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INAU inicia sumario contra actual directora del Frente Amplio en Inisa por presuntas irregularidades en expedientes sin trámite
Entre 2016 y 2020 Andrea Venosa era la directora de Jurídica del INAU y es una de las “responsables”, de acuerdo a la investigación administrativa, por unos 171 expedientes sin trámite que se encontraron en un armario
Andrea Venosa. Foto: Nicolás Der Agopián / Búsqueda
El Directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) resolvió el miércoles 1° iniciar un sumario a la actual directora por el Frente Amplio en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Andrea Venosa, por su “responsabilidad” en años anteriores cuando era la titular de la División Jurídica Notarial del INAU.
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En diálogo con Búsqueda, el presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo que se tomó esta decisión luego de consultar a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), quien determinó que pese a que Venosa ya no forma parte del INAU —ya que es funcionaria de Ancap en pase en comisión en Inisa— es correcto que sea este organismo quien juzgue su labor cuando estuvo al frente de la División Jurídica Notarial. En el informe de la ONSC se indica además que luego de juzgada su actuación, si ameritara tomar alguna medida deberá ser adoptada por el organismo para el cual Venosa es funcionaria, en este caso Ancap, de donde fue transferida en pase en comisión tanto a INAU años atrás como a Inisa actualmente.
En agosto de 2020, a poco de asumir como presidente del INAU, Abdala tomó conocimiento de que se había encontrado un armario con 171 expedientes de sumarios que no habían tenido trámite, informó El País el 6 de mayo. Abdala explicó que gran parte de esos sumarios ya estaban terminados y contaban con las investigaciones, testimonios y pruebas, pero al ser enviados a la División Sumarios “se encajonaron”. Se realizó una investigación administrativa a lo largo de casi un año para intentar dilucidar qué había ocurrido y las conclusiones a las que llegó la División Jurídica Notarial fue que las “responsables” fueron la extitular del Departamento de Sumarios y la exdirectora de la División Jurídica Notarial —que en ese entonces era Venosa.
Sin embargo, el informe de Jurídica elevado al Directorio del INAU en mayo indicaba entre sus conclusiones que a entender de la división ambas funcionarias no debían ser juzgadas, ya que habían dejado el organismo —una por jubilación y otra por pasar a otra dependencia del Estado— y se recomendaba que los 171 expedientes fueran archivados. Abdala mostró su disconformidad con esta propuesta por considerar que de ser así un funcionario que cometa alguna irregularidad en un lugar, si luego cambia de dependencia, quedaría sin ser juzgado. Pero de todos modos, propuso que se realizara la consulta a la ONSC para saber cómo debían proceder.
El informe llegó al directorio en los últimos días y sus conclusiones indican que “por tratarse de una funcionaria pública que se encontraba en pase en comisión corresponde en el ejercicio de destino instruir el correspondiente sumario”. Y agrega que una vez esté concluido el sumario, INAU deberá remitir las actuaciones a Ancap para que sea la petrolera estatal quien tome la decisión final.
“Lo que hemos hecho es nada más ni nada menos que cumplir con la ley”, dijo Abdala. “Si no hubiéramos dispuesto lo que dispusimos hubiéramos incurrido en una omisión nosotros porque la decisión se toma en base al dictamen de Servicio Civil. Es con esa perspectiva que hemos actuado”, agregó y aclaró que “no hay intencionalidad política ninguna”, sino que “simplemente es actuar en función de la ley vigente”.
En su momento, el sindicato de funcionarios de INAU (Suinau) planteó la necesidad de que se investigue “en profundidad” para poder “llegar al fondo del asunto y determinar qué fue lo que realmente ocurrió”.
“Si hubo favoritismo, impunidad e injusticias, estas deben conocerse y en la medida de lo posible corregirse”, decía en un comunicado el gremio en aquel entonces. Por su parte, Casa Grande, sector al cual pertenece Venosa, emitió un comunicado meses atrás diciendo que las denuncias sobre la actual directora del Inisa son una “violación flagrante a las normas del debido proceso, violando el principio de reserva” y poniendo énfasis en su “total confianza en su actuación responsable”.
Consultada por Búsqueda, Venosa dijo que se trata de ?“una persecución política” hacia su persona. Afirmó que hasta el momento no recibió notificación de ningún tipo y que en lugar de su caso se debería estar hablando sobre el presupuesto que es necesario para implementar las políticas para la protección de derechos a la infancia y la adolescencia.
