Quince compañeros de Búsqueda y Galería no la pasaron lindo el lunes último: junto a otros ciudadanos fueron víctimas de un atraco por parte de tres facinerosos, jóvenes y armados. Estaban comiendo unas “pizzas” en un local de Pocitos, prolongando la reunión de despedida del año.
Estas personas que pasaron el mal rato y fueron asaltadas, difícilmente han de creer las cifras oficiales sobre “caídas” en la delincuencia que difundió el Ministerio del Interior. No les han de traer tranquilidad ni les han de aliviar esa fuerte percepción o sensación de inseguridad —si es que se quiere disimularlo así—, a la que ya casi ningún uruguayo escapa.
Seguro, además, que los delincuentes no tenían sus armas declaradas ni registradas en las oficinas correspondientes del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas y que a ninguno de los tres les preocupa el decreto reglamentario de la ley sobre control de armas.
A quienes inquieta esta flamante norma es a comerciantes, organizaciones y personas vinculadas a la tenencia de armas que han resuelto impugnarla.*
Debería inquietar a todos, empero.
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La referida disposición, con todos sus extremos, condicionantes y exigencias, provocará muy serios problemas a los comerciantes del rubro y a quienes se dedican a la caza o a la practica de tiro (incluso como una actividad relajante) o a los coleccionistas, pero más que nada, significará otra limitación —una más y van…— a todos los ciudadanos. En particular a todos aquellos que, preocupados por su seguridad y conscientes de su inseguridad, buscan estar un poco más tranquilos y protegidos teniendo un arma en sus casas, sin perjuicio de que ya tengan alarmas, muros electrificados, rejas por todos lados o contraten una empresa de seguridad. Tener un arma aunque más no sea para hacer un disparo al aire cuando hay extraños en su jardín, o alguien intenta violentar las puertas o ventanas de su vivienda o simplemente cuando llegan de noche a su domicilio o a su casa de descanso o veraneo y hay gente “merodeando”. Y lo mismo para los comercios —los más modestos, como nos ilustran diariamente las crónicas— o los que son víctimas de abigeato o los que tienen que combatir plagas.
Por si fuera poco, la norma dispone limitaciones extras para quienes padecen problemas de salud —caso de cardíacos o diabéticos— y que en definitiva son los que están en peores condiciones de defenderse físicamente o con armas blancas.
Con disposiciones como la comentada no se van a frenar los robos (los delincuentes tienen muchas vías para armarse sin depender de las que roban a los ciudadanos), ni van a disminuir los crímenes domésticos o de género, a los que sí habría que dedicarles más atención (los canallas recurren a cualquier instrumento como cuchillos, palos, las manos), o los suicidios.
Entre sus particularidades, el decreto contempla (por no decir privilegia) a quienes están o han estado vinculados a las FFAA y a la Policía, lo que es lógico y atendible, pero además a las “autoridades nacionales”. Desde el presidente de la República hasta los diputados y algunos funcionarios especiales. Esto es, algunos son “más iguales” que otros. Y sin muchas razones a la vista: varios de ellos van con custodia y, además, por las crónicas no parece que haya hechos que lo justifiquen hoy por hoy (los tupamaros ya no actúan más, ahora son gobierno). Los que están desamparados son los ciudadanos comunes: la señora a la que le roban la cartera, el quiosquero, el pequeño comerciante, al que le roban o le copan su casa (en la que vive o donde descansa y toma sus vacaciones). ¿A estos de qué les sirve la reglamentación?
Y con un ítem económico, también muy peligroso: la norma afecta bienes que el ciudadano adquirió o posee, hasta ahora, en el marco de la ley. Muchos los perderán, sin alternativas, y a muchos más las “exigencias” los disuadirán para que se deshagan de sus armas, que serán muy difíciles de vender, ni que hablar, y que entonces deberán entregar al Estado. Sin indemnización alguna.
Hay que entregar —una forma de expropiación— las armas; y a muchos, que no les gustan las armas o que les temen, les parecerá bien. Pero ¡cuidado!, la suerte va por barrios: “primero vinieron a por los judíos…”.
Son armas propias y adquiridas u obtenidas legítimamente, a no olvidarlo; como puede ser un auto, una casa, un campo o una bicicleta. Y mañana ¿qué otros bienes habrá que entregar?
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No es que no sea una buena medida que se establezcan ciertos requisitos cuando se compra un arma. Todo lo contrario, es recomendable y hasta exigible ser instruido y tener determinados conocimientos sobre armas, lo que incluso las hace menos peligrosas y también menos temibles. Está bien y es necesario que el Estado tenga un control y un registro de armas.
El problema es que, en esencia, el decreto reglamentario no tiene tanto que ver con la seguridad o la violencia.
El tema tiene más que ver, por ejemplo, con la igualdad entre los ciudadanos: se establecen varias categorías de ciudadanos (los delincuentes, en cambio, no discriminan y ciertamente castigan y se ocupan más de los menos privilegiados por la norma).
Se trata, antes que nada, de una cuestión de libertades y de derechos.
Primero fue el cigarrillo (tal como se presenta, ni en la casa de uno se podrá fumar, y el alcohol está en la mira), después nos quitaron la sal de la mesa (en cualquier momento vendrá el azúcar, que dicen que es más dañino, y por qué no, la carne, que produce reuma). Además, con la bancarización y las tarjetas, el Estado sabrá cómo gastamos nuestros vintenes (como se ha jactado más de un gobernante).
Todo como que parece bien y es sano.
Pero lo que está en juego es si el ciudadano tiene derecho a decidir. Si es así o si vamos por un camino —cocinándonos a fuego lento— por el que los “autorizados” a usar armas sean también los encargados, cada vez más, de decidir por nosotros y sobre lo que sea.
* (Como miembro del Club Uruguayo de Tiro he firmado la impugnación)
