En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Las obras de los centros Colibrí, Ceprili, La Tablada y el Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación (Ciedd) realizadas una década atrás provocaron un estallido interno en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). Desde el reproche de las autoridades que asumieron en 2015 a los anteriores jerarcas por dejar centros con “groseras” deficiencias edilicias hasta denuncias penales en la Justicia, pasando por reclamos de la constructora por pagos adeudados.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En las últimas horas se sumó un nuevo episodio. Una investigación administrativa del INAU llegó a la conclusión de que hubo “graves irregularidades” en el proceso de las obras, según el documento al que tuvo acceso Búsqueda. Este informe fue analizado por el directorio del INAU, que ayer miércoles resolvió iniciar un sumario administrativo a la única funcionaria que permanece en la institución de todos los que intervinieron en el proceso. Además, las autoridades analizarán si existen nuevos elementos que ameriten el envío de la documentación a la Justicia, ya que una investigación por los hechos ya fue archivada.
En 2012 el entonces Sirpa —hoy Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa)— resolvió realizar obras en diversos centros para menores, como la ex Colonia Berro y el hogar ubicado en bulevar Artigas y General Flores. Para realizarlas se contrató a un arquitecto externo, Daniel Majic, pese a que el instituto cuenta con un departamento de Arquitectura. Majic estuvo a cargo de elaborar los pliegos de obra y negociar con las empresas.
Las obras se realizaron durante la administración de Rúben Villaverde en el ex-Sirpa y de Javier Salsamendi en el INAU. Para realizarlas el Parlamento habilitó que el Sirpa contratara a dos empresas (Calpusa y el consorcio Tresor-Fedal) de manera directa por un valor de $ 400 millones para hacer mejoras que se consideraban urgentes en la infraestructura de varios centros.
El resultado, años después de inaugurada la obra, dejó inconforme a las autoridades. Informes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas encontraron fallas en varios centros. Instalaciones eléctricas que ponían en peligro la vida de las personas, filtraciones de agua en techos, internos que accedían con “relativa facilidad” a elementos para infringir daño y aparatos sanitarios vandalizados que provocaban derrames fueron algunos de los puntos señalados.
Los informes del departamento de Arquitectura del Inisa encontraron además un mal funcionamiento del sistema de agua caliente, desprendimiento de puertas y problemas generalizados en la infraestructura de los nuevos centros. Los calificativos sobre las condiciones en que se encontraban los centros fueron categóricos: “Una perrera”, resumió la directora que sucedió a Villaverde en el cargo, Gabriela Fulco, para graficar la situación de la infraestructura en uno de los centros, destinado al ingreso y diagnóstico de los menores.
La primera denuncia fue realizada en 2015 por un exfuncionario del INAU, quien advirtió en la Fiscalía de Crimen Organizado que el estado de las obras y el proceso reflejaban actos de apariencia delictiva. Luego se sumó una denuncia de Fulco, que en 2018 junto con su directorio resolvió acudir a la Justicia para que se investigue la actuación de la constructora y de las anteriores autoridades (Búsqueda Nº 1.974). Pocos meses después, decidió cerrar el centro para ingreso y diagnóstico.
En diciembre de 2019, tras culminar las indagatorias, el fiscal Luis Pacheco decidió archivar la causa, en la que había unificado ambas denuncias. Explicó que, aunque encontró diversas irregularidades, estas no configuraron delitos.
Los hechos trajeron otras consecuencias. En la rama civil, la Justicia condenó al INAU a pagar cerca de US$ 1 millón a la empresa constructora del centro, Fedal S.A. (que junto con Tresor S.A. integró el consorcio que recibió la adjudicación de la obra en 2012). El fallo hizo lugar a una demanda de Fedal por montos adeudados que el organismo se negó a pagar por considerar que la empresa entregó la obra en malas condiciones (Búsqueda Nº 2.048).
El sumario
En noviembre de 2015 la comisión delegada del Sirpa inició una investigación administrativa para “determinar o comprobar las irregularidades denunciadas”. La abogada que realizó la investigación constató que hubo “graves irregularidades” y le atribuyó la responsabilidad “a las entonces autoridades de INAU y de la excomisión delegada del Sirpa” y también al arquitecto Majic.
Sin embargo, este informe, que se culminó en abril de 2017, no fue tratado por el directorio de la época. Fuentes del INAU dijeron a Búsqueda que ese expediente fue uno de los 171 que se encontraron en un armario en agosto de 2020, sin trámite, y que derivó en el inicio de una investigación administrativa a la exdirectora de Jurídica del INAU y actual directora por el Frente Amplio en el Inisa, Andrea Venosa.
En marzo de 2020, días antes de que asumieran las nuevas autoridades encabezadas por el nacionalista Pablo Abdala, el directorio pidió ampliar la investigación incorporando el resultado de las indagatorias de la Justicia.
Al igual que la investigación anterior, esta última también concluyó que existieron irregularidades. Por ejemplo, aseguró que “no debieron autorizarse los gastos adicionales reclamados por las empresas, en virtud de que se trataba de un contrato llave en mano en el cual debido a su naturaleza debe especificarse un precio único que no puede ser alterado posteriormente”. Y por ende, “los costos adicionales admitidos implicaron un aumento del precio pactado”.
También se comprobó que las obras presentaron patologías de carácter “constructivo que significan un riesgo por defectos por mala construcción o instalaciones inapropiadas que pueden llevar a que el centro colapse”. También se identificaron “errores en el colocado de hormigón” y “el desprendimiento de las puertas de las habitaciones por un mal diseño y construcción”.
Además de las falencias en lo edilicio se constató que “se autorizó la ocupación de los centros sin las habilitaciones correspondientes”, por lo que “las obras fueron entregadas y consecuentemente recibidas de forma provisoria sin el alta de recepción definitiva”.
La investigación administrativa concluyó que “las irregularidades señaladas habrían implicado un incumplimiento a los principios y procedimientos de buena administración imputables a las autoridades” del momento, así como al arquitecto contratado. Aunque advirtió que al tratarse de cargos políticos el derecho administrativo no los contempla.
La única funcionaria que la investigación administrativa identificó es la asesora letrada del directorio de aquel entonces, que actualmente continúa trabajando en el INAU. En este sentido, la investigación aseguró que la abogada “incurrió en falta administrativa de carácter grave” porque debió advertir sobre las consecuencias que tendrían los actos administrativos y “correspondería instruir sobre ella el procedimiento sumarial” sin separación del cargo ni retención de haberes.
