En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Antes de formalizarse las investigaciones a cargo de los fiscales, y aun después, los procesos judiciales son complejos de entender por el ciudadano no solo por el desarrollo del propio proceso. Siempre surgen versiones contrapuestas —muchas con una fuerte carga política—, documentos o hechos que determinan que las investigaciones se extiendan en el tiempo. En este caso, 11 años.
Se añaden a las dificultades las apariciones “publicitarias” de quienes buscan generar controversias en su propio interés para responsabilizar a terceros.
No obstante, hay asuntos que desde el inicio están claros y en esos casos es incomprensible la morosidad. Un ejemplo son los abusos de funciones en el Hospital Policial que comenzaron luego de un incidente en 2012 que en Rocha dejó parapléjico a Víctor Hernández, alcanzado por una bala que presuntamente salió de la vivienda de quien era subcomisario policial. Nunca se aclaró el hecho y quien disparó el balazo permanece en el anonimato.
Más tarde, desde el Ministerio del Interior que lideraba Eduardo Bonomi, su director general, hoy senador del Movimiento de Participación Popular, el abogado Charles Carrera, abusando de su cargo con el aval del ministro, ordenó que Hernández fuera ingresado y atendido en el nosocomio policial pese a que no era policía ni familiar, los habilitados para recibir atención.
El gobierno trataba de que Hernández, habitante de La Paloma, que recibió un disparo que presuntamente salió de la casa de quien era el subcomisario de esa localidad, no causara problemas políticos. También se quiso evitar que el ministerio y el propio Carrera fueran objeto de demandas civiles millonarias.
Para salir del paso Carrera violó la ley. Dispuso la internación de Hernández en el Hospital Policial con el cargo inventado de oficial subayudante, situación que se extendió durante casi tres años. El parapléjico no estuvo solo. Lo asistió durante el mismo lapso su hermano Daniel. Ambos recibían bonos de alimentación por $ 20.000 mensuales, que sumados a los gastos médicos oscilan en un total de US$ 400.000.
El nosocomio se financia con la actual retención del 4% del salario de los casi 30.000 funcionarios policiales, a lo que se añaden cifras presupuestales que salen de nuestros bolsillos. Carrera metía la mano en el bolsillo de los contribuyentes y de los uniformados. Algunos gobernantes creen que las instituciones les pertenecen y la lenta reacción de la Justicia los envalentona.
Una investigación ordenada durante el ministerio de Luis Alberto Heber estableció que las decisiones de Carrera eran hechos con “apariencia delictiva” centrados en el indiscutible abuso de funciones, esto es, ordenar actos arbitrarios en perjuicio de la administración. Se presentó una denuncia en la Fiscalía de Corte que hoy está a cargo de la fiscal Silvia Porteiro, que asumió en 2022 en sustitución de Ricardo Lackner. La causa penal por el balazo prescribió el 11 de noviembre de 2022.
El año pasado el programa Santo y seña de Canal 4 divulgó una conversación entre Carrera, Hernández, su hermano y la madre de estos. En esa grabación de 2013 Carrera admite la ilegalidad: “Nosotros lo hicimos por lo humano, pero no es ajustado a derecho (…). Esto nos puede traer problemas en la Policía”, admitió el abogado. Cuando Daniel Hernández le dice que informarán a la prensa, lo increpa con insultos y con un tono patotero y amenazante. Para justificar su delito le argumenta que la internación se produjo a pedido de organizaciones humanitarias como Ielsur y Serpaj.
Hoy Hernández tramita una demanda civil por daño moral contra el ministerio.
No es todo. El año pasado el senador blanco Jorge Gandini, que integra la comisión investigadora parlamentaria que estudia el caso, reveló que entre 2010 y 2017, con un cargo policial inventado, la diputada Susana Pereyra, esposa primero de Bonomi y luego viuda, se atendió decenas de veces en el Hospital Policial en las especialidades de cardiología, ginecología y neurología. Estos hechos los avalaron los médicos intervinientes.
Casi al mismo tiempo surgió a la luz que también fue atendida en el hospital sin tener derecho la exesposa de Carrera.
Para Carrera las denuncias son el resultado de maniobras del oficialismo para desacreditarlo. Sin embargo, pese a esa excusa cantada, los hechos son los hechos, los documentos del hospital son los documentos y los testimonios de testigos parecen ser terminantes. A esto se suma que Carrera omite comparecer ante la comisión investigadora legislativa.
Amparado en sus fueros se mantiene aferrado a su sillón a la espera de que en las próximas elecciones continúe sentado allí. Lo cierto es que, por más volumen de trabajo que tenga, la inacción de la Justicia avala las intenciones de Carrera de volver a ser senador con una carga de impunidad.
