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INAU defiende artículos de la LUC que “dinamizan” el sistema de adopciones para evitar que niños “crezcan institucionalizados”
Desde el sindicato advierten por posibles “apropiaciones de gurises”, ya que “se perforan los mecanismos de control”; reclaman que si se quiere acelerar los procesos se deben asignar más recursos
La discusión ya instalada sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC), de cara al referéndum que busca derogar 135 de sus artículos, tiene ejes marcados tanto para sus defensores como para sus detractores. Los principales dirigentes del Frente Amplio hacen hincapié en relacionar la norma con el aumento de los combustibles, y cuestionan supuestos efectos negativos en la actuación policial y la gobernanza de la educación, entre otros. Desde el oficialismo se pone el foco, principalmente, en los impactos positivos que tuvo la LUC en seguridad.
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Sin embargo, entre los 135 artículos que la Comisión Pro Referéndum pretende que se deroguen hay diversos temas, entre los cuales se encuentran modificaciones realizadas al sistema de adopciones y la participación del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en organismos de la educación.
La posibilidad de que se eliminen estos cambios —previstos en los artículos 172, 185, 403 y 404— preocupan al presidente del INAU, Pablo Abdala. Los dos primeros definen la creación de las comisiones departamentales de la educación e incorporan al INAU como uno de sus integrantes. Mientras que los otros dos definen que la Justicia, con informes fundados del Instituto Técnico Forense o equipos técnicos de los juzgados especializados en la materia, puedan otorgar la adopción a una familia sin haber pasado por el proceso de selección del INAU.
El presidente del INAU asistió un mes atrás a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado en el marco de la discusión por la Rendición de Cuentas y aprovechó la instancia para plantear sus reparos. Dijo que “las cuatro disposiciones que se incluyeron en la LUC resultaron de enorme importancia en el camino” de “promover un proceso de adopción”. Y celebró que los artículos 405 y 406 hayan sido votados por unanimidad porque allí se acordó de forma “razonable”, según Abdala, “que el Estado se autoimpusiera un plazo máximo de un año y medio para determinar si una familia estaba o no en condiciones de adoptar”.
Dijo también que considera que “sería un grave retroceso que quedaran sin efecto” esos artículos, porque “en el marco de ese proceso complejo que llevan las adopciones son necesarios y, al contrario de lo que se ha señalado, son garantistas desde la perspectiva de lo que es central, que es el interés superior del niño”.
En diálogo con Búsqueda, Abdala aseguró que si se derogan, “se frustraría y obstaculizaría el desarrollo de un régimen de adopciones que debe ser dinamizado”.
“Sin perjuicio de las garantías, es un desafío complejo que nos plantea la necesidad de combinar un equilibrio entre derechos del niño y sus garantías. Porque las adopciones están sometidas a distintas complejidades que no dependen solo de tiempos de la administración, dependen también de decisiones judiciales, y el éxito del régimen de adopciones dependen en gran medida del factor tiempo”, sostuvo.
Agregó que “los niños a medida que avanza el tiempo tienen posibilidades más escasas”, porque los padres quieren adoptar recién nacidos o de la franja de la primera infancia. “A partir de los cinco o seis años estas posibilidades se vuelven complejas y entonces, en relación con niños que han roto el vínculo familiar, fracasar en el proceso de adopción es condenar a que los niños vivan y crezcan institucionalizados y que eventualmente cumplan los 18 años en un centro de 24 horas del INAU”, ilustró.
En este sentido, el presidente del organismo agregó que en los hechos la Justicia ya viene adoptando este criterio previo a la LUC y que con la norma lo que se hace es “darle expresión legal, ponerle límites y asegurar las garantías en lugar de relativizarlas”.
Por último, Abdala indicó que es “difícil oponerse y sobre todo fundamentar en contra de estas disposiciones porque se sustentan en el más sentido común; no son posiciones ideológicas y están a prueba de cualquier fundamentación coherente”.
Sin controles
Durante la comparecencia ante el Parlamento el único comentario al planteo de Abdala lo hizo la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura, quien aseguró que su “preocupación” está “en que mediante los artículos que ahora van a estar impugnados, se facilita o se da al Poder Judicial la posibilidad de resolver por sí y ante sí sin la participación de los técnicos del INAU”.
Luego de la exposición de Abdala la directora por el Frente Amplio, Natalia Argenzio, planteó algunas discrepancias con el manejo de determinadas acciones, como, por ejemplo, en cuanto a la contratación de personal, el cual considera insuficiente; entregó luego a los legisladores una serie de propuestas que ha presentado, junto con su equipo, en el directorio, pero no hizo ninguna alusión a los planteos del presidente del INAU sobre los artículos de la LUC. Consultada por Búsqueda sobre su postura ante los artículos que se pretende derogar, prefirió no hacer declaraciones.
Desde el sindicato de trabajadores del INAU (Suinau) indicaron que no tienen discrepancias en concreto con los artículos referidos a la participación del instituto en organismos de educación, pero sí con los que modifican el régimen de adopciones. El secretario general del Suinau, Carlos Salaberry, dijo a Búsqueda que la decisión de “saltearse el informe del INAU” significa que “se perforan los mecanismos de control”.
En su opinión, no hay nadie con el grado de idoneidad para hacer este tipo de evaluaciones como el INAU y niega que sea el camino para acelerar los procesos. “Si se quiere dar más dinamismo, lo que hace falta es más recursos para que se pueda contar con un mayor equipo para hacer los informes. No se puede acelerar quitando las garantías”, aseguró. Y afirmó que de mantenerse los artículos se expone a “situaciones de venta y de apropiaciones de gurises”.
Por otra parte, también cuestionó el argumento de que sea un problema central el que haya padres que por las demoras no adoptan. “No es así. Hoy tenemos 400 gurises en condiciones de adoptabilidad y unos 100 padres que pasaron todas las etapas. Ellos quieren bebés, es verdad. Pero si ahora, por ejemplo, ingresa un bebé del Pereira Rossell, esas familias lo pueden adoptar inmediatamente”, dijo.