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El directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) resolvió el miércoles 12 presentar una denuncia penal contra los responsables de la asociación civil Servicio y Acciones para la Infancia (SAI), luego de constatar un “faltante” de $ 16 millones que les fueron transferidos desde el organismo.
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Una auditoría interna realizada por el INAU constató que a partir de 2018 la organización no rindió cuentas sobre los gastos que realizaba, explicó a Búsqueda el presidente del organismo, Pablo Abdala.
“Llama la atención y preocupa que a esta organización, que desde mediados de 2018 empezó a incumplir el convenio y no rindió cuentas, se le mantuvo la liquidación mensualmente hasta diciembre de 2019”, dijo.
El jerarca informó que además se constató que quien figuraba como apoderado y persona rentada de la organización es a la vez funcionario del INAU, lo que contraviene la normativa. Por esa razón, se decidió iniciarle un sumario e incluirlo en la denuncia penal. “Está comprobado que cobraba un sueldo. Se financiaba con recursos del convenio y, a la vez, actuaba en el INAU”, dijo Abdala.
Esta organización tenía a su cargo dos centros juveniles y participaba en el programa Cercanías para la atención de familias en situación de vulnerabilidad. El programa desarrolla un trabajo de proximidad con las familias mediante el cual favorece el “acceso efectivo a las prestaciones sociales a las que tienen derecho y fortalece a las familias en sus funciones de cuidado, socialización y crianza”.
En su sitio en Internet, la asociación tiene como objetivos implementar los programas y proyectos de acción que posibiliten el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. Sostienen que con su accionar buscan “contribuir a mejorar las condiciones de vida” de niños y adolescentes “facilitando el desarrollo armónico de sus potencialidades, especialmente de quienes pertenecen a sectores de alta vulnerabilidad social”.
El INAU también está investigando la situación de la asociación civil Gianella por la Vida de Cerro Largo. En este caso se constató que hay incumplimientos en la rendición de cuentas desde 2017. Según el INAU, falta información sobre $ 13 millones.
El miércoles 12 se resolvió rescindir el contrato con esta organización y se le pidió al área jurídica del INAU un informe para presentar una denuncia penal.
Esta asociación civil tenía a su cargo un centro juvenil y su objetivo era brindar ayuda a personas con discapacidad.
Abdala dijo que el directorio puso en funcionamiento dentro del INAU una Unidad de Control Financiero y Contable de Convenios que le permite analizar caso a caso los contratos. El INAU tiene unos 900 convenios con instituciones.
Además de estos dos casos, la investigación está mostrando situaciones similares de atraso en las rendiciones de cuentas de los dineros que las organizaciones reciben del INAU. El directorio evaluará en cada caso los pasos a dar.
