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El suscrito, Dr. José A. Loinaz Barbosa, con C.I. 2.646.257-1, con domicilio en la Avda. Artigas 1724 de la ciudad de Minas, Dpto. de Lavalleja, y con teléfono Nº 4442-2905, jubilado de abogado, tiene el agrado personal y a la vez, el alto honor ciudadano de dirigirse a través de esta carta abierta, generosa y desinteresadamente publicada en esta prestigiosa revista semanal Búsqueda a los legisladores Sergio Abreu, José Amorín, Pedro Bordaberry, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Pablo Mieres, pertenecientes, respectivamente, los cinco primeros, a los gloriosos partidos tradicionales Blanco y Colorado, que hicieron en los siglos XIX y XX nuestro país oriental, ejemplo de democracia republicana en América, y, el último de los nombrados, presidente del Partido Independiente, que tiene un inmenso futuro político en el Uruguay de comienzos de este siglo XXI.
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Como todos los nombrados tienen el máximo privilegio ciudadano de ser precandidatos de sus respectivos partidos políticos para la Presidencia de la República en las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre del 2014, es que me dirijo a ellos para peticionarles, respetuosa y públicamente, tengan a bien incluir en sus respectivos programas de gobierno, a cumplir a partir del 1º de marzo de 2015, la inmediata y total derogación legislativa del maldito y nefasto Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), anteriormente denominado IRPF, que golpea muy fuertemente a la clase social más desprotegida y castigada ferozmente por este gobierno del Frente Amplio, cual es la de los jubilados y pensionistas nacidos en la patria de Artigas, Lavalleja, Rivera, Oribe y de tantos otros héroes nacionales.
En la edición Nº 1.736 del jueves 24 de octubre de 2013, en Búsqueda salió publicada una extensa carta de mi autoría, titulada “No más impuestos a las pasividades”, en la cual expresé los sólidos e irrefutables fundamentos jurídicos y fácticos totalmente contrarios a la existencia constitucional del IASS, que llevaron en una cercana oportunidad a la Suprema Corte de Justicia a declarar inconstitucional el referido impuesto.
Allí sostuve jurídicamente que el IASS es clara y rotundamente violatorio de los siguientes artículos de la Constitución Nacional: el artículo 7, que consagra, entre otros derechos fundamentales, el de tener una vida acorde a la dignidad del ser humano, y el referido impuesto, al sacarnos de nuestros esmirriados bolsillos dos jubilaciones por año, dejándonos para vivir solo diez pasividades al año, atenta groseramente contra ese derecho; el artículo 8, que consagra el principio de igualdad en el tratamiento para todas las personas, y como el IASS trata de igual manera en materia impositiva a una persona activa (que tiene todas las posibilidades laborales para compensar la detracción impositiva) y a una persona en estado de pasividad que carece totalmente de esa posibilidad, y, además, se le prohíbe plenamente trabajar, lo cual configura una auténtica “discriminación perversa”; el artículo 32, que dice: “la propiedad es un sagrado inviolable”; en el caso de los jubilados está representada por haber cumplido con los aportes correspondientes por más de treinta años y por los años de trabajo, necesarios para obtener la justa y merecida jubilación. El IASS, al detraer de ese fondo previsional, todos los meses, una fuerte suma de dinero, le provoca al pasivo una grave disminución económica, volviéndose día a día más insoportable su vida cotidiana; y el artículo 67, que consagra la garantía de “retiros adecuados”, que los define expresamente como “prestaciones”, o sea, la jubilación o pensión, no en una remuneración, una renta, menos una compensación por trabajo como inconstitucionalmente lo considera el IASS. Con la aplicación de dichas pesadas cargas impositivas, las prestaciones cercenadas por las mismas transforman a los retiros totalmente “inadecuados”, en tanto este artículo 67 dice en su última parte que el financiamiento de las prestaciones de pasividad solo recae en los activos y en caso de insuficiencia se complementan con el auxilio de rentas generadas.
Y si todo esto fuera poco, el IASS es atentatorio de convenios internacionales suscritos por el Uruguay con la OIT, como, entre otros, el Nº 128, ratificado por ley, que establece que el Uruguay como Estado Miembro debe garantizar las jubilaciones, no previendo ningún tipo de imposición o traba impositiva. Cabe agregar que la Corte Internacional de Derechos Humanos dictaminó que el derecho a la prestación jubilatoria “es un derecho humano fundamental ya que dicho derecho es esencial en la restitución de un capital aportado en el pasado”.
