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Entre el 2000 y 2005 cuatro exintegrantes del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) realizaron aproximadamente 400 compras con sus tarjetas de crédito corporativas, definidas por un informe oficial como “derogaciones ajenas a la función específica” que desempeñaban en el ente. Se trata de Milka Barbato, Daniel Cairo, Pablo García Pintos y Carlos Rodríguez Labruna, pertenecientes al Partido Colorado y el Partido Nacional, que entre esos años ocuparon puestos como presidentes, vicepresidentes y directores del BROU.
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Los detalles de sus consumos con las tarjetas corporativas, a los que accedió Búsqueda, responden a un pedido de informes realizado por legisladores del Frente Amplio sobre el uso de ese método de pago por parte del Directorio del BROU durante el período 2000-2016. Los estados de cuenta incluyen joyerías, bazares, supermercados, farmacias, artículos para el hogar, licorerías y vestimenta, entre otros rubros. El documento, elaborado en octubre y en poder de dirigentes del oficialismo, casi no enumera gastos posteriores al año 2005 pues a partir de ese momento se logró un “control estricto” de las tarjetas corporativas a través de su reglamentación.
En su introducción, el documento afirma que únicamente antes de 2005 hubo en el Directorio del BROU un “uso y abuso de las tarjetas corporativas”, porque justamente en 2005 se generó en el ente “una línea divisoria” en la materia cuando la recién asumida administración frenteamplista reglamentó el empleo de esas tarjetas. “En el primer período (2000-2005), el uso de la tarjeta no es discriminado ni sujeto a regla alguna, no obstante lo cual, algunos de los rubros en los que fue usada son absolutamente rechazables”, sostiene.
Luego enlista las compras más dudosas según director, fecha, montos y concepto, quitando del cálculo los restaurantes, pues ese tipo de gastos “se podrían incluir entre los correspondientes a los que se destinan las tarjetas corporativas”. Sí incluye los adelantos que periódicamente (“en algún caso dos o tres veces al mes”) efectuaban algunos directores a cuenta de la tarjeta corporativa: se trata de gastos “de difícil interpretación”.
El resto de las compras que integran la lista, de acuerdo con el informe, están referidas “a erogaciones ajenas a la función específica de los directores”, como por ejemplo joyerías, galerías, bazares, supermercados, farmacias, artículos para el hogar, cuchillerías, licorerías, colchonerías, decoración, empresas de fotografía, ópticas, viveros, mallas de baño, videos, combustible, artículos de free shop y confiterías.
Quien más consumió es García Pintos, director del BROU como miembro del Partido Nacional: 181 veces por US$ 12.029, entre otras una de marzo de 2000 durante una estadía en México, “donde se anota una inusual compra con la tarjeta institucional en ‘Tejidos Zapotecos’”. Lo sigue el también nacionalista y entonces director Rodríguez Labruna, con 134 compras por U$S 6.259, incluida una de abril de 2001 en la Farmacia Perfumania de Panamá.
En cuanto a los jerarcas colorados, quien más gastó fue Cairo, que ocupó en el BROU los puestos de presidente y vicepresidente. Hizo 35 compras por US$ 1.997, tres de ellas en joyerías. Por último a Barbato, como vicepresidenta, se le suman nueve consumos por US$ 785, destacándose en mayo del 2000 “una compra cuantiosa en Bazar Diez”.
El informe contabiliza en total casi 400 transacciones por más de US$ 21.000 “que no se corresponden con los gastos para los que se prevé” la utilización de las tarjetas institucionales del BROU. Más allá de estas cifras, legisladores del Frente Amplio manejan otras que incorporan compras aún mayores. En el caso de Cairo y Barbato, por ejemplo, tienen estados de cuenta sobre el empleo de tarjetas corporativas en locales de catering y eventos.
El uso ponderado.
Para explicar por qué existen tantas diferencias entre los gastos corporativos del 2000 al 2005 y los de los años siguientes, el informe menciona el éxito que tuvo el BROU con la reglamentación de las tarjetas de crédito institucionales, autorizadas exclusivamente para los cinco miembros del Directorio, el gerente general y el secretario general.
Esa regulación se hizo en noviembre de 2005 bajo la presidencia de Fernando Calloia y permitió “transparencia en los gastos” gracias a un “uso ponderado de la tarjeta corporativa y la justificación de los gastos erogados con la misma”. Al aplicarla el BROU argumentó que las tarjetas son una herramienta útil para afrontar gastos que, por sus características, no permiten un trámite previo de autorización y afectación.
Al día de hoy, sin embargo, regulaciones como la del BROU solo fueron instrumentadas en 15 de los 37 organismos públicos que entregan tarjetas corporativas, sostiene el informe. En total son 134 los funcionarios del Estado que tienen en sus manos ese método de pago.
Luego de la renuncia de Raúl Sendic como vicepresidente, el Poder Ejecutivo emitió un decreto por el cual todos los jerarcas de la Administración Central deben rendir cuentas de los viáticos destinados a misiones oficiales. En relación con el uso de las tarjetas corporativas, el presidente Tabaré Vázquez señaló en ese momento que son los entes autónomos los que tienen que reglamentar en función de su autonomía.
