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INAU respalda proyecto de ley que suma al Ministerio de Economía en el control y la coordinación de las políticas para la infancia
Más de 150 niños y adolescentes de Montevideo esperan para ingresar al servicio de protección del organismo; por la falta de cupos, algunos llegan a permanecer más de un año internados en el hospital Pereira Rossell
imagen de INAU respalda proyecto de ley que suma al Ministerio de Economía en el control y la coordinación de las políticas para la infancia
El proyecto de ley para la primera infancia que impulsa la diputada frenteamplista Cristina Lustemberg encontró con el cambio de gobierno un nuevo aliado. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) renovó sus autoridades y con el nuevo signo político también viró la postura en relación con la norma que tiene a estudio el Parlamento, que propone dar más peso al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la coordinación, evaluación y monitoreo de las políticas sociales destinadas a la infancia.
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La actual administración del INAU, liderada por Pablo Abdala, se mostró favorable al proyecto, una posición que contrasta con la resistencia que había provocado en las anteriores autoridades frenteamplistas de ese organismo y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
El jueves 6 el presidente del INAU asistió, junto con la directora Natalia Argenzio (Frente Amplio), a la comisión Especial de Población y Desarrollo de Diputados y allí manifestó su apoyo a la iniciativa. Para el jerarca nacionalista, el proyecto “es una oportunidad muy atractiva” para revertir “una cierta carencia” del sistema político en el seguimiento y control del impacto de las políticas.
En setiembre de 2018, Lustemberg presentó un proyecto de ley con el respaldo de sus compañeros del Frente Amplio. La iniciativa busca dar “garantías para el desarrollo, atención, educación y protección integral de la primera infancia” (niños entre cero y seis años). Para lograrlo, Lustemberg considera necesario ordenar el gasto en ese sector y plantea tiempos perentorios para resolver situaciones de emergencia. Por eso, propuso dar un papel más importante al MEF y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). En el articulado se plantea crear una unidad dentro del ministerio que se encargue de la coordinación, evaluación y monitoreo de las políticas destinadas a la infancia y coordine con distintos sectores.
Ese es uno de los puntos que causó diferencias en la interna del oficialismo. A comienzos de mayo de 2019, el Mides y el INAU plantearon en la comisión de Diputados reparos a la idea de darle el control a Economía. También hubo reparos por parte del Partido Nacional, y fue de hecho el propio Abdala quien transmitió que no apoyarían el proyecto porque les generaba “dudas” que se votara en las “postrimerías de un nuevo gobierno, por lo tanto, de la elaboración de un nuevo Presupuesto”.
Hoy, ya en el poder, Abdala planteó en el encuentro ante los diputados que su postura es “bastante más favorable” que la de las anteriores autoridades del INAU, aunque advirtió que también tenía “discrepancias”.
“Coincidimos con los objetivos y con los motivos que están detrás del proyecto de ley y que tienen que ver con avanzar, por ejemplo, en dos aspectos que me parecen medulares, como el de definir o redefinir ámbitos” para el “abordaje interinstitucional no solo de las políticas y de las definiciones estratégicas, sino también de los aspectos operativos, de la propia toma de decisiones”, agregó.
En este sentido, Abdala consideró que, de aprobarse el proyecto, será una “evolución” que haya un “monitoreo” y un “seguimiento del cumplimiento o no cumplimiento de las metas en la aplicación de los recursos públicos” porque “nunca se llega a medir muy bien en qué medida generan impactos”.
Los reparos
Al repasar puntos específicos del proyecto, el presidente del INAU planteó una serie de “diferencias”. Por ejemplo, opinó que hay cierta “imprecisión” en la definición de las competencias de organismos o de ámbitos de gobierno que se crean en la norma: “Se habla de las sectoriales, de la Unidad de Coordinación, de Gabinete de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. Francamente creo que hay cierta definición difusa”.
“La diputada Ana Olivera, en aquel entonces subsecretaria del Mides, cuando compareció a la comisión planteó —y yo lo comparto— que eventualmente esto podría generar una duda en cuanto a la competencia del INAU como órgano rector”, agregó. Por último, enfatizó que considera “un acierto muy claro de la propuesta” no dejar “solo” al INAU en el cumplimiento de sus cometidos. No obstante, expresó sus dudas sobre si el MEF es “el lugar más indicado” para ubicar a la Unidad de Coordinación.
“Nudo crítico”.
Durante la instancia parlamentaria, las autoridades del INAU respondieron varias preguntas sobre otros temas relacionados con el trabajo del organismo. La directora Argenzio informó que en Uruguay se detectan 13 situaciones de violencia contra menores cada día —4.911 casos en 2020, según el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia.
Los datos recogidos en 2020 revelan que ese año el Poder Judicial envió más de 24.000 oficios al INAU solicitando su intervención por situaciones de vulneración de derechos. Entre ellos hubo 300 casos relacionados con situaciones de salud mental, otros 400 vinculados a situaciones de vivienda y unos 1.100 asociados a la pérdida de capacidad de cuidados por vulneraciones de derechos en situaciones crónicas.
En este sentido, Argenzio afirmó que si bien las solicitudes llegan al INAU, “se requiere de una interinstitucionalidad para dar respuesta” porque es imposible abarcar todas las problemáticas que atraviesan las familias, como por ejemplo, la vivienda o la salud mental. “Estamos ante un nudo crítico que es el encierro como medida de protección o la separación de estos niños, niñas y adolescentes de sus familias como medida de protección por no poder abordar estos otros problemas”, sostuvo.
Asimismo, la directora relató que la gran cantidad de solicitudes lleva a que el organismo no pueda dar respuesta. Por ejemplo, informó que en Montevideo hay pendientes 152 mandatos del Poder Judicial pidiendo el ingreso de menores al sistema de protección a los que aún no se atendió. “Esto implica que muchos de estos niños y estas niñas se encuentren internados, por ejemplo, en el hospital Pereira Rossell. Por no poder atender estas situaciones de vulneración de derechos, esos niños y niñas terminan con internaciones prolongadas de más de un año. ¡Estamos hablando de niños y niñas que permanecen más de un año internados en el hospital Pereira Rossell! Es realmente preocupante”, afirmó.