Es de señalar que la carta de marras tuvo una gran repercusión en los miles y miles de lectores de Búsqueda, en especial entre los lectores jubilados, ya que recibí múltiples llamadas telefónicas de todo el país, entre otras, de las máximas Autoridades de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y de otras importantes entidades de pasivos del Uruguay, apoyando íntegramente todo lo que expresé.
A los señores legisladores, destinatarios de esta carta abierta, debo expresarles la inmensa amargura, la misma desazón que tienen miles y miles de mis compañeros jubilados del Uruguay porque el IASS se apropia prácticamente de dos pasividades. O sea, en lugar de cobrar la que le corresponde a Derecho y lo que veníamos haciendo siempre normalmente hasta el año 2008, de las 12 jubilaciones por año solo cobramos, aunque parezca de Ripley, 10 (léase bien: 10 pasividades) al año, lo cual representa que jubilados profesionales somos víctimas de un auténtico delito de apropiación indebida, previsto en el artículo 351 del Código Penal, castigado con tres meses de prisión a cuatro de penintenciaria, cometido nada menos que por el Estado, y delito continuado de la misma, encuadrado en la circunstancia agravante por el art. 47, numeral 14 del mismo Código (titulado “Abuso de Autoridad”), porque dicho delito se viene realizando por el Estado desde el año 2008 en forma totalmente ininterrumpida y puntualmente, hasta el 1º de marzo del 2015 seguramente.
Si el referido delito lo comete cualquier ciudadano común y corriente, va a parar con su pobre humanidad por varios meses a la cárcel. Y si es el Estado el que incurre en dicha conducta delictiva, no pasa nada o, en el mejor de los casos, lo invitan cínica y olímpicamente a que festejen los uruguayos.
Mayor desprecio a quienes pertenecemos para mí con mucho orgullo generacional a la clase social de jubilados y pensionistas del Uruguay, imposible de igualar o superar.
Completando esta carta, debo informarles a los señores legisladores que desde hace varios años la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, a la cual pertenezco como socio, y siendo el suscrito corresponsal en el Dpto. de Lavalleja, conjuntamente hermanados con la Asociación de Jubilados de la Caja Notarial, Asociación de Jubilados y Pensionistas Bancarios del Uruguay, Asociación Nacional de Policías en Retiro y Corfa (Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas), han venido sacrificada e infructuosamente luchando en varios niveles gubernamentales y privados para eliminar el IASS, y últimamente se proyectó una gran movilización nacional para promover una reforma constitucional para erradicar para siempre cualquier tipo de impuestos a las jubilaciones y pensiones. Pero, lamentablemente, dicha ansiada inquietud de miles y miles de jubilados y pensionistas a lo largo y ancho del Uruguay, se encontró con una muralla insuperable, de carácter económico, ya que se precisan nada menos y nada más que U$S 800.000 aproximadamente para un plan publicitario de nueve meses de duración, en todos los medios de comunicación del país, cifra a la cual deben adicionarse alrededor de U$S 500.000 para financiar la organización necesaria para la recolección efectiva de las firmas para posibilitar el plebiscito de la nombrada reforma de la Carta Magna.
Como es fácil y lógicamente lo comprenderán los señores legisladores, las humildes asociaciones de jubilados recién referidas no tienen un total U$S 1.300.000 para llevar a cabo la proyectada reforma constitucional para eliminar el IASS. O sea, la realidad fue más fuerte que nuestro empeño.
En definitiva, el único camino que nos queda para terminar con esta auténtica desgracia humana que venimos padeciendo los jubilados y pensionados profesionales del Uruguay llamada IASS (antes IRPF) es que los señores legisladores hagan suya la petición contenida en esta Carta Abierta, de que en sus respectivos programas de gobierno incluyan una cláusula clara y específica para derogar a partir del 1º de marzo del 2015 el IASS o cualquier otro tipo de impuestos a las pasividades.
Desde ya adelanto que toda la clase pasiva del Uruguay, y yo en particular, les estaremos eternamente agradecidos.
Quiera Dios que si uno de ustedes llega a la Presidencia de la República, una de las primeras decisiones gubernamentales a cumplir sea la eliminación del maldito, nefasto y expoliatorio impuesto del IASS.
Termino esta carta agradeciendo a los señores legisladores el trato positivo que seguramente brindarán a la petición contenida en esta misiva.
