación, relacionamiento, entrevistarse o desarrollar conducta similar, por sí o por terceros, con la Sra. Patricia Martín y el equipo periodístico” con relación a las adolescentes del Hogar Tulipanes, así como a los testigos o los denunciantes de los hechos, por el término de 180 días y un radio de exclusión de 500 metros del citado hogar y de cualquier otro centro de internación del INAU.
Un acto de evidente mezquindad. Qué le costaba a la magistrada decidir también que se le amputaran ambas manos y le cauterizaran las cuerdas vocales a la periodista Patricia Martín, de manera que no pudiera continuar con su acción deletérea en perjuicio de la verdad y la justicia. Y, además, extender los 180 días a 180 meses, para asegurarse que así el dolo perpetrado por el programa se fuera diluyendo en el tiempo, que el radio de exclusión fuera de 10 kilómetros a la redonda, y que a los testigos y vecinos del episodio que relata el programa se los encarcelara preventivamente por un año, durante el cual serían interrogados por policías especializados para comprobar si lo que habían atestiguado era cierto o una burda patraña para desinformar a la opinión pública de la verdad de la milanesa.
Además, como si fuera poco, la bendita magistrada prohibió en su sentencia “la utilización de cualquier material audiovisual que implique la difusión de la imagen, la voz o cualquier otro elemento identificatorio de la identidad de los adolescentes que se encuentran institucionalizados en ese centro, así como también de los funcionarios que se encontraban presentes al momento de los hechos denunciados”. Y, de propina, la jueza ordenó “el retiro de todo material audiovisual que se encuentre en redes sociales o al alcance del conocimiento público”.
Otra vez la visible ruindad de esta ilustrada magistrada, que vuelve a dar pruebas de su timidez y falta de decisión en pro de la verdadera justicia.
La sentencia debió haber ordenado la incineración en plaza pública a determinar de todo ese material audiovisual, incluyendo las computadoras y sus discos duros, bases de datos que contenían el desagradable material periodístico, prosiguiendo luego con la cauterización de las yemas de los dedos de ambas manos de los sujetos y las sujetas que grabaron ese despreciable material, de manera que al menos por varios meses, hasta que cicatrizaran las cauterizaciones, estos cómplices del gravísimo hecho que se denuncia pudieran volver a tipear en los teclados de sus malditas máquinas.
Y agregar también el levantamiento del programa del Sr. Ignacio Álvarez, así como el despido inmediato de todo el personal que trabaja con él, alojándolos a todos ellos por el término de seis meses en la isla de Flores, donde se los someterá a una terapia cognitivo-desarticulante, para evitar que a su retorno vuelvan a intentar llevar a cabo este tipo de malolientes programas que tanto mal le hacen a la sociedad.
Ojalá que el caso de la denuncia de la paliza que le dieron a Valeria Ripoll unas criaturas alojadas en un hogar del INAU vecino a su casa caiga también en manos de la jueza Lapaz, que esperamos haya seguido estudiando derecho penal condenatorio en estos días y haya mejorado su sed de justicia ante las agresiones entre seres humanos.
Imaginamos que la sentencia ante la agresión de estas adolescentes a la conocida dirigente nacionalista cargará contra la absurda decisión de esta señora de vivir en la casa de al lado del Hogar Magnolia, ahí en Agraciada y Entre Ríos. Esperamos tramos de la sentencia tales como “ordénase la inmediata mudanza de la Sra. Ripoll a otro domicilio, que se encuentre fuera de un radio de 1.500 metros de la ubicación del Hogar Magnolio, de forma de mantener a las adolescentes alejadas de la presencia provocativa y agresiva de la denunciante, que ha agregado al expediente fotografías en las que registra lesiones faciales, sin agregar la prueba de que las imágenes fueron originadas por las menores vecinas”. Asimismo, imaginamos que la magistrada prohibirá a los vecinos y testigos de las agresiones denunciadas a declarar en esta causa so pena de la aplicación de sanciones procesales consistentes en prisión preventiva, con el agregado de multas de 500 UI por cada violación del silencio ordenado en el expediente.
Así va la Justicia en nuestro querido país, con personajes de la imaginación y la agresividad de la jueza Lapaz, que esperamos nos siga iluminando con su demostrada imaginación persecutiva hasta los límites que su creatividad le permita.
Habría que recordarle también que la pena de muerte no figura entre las condenas más graves en nuestra legislación.