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Envueltos en un mar de cambios permanentes en tecnologías de la comunicación y en especial en plataformas de entretenimiento audiovisual, dirigentes políticos y representantes sociales intentan descifrar —también, aunque en vano, controlar— lo que expertos en la materia apenas conocen y sobre lo que evitan pronunciarse. Tratan, a su forma, de incorporar al Estado al asunto en cuestión y que sea él en forma exclusiva quien maneje los vaivenes tecnológicos, lo que solo puede empeorar las cosas.
El tema en debate es que el Poder Ejecutivo decidió otorgar licencias para ofrecer servicios de Internet a cinco empresas de cable, incluyendo las tres grandes de Montevideo, rompiendo de esa forma con el monopolio que se había adjudicado a Antel en tiempos del gobierno del Frente Amplio, partido adicto a los monopolios estatales. El Frente tomó esa decisión aún a sabiendas de su inconstitucionalidad.
De hecho, desde un principio los jerarcas del gobierno y de Antel de entonces reconocían en privado que la constitucionalidad de ese monopolio era insostenible. Decían que lo que se buscaba era ganar tiempo para que el ente se hiciera fuerte para la competencia con operadores del sector privado. Teniendo en cuenta ese escenario: misión cumplida. Pero nadie puede sorprenderse de la apertura que se da recién ahora. Debió instrumentarse mucho antes si no fuera porque a los políticos les gusta manipular la Constitución, el principal contrato con los ciudadanos.
El Poder Ejecutivo dejó muy en claro la semana pasada, al tomar la decisión en cuestión, que su intención es abrir la posibilidad de ofrecer este servicio a todos los cableoperadores. No es tan claro si otros operadores podrán participar.
Hoy la participación está limitada, como consecuencia de errores anteriores, a las empresas que gestionaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. El artículo recurrido es el 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2014, que prohíbe la propiedad cruzada entre televisión y telecomunicaciones, es decir, impide a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual ofrecer “servicios de telecomunicaciones de telefonía o transmisión de datos”.
Aquí aparece la madre del borrego. El problema original es la normativa aprobada durante el segundo gobierno del Frente Amplio, conocida como “ley de medios”. Como ya sostuvimos desde esta misma página editorial, esa norma nunca debió existir y solo sirvió para satisfacer las necesidades de los amantes de los monopolios.
Legisladores de la coalición multicolor de gobierno ya están hablando de cambiar la “ley de medios” para poder liberar estos servicios a todos. El problema aquí es que probablemente esas modificaciones vengan con otras que, teniendo en cuenta lo ocurrido durante los últimos dos años en el Parlamento con respecto a este tema, pueden ser peores de lo que ya existe.
Una vez más la lección debería ser otra: cuanto menos intervencionismo político mejor. O como dijo José Mujica —¿se habrá arrepentido después?— hace ya una década a la revista brasileña Veja: “La mejor ley de medios es la que no existe”.
Ya pasó con la digitalización de la TV y el supuesto apagón analógico, que fue tema recurrente por un largo tiempo. Fue ahí que llegaron los debates extensos y las adjudicaciones caprichosas, con la excusa de tener un sistema “más plural” —lo que ya se empieza a escuchar con el tema actual—, que terminaron cuando el plan fue arrasado por las nuevas tecnologías. La TV digital quedó en la antigüedad con la aparición del streaming, respaldado por empresas internacionales billonarias.
Lo dicho, cuando se intenta controlar lo incontrolable, imposible que salga bien. Lo mejor es soltar a este mercado que trae una dinámica futurista y ver cómo se ajusta en maneras impensadas.
